A propósito de la carta de desagravio. Manuel Pardo de Donlebún

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Yo también soy un militar retirado. Y si no me sorprende la carta que, ya van más de 600, altos mandos militares retirados han firmado en pretendido desagravio a la figura “militar” del general Franco es porque, desgraciadamente, he tenido que vivir el ambiente irrespirable de los cuartos de banderas y de las cámaras de oficiales durante mucho tiempo.

Sin entrar en más disquisiciones, quiero plantear únicamente dos cuestiones:

  • El General Franco se levantó en armas contra el gobierno legítimo de la República, provocando una guerra de exterminio que no hubiera podido ganar si no hubiese sido por el aporte de las tropas coloniales y sus métodos y por el apoyo decidido de las dos potencias fascistas del momento, Alemania e Italia.
  • Tanto en su ofensiva militar como tras su traicionera victoria, ordenó la ejecución de los más terribles crímenes de guerra y de lesa humanidad, en especial contra la población civil que, entre otras cosas, han puesto a España en el oprobioso segundo lugar entre los países del mundo en número de desaparecidos, tras Camboya.

Me llena de vergüenza que profesionales de las Fuerzas Armadas defiendan esta memoria, pretendiendo que tuvo una brillante carrera y una conducta ejemplar como militar. El principal deber de un militar es ser leal a su pueblo y defender su soberanía hasta la muerte; y su conducta debe estar siempre guiada por el respeto a las leyes de la guerra y al derecho a la vida de los no combatientes, o se convierte en un vulgar criminal amparado por su posición de fuerza incuestionable.

Las 600 firmas no hacen otra cosa que poner en evidencia, ante todo el pueblo español, lo que solo para los que hemos vivido la vida militar resulta patente y que los poderes públicos se han venido esmerando por negar desde la muerte del dictador: la mentalidad fascista pervive con fuerza entre los mandos militares.

El pueblo español tiene un grave problema con sus mandos militares, pese a todos los esfuerzos por blanquear su imagen a base de implicarles en el juego de las criminales intervenciones militares imperialistas desatadas por la potencia hegemónica y que se publicitan como de mantenimiento de la paz.

Los sucesivos gobiernos españoles y la práctica totalidad de las fuerzas parlamentarias han sido corresponsables del mantenimiento de esta situación, implicando a sus Fuerzas Armadas en la supuesta “defensa colectiva” contra enemigos de la Patria inexistentes o definidos desde fuera. La mentalidad supremacista y antipopular implícitas en el fascismo de sus mandos militares es funcional a este objetivo.

Todo ello, en lugar de prepararse para defender nuestra propia soberanía de su inevitable acoso en el caso hipotético de unas políticas realmente soberanas, como vienen demostrando, una y otra vez, los casos de Yugoslavia, Afganistán, Irak o Libia, todas ellas arrasadas por la OTAN o algunos de sus socios.

Hablan de la obsesión de la izquierda por desacreditar la figura “militar” de Franco… será porque ellos dicen ser ni de derechas ni de izquierdas, solo militares patriotas. Yo les digo que son patriotas los que defienden de veras la soberanía, la independencia y la liberación de sus compatriotas de la tiranía difusa de los poderosos, no los que se alzan en armas en nombre de la entelequia “patria” por ellos construida, ni los que colaboran en la destrucción de países que nada han hecho contra nosotros.

10 de agosto de 2018.

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DATOS | Las mentiras sobre la inmigración en las que aún crees. Ana Isabel Cordobés

inmigracion

Con la llegada de migrantes a las costas españolas ha crecido el discurso de rechazo hacia personas llegadas de otros países. Junto a ello, un movimiento político, encabezado por los partidos de derechas PP y C’s se han unido y han pedido mayores controles en las fronteras. El imaginario colectivo sobre la inmigración deja algunas ideas preconcebidas que, con el paso de los años, se mantienen pero que tras un vistazo a los datos se comprueba que son premisas falsas.

En cuartopoder.es hemos reunido algunas de estas ideas partiendo de la última encuesta sobre las actitudes hacia la inmigración, publicada por el CIS en el año 2016 y que recoge parte del sentir de los ciudadanos españoles sobre la situación de los migrantes.

El 25% de los votantes del PP encuestados para el CIS consideraba que el principal problema que generan los inmigrantes es el aumento de problemas de delincuencia e inseguridad ciudadanas. Pero un vistazo rápido a los datos desmiente esta premisa que es también compartida por los votantes de Ciudadanos (23,8%), o PNV (33%). Una apreciación que ha crecido en los últimos años, ya que según el barómetro elaborado por el International Social Survey Programme, el 50,3% de los españoles se posiciona de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación “los inmigrantes hacen que aumente el índice de criminalidad”.

Algo que desmienten los datos de criminalidad y delincuencia publicados por el INE. Entre los años 2000 y 2014, la población migrante supuso casi un 10% del total. Y no, los datos de criminalidad no reflejaron durante esos años un aumento en el nivel de delincuencia, sino que disminuyó.

España es el segundo país que percibe cifras de inmigración más alejadas de la realidad

No se sabe si las campañas que alertan sobre la llegada de inmigrantes o el uso de términos como “avalanchas” influye en el imaginario de los españoles, pero España es el segundo país con la percepción más distorsionada en cuanto a cifras de inmigración se refiere. Cuesitonados en el Eurobarómetro, los españoles percibieron un nivel de inmigración en el país del 23,2%. La cifra real de inmigración en España es del 8,5 tras una caída producida en los últimos años.

Supone una diferencia de 14,7 puntos porcentuales entre la cifra real y la percepción. Solo le supera Italia, donde hay una diferencia de 17,9 puntos porcentuales entre la percepción del nivel de inmigración en el país, que se sitúa en este Eurobarómetro en 24,6% de población migrante y la cifra real: un 6,7%.

Puedes seguir leyendo el resto de la entrada en el siguiente enlace.

https://www.cuartopoder.es/espana/2018/08/13/ideas-equivocadas-sobre-la-inmigracion-desmontadas-con-datos/

Operación reciclaje-maquillaje de la monarquía. Javier Delgado

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Lo que más me irrita del ya viejo y prolongado escándalo que sacude a nuestra Casa Real es que piensen que somos imbéciles. Que nos traten como niños a los que se debe mantener apartados del fuego, de los enchufes, de los chuches ofrecidos por extraños y, en general, de cualquier peligro que amenace nuestras infantiles testas.
El episodio más reciente de la pestilencia borbónica que se ha apropiado del Estado, entre otras instituciones, y que hemos consentido, por omisión, sobre todo, a lo largo y ancho de otros 40 años de paz, apunta en la dirección de mantenernos, pobres súbditos incapacitados para el mínimo análisis, a salvo de aquellos aspectos de la vida que, por su crudeza, debemos dejar en manos de los adultos. Me refiero a la comparecencia, a petición propia, del aún director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el general Sanz Roldán, ante la Comisión de Secretos Oficiales, para ofrecer todo tipo de explicaciones acerca del contenido de las grabaciones que el comisario Villarejo (que, a este paso, va camino de convertirse en el comisario de policía más popular de España, con permiso de Pepe Carvalho) “arrancó” a la “entrañable amiga” del emérito, la princesa Corinna, donde la rubia platino reveló una cascada de irregularidades que afectarían de lleno al padre del Rey Preparado.
Concluida la comparecencia, llega la sorpresa. PSOE y PP dan por válidas tales explicaciones, que podríamos imaginar de la siguiente guisa: todas las escuchas y los servicios de espionaje han estado siempre sometidos a la ley; no hemos hecho otra cosa que cumplir con nuestro deber –esto es, mantener a raya el hedor a corrupción de los que nos hemos servido del Estado y, como alquimistas profesionales, transformarlo en jabón que lava más blanco y producir pastillas de campechanía, modernidad, amistades entrañables y entrañables fotografías de veranos en Marivent–; jamás hemos investigado a Juan Carlos I porque, para dicha misión, sería necesario contar con el mandato de un juez, que estamos en democracia –dedocracia–, y no ha sucedido tal cosa; y que todo es un montaje de ese policía, una suerte de guion, sin más propósito que el chantaje. Aquí, otros 40 años de paz y, en el cielo, gloria. “Operación reciclaje-maquillaje de la Monarquía” concluida con éxito. ¿Qué más queremos?
Pues sí, señores, queremos más. Cada vez somos más los que queremos saber más. Los que no nos conformamos con que se nos repita, desde púlpitos políticos y mediáticos, que “no estamos preparados para asumir una República”. ¿Sí lo hemos estado, por ende, para asumir cómo instituciones caducas, medievales, anacrónicas, se anclaban al Estado, como rémoras, y lo vampirizaban poco a poco? Se ha registrado la Comisión de Investigación propuesta por la coalición que ha permitido a Sánchez estar donde está, y que exige que se investiguen los “presuntos” delitos fiscales cometidos por el emérito. Acabamos de conocer la noticia de que dicha investigación ya ha dado sus primeros pasos por parte de la Fiscalía Anticorrupción. Al parecer, la inviolabilidad del rey es de aplicación a su mandato, pero no una vez abdicado, por muy aforado que esté ante el Tribunal Supremo. Esta particularidad no impediría atribuirle un delito de blanqueo de capitales si se demostraran las acusaciones vertidas por Corinna. En suma, hay esperanza jurídica.

Pero, señores, no nos conformamos con esto, y queremos más, porque no se trata de una cuestión que se agote en los juzgados. El desafío es mucho mayor. Se ha publicado que un 52% de la población española aprobaría la convocatoria de un referéndum sobre el modelo de Jefatura de Estado que se desea, y un 37 % declara estar a favor de la abolición.

De todas las monarquías que persisten en Europa, la nuestra es la peor valorada. Por lo tanto, existe una mayoría que no se conforma con asumir la pestilencia borbónica, azote de siglos, y que ya ha empezado a movilizarse en las calles. A los que argumenten que todo esto no es más que una cortina de humo; que un Jefe de Estado republicano acabaría por cometer los mismos delitos que ahora se le atribuyen al Borbón I; que los asuntos más importantes, los que de verdad preocupan a la ciudadanía, como el paro, la degradación de la educación y la sanidad públicas, la precariedad laboral, la falta de medios para los dependientes y esa larga cadena de lacras que hemos visto crecer y engordar durante los interminables años del Rajoniato, siguen en el mismo sitio en que los encontró Sánchez, cabría recordarles que los hechos, aunque parezcan aislados y desconectados entre sí, en realidad, están entrelazados. Muchos de los más perjudicados por la crisis no lo hubieran pasado tan mal si parte de las subvenciones a las que se debe un Estado de Bienestar, y a las que tienen derecho, no hubiera ido a parar a los bolsillos de empresarios, banqueros y políticos con nombres y apellidos, o no se hubiera utilizado para sufragar las cuentas opacas de una institución tan desacreditada, por méritos propios, como la Monarquía.

Más que caliente, el tejado de zinc por donde camina el PSOE está ardiendo. ¿Qué harán esta vez? ¿Torpedear el avance de la Comisión de Investigación y actuar, de nuevo, de alcahuetes de un sistema, coronado por la mencionada institución rancia, que clama por una regeneración urgente y masiva? ¿O se volverán hacia sus aliados, que, en definitiva, también representan a una gran parte de la sociedad española que ansía un cambio de rumbo definitivo, una suelta de amarras con el Franquismo y su posterior herencia del 78? Difícil papeleta de la que se puede salir trasquilado, pero habrá que correr el riesgo. ¿O no?

https://www.infolibre.es/noticias/club_infolibre/librepensadores/2018/08/09/operacion_reciclaje_maquillaje_monarquia_85650_1043.html

JUAN ALBERTO BELLOCH, Y EL SOCIALISMO, POR JULIÁN MOLINA ILLÁN


En Espejo Público, un programa de televisión matutino, bastante reaccionario, por cierto, ha participado como contertulio Juan Alberto Belloch. Estaban hablando del tema de la huelga de los taxistas en su lucha por defender su modo de vida, y he aquí que Juan Alberto se ha desmarcado con unas declaraciones ultraderechistas según las cuáles los trabajadores tienen demasiados derechos, y hay que recortarlos. Así, según Belloch, el derecho de huelga es algo excesivo que perjudica a la ciudadanía, hombres y mujeres de España, auténticas víctimas del conflicto.

Abogaba Juan Alberto por que un gobierno fuerte acometiera el reto de dejar el derecho de huelga en la inexistencia práctica, más aún de lo que ya está debido a los servicios mínimos abusivos que la actual ley permite que se apliquen, la connivencia con el empresario que presiona de forma directa o indirecta a los huelguistas, y la persecución implacable y la criminalización de los piquetes informativos. El resultado ha sido satisfactorio: las huelgas, a día de hoy, no son seguidas por mucho más del 20% de los trabajadores. Para un ser como Juan Alberto Belloch el 20% es mucho. Los seguimientos deben ser nulos, para ser aceptables.

Espantado por lo que oía, he buscado rápidamente en internet alguna referencia que justificara esas declaraciones, no sé, un tumor cerebral o algo parecido… Y efectivamente, lo he encontrado. Juan Alberto se dio de baja en el Psoe en 2015 cuando se le acabó su chupe de alcalde de Zaragoza. O lo que es lo mismo, éstas no son las palabras de un socialista. Pero, ¿ha sido Juan Alberto Belloch socialista alguna vez? Sin duda alguna, no. Lo sé porque es imposible ser otra cosa que socialista cuando se es socialista. Se lleva en la sangre. Otra cosa muy diferente es ser del Psoe, y, tal vez, no ser socialista. Esto ocurre muy a menudo, es muy grave, y debe preocuparnos absolutamente. En el Psoe aceptamos a todo el mundo, y esto tiene que cambiar.

Sabemos que en España hay muchos sinvergüenzas, embusteros, aprovechados, caraduras… corruptos, al fin y al cabo, que en este partido no deben tener cabida. Más allá de echarlos cuando se les descubra (lo cual, por cierto, no se hace, sino que se les echa cuando de alguna manera los echa la justicia…), tal vez deberíamos plantearnos establecer una serie de filtros para evitar que las muchas clases de impresentables que pueden rondarnos en un momento dado, aniden en este partido. Lo que propongo es hacer el partido poco cómodo a los sinvergüenzas estableciendo unos mecanismos de selección relativamente severos.

El primero, es el ideológico. Debemos definir en nuestros estatutos con claridad meridiana qué es el socialismo moderno, quiénes somos, y qué queremos para este país. Cualquiera que pretenda pertenecer a este partido debe acatar estos principios, hacerlos suyos, y actuar en consecuencia.

El segundo filtro tiene que ver con el acceso. Hubo un tiempo en que en el PSRM se necesitaban dos padrinos para poder acceder a la militancia. Dos personas que garantizan que el o la solicitante tenía una trayectoria vital y social compatible con el proyecto que este partido tiene para España. De esta manera, si una persona manifiesta un comportamiento, o hace unas declaraciones que no están en la línea del socialismo, serán los avalistas los primeros que tendrán que dar explicaciones de lo que esté pasando, compartiendo la misma sanción que la militancia afectada.

El tercer filtro es la Comisión de Garantías. A día de hoy es una institución que existe, pero que no se usa. Nos da miedo. Nos impone el respeto de la catástrofe y el escándalo. Pues bien, debemos acostumbrarnos a que la Comisión de Garantías actúe conforme a nuestros estatutos estableciendo sanciones de pérdida de militancia temporal en función de la falta cometida. Debemos atrevernos a aumentar la dosis de disciplina interna, y aplicarla sin discriminación de ninguna clase, empezando por nuestro Secretario General.

El cuarto filtro debe ser la limitación temporal en la ostentación de cargos remunerados, lo que se conoce como liberación política. Con 20 años de cobrar un sueldo de la política, es suficiente. La gente tiene que entender que en el Psoe se puede estar una temporada, incluso una temporada larga, ejerciendo la política de manera remunerada, pero que al final tienes que dejarlo, por lo que es imperativo tener un trabajo al que volver ¡Fuera del Psoe los profesionales de la política!

El quinto filtro debe consistir en que nuestros políticos deben ser propuestos por el partido por mérito y capacidad para integrar una lista electoral, pero debe ser la militancia la que decida, con sus votos, el orden en el que aparecerán las distintas personas en la lista. Así se evitarían los cambalaches.

La sexta medida es la prohibición de la acumulación de cargos, que haga muy difícil el uso del poder para perpetuarse en el mismo, de lo que se deriva la necesidad de establecer dos equipos de trabajo: uno orgánico, encabezado por el o la Secretaria General, y otro político, constituido por nuestros compañeros y compañeras electos para distintos cargos públicos. Cualquier cargo remunerado iría sumando hasta los 20 años antes nombrados. La séptima medida es el sueldo. Entre un mínimo y un máximo razonables, a la política no se puede ni se debe ir a ganar dinero. Ningún político debe vivir, como político, mejor de lo que vivía en su puesto de trabajo original, o el riesgo de “eternización”, “chaqueterismo” y “deslealtad” estará servido.

Lo justo es cobrar lo mismo que en el puesto de trabajo original, insisto, entre un mínimo y un máximo. El resto, al partido o a beneficencia. El octavo y más controvertido filtro, sería el de pasar una encuesta vital a toda persona vaya a ostentar un cargo político u orgánico de relevancia. Esta encuesta incluiría aspectos psicotécnicos y de personalidad. Sé que es complicado y no es una panacea, pero los bomberos los pasan, los policías también, y no por ello se mueren.

Se trata de hacer todo lo posible para los que quieren ingresar en el Psoe para medrar, no entren, y si entran, que duren poco tiempo. Tal vez así nos ahorraríamos tener que escuchar las bochornosas declaraciones de un exaltísimo cargo del Psoe diciendo que los trabajadores tienen muchos derechos, y hay que recortarlos. El daño que eso nos hace no se puede medir ¿No hubiera sido mejor haberlo rechazado desde un principio?

Diario16

LA PROFANACIÓN DE LA DEMOCRACIA, POR JOSÉ ANTONIO MARTIN PALLIN*

 

Fascistas con banderas anticonstitucionales manifestándose en el Valle de los Caídos contra la exhumación del dictador

Entre la algarabía de las variopintas reacciones suscitadas por la coherente decisión de eliminar símbolos de una dictadura que perduran en el seno de una sociedad democrática, se han incrustado versiones de nuestro reciente pasado que nada tienen que ver con la realidad investigada por los historiadores  y por la propia documentación generada por los golpistas. Franco no dudó en manifestar a un periodista norteamericano que si había que eliminar a media España se haría. Los Bandos de Guerra reflejan de forma indeleble la orden de pasar por las armas sin necesidad de formación de juicio a los integrantes de los partidos políticos que configuraron el llamado Frente Popular. Para los defensores de la teoría evolucionista de la Dictadura, solamente recordarles que Franco se despidió de este mundo, meses antes de su muerte,  con cinco ejecuciones acordadas en procesos de guerra sumarios, idénticos a los que se produjeron durante la Guerra civil y en la larga dictadura.

Entre los diversos argumentos esgrimidos para justificar la intangibilidad del Mausoleo del Valle de los Caídos, quizá uno de los más llamativos sea el esgrimido por la familia Franco, seguramente aconsejada por alguna lumbrera jurídica, defendiendo públicamente que trasladar sus restos, sin su consentimiento, sería una profanación de cadáveres, castigada en el Código Penal. Es evidente que la Democracia, a la que tanto odiaba el Dictador, se caracteriza por dar cabida a todo género de opiniones por muy disparatadas que sean.  Si conservan un mínimo apego por su antecesor, deben estar dispuestos a recibir sus restos donde ellos consideren más oportuno. Parece que últimamente les han aconsejado abrazarse a la Santa Madre Iglesia y refugiarse en la sacralidad del recinto.

La palabra profanación tiene un origen incuestionablemente religioso. Se traslada al Código Penal al considerar que puede haber un ánimo deliberado de faltar al respeto debido a los difuntos. Como toda palabra tiene raíces etimológicas y significados sinónimos. Los diccionarios la equiparan a deshonrar, manchar  o mancillar a personas o ideas. Los que sostengan, desde el punto de vista personal o colectivo, que la exhumación es ilegal, están profanando la democracia.  

Dejando aparte el disparate jurídico que supone sostener la existencia de un delito, los que se alzan contra la apertura de la fosa exhiben, no sin una razonable preocupación, una carga política con unas profundas raíces en la ideología dictatorial del pasado.

Resultaría grotesco, si no fuera deprimente, que un Estado democrático soberano no pueda disponer sobre el destino, gestión y uso de bienes que pertenecen al Patrimonio Nacional como, el Valle de los Caídos. Los argumentos sedicentemente legales, derivados de un acuerdo jurídico preconstitucional, con la Santa Sede que mantiene, en parte,  fragmentos del Concordato (1953), muy parecido al  firmado con países, como la Alemania de Hitler o la Italia de Mussolini.  La supremacía de los derechos eclesiásticos sobre la Basílica y el Cementerio me parece absolutamente incoherente si comprobamos que  los Acuerdos Jurídicos,  reconocen al Estado la facultad de expropiación de bienes eclesiásticos con la simple audiencia de  la autoridad eclesiástica. La paradoja alcanza tintes surrealistas si, como se ha dicho, la decisión última la tiene  el prior de un monasterio francés, al que nadie ha cedido, que sepamos, una parte de la soberanía nacional.

Esta interpretación, al parecer dominante, nos llevaría a sostener con igual falta de rigor, que el Gobierno no tendría facultad para disponer la ordenación o cambio, de los restos que yacen en el Panteón de la Basílica del Monasterio del Escorial, cuya administración eclesiástica corresponde a la orden de los Agustinos. Creo que los últimos traslados de restos al Panteón Real, fueron los de Alfonso XIII y  Juan de Borbón y no encuentro por ningún lado el consentimiento de la Orden de los Agustinos. Dejemos que el derecho canónico regule los intrincados laberintos de las relaciones de la Iglesia con sus fieles y demos al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.

El ordenamiento jurídico democrático, encomienda la gestión y administración de los bienes del Patrimonio Nacional al ministro de la Presidencia del Gobierno, que  es, en definitiva, el que tiene la última palabra para tomar una decisión. El Presidente del Gobierno en su reciente comparecencia ante los medios, ha reiterado su promesa de sacar los restos del Dictador de la Basílica del Valle de los Caídos, añadiendo, como es obvio, que con todas las garantías. Me gustaría que el propio Gobierno o sus servicios jurídicos,  hiciesen públicos cuáles son los obstáculos legales para tomar una decisión.  No me parece mal buscar un diálogo y un consenso, pero, en última instancia, la decisión corresponde al Gobierno soberano respaldado, en este caso, por la totalidad del Parlamento. El ala derecha lo único que ha dicho es que existen otras prioridades, pero no que se oponga al  traslado de los restos

Al margen de los entresijos jurídicos lo más preocupante es la comprobación de la fuerza que tienen los movimientos de rancio sabor fascista, – purificadores de una dictadura sanguinaria y cruel-, que impregna demasiados sectores importantes de la vida pública. El Partido Popular en su reciente Congreso se ha alineado,  en política migratoria, con las tendencias que emergen en partidos xenófobos que están proliferando en la Europa democrática. Por si faltaba algo, un grupo de 181 militares, de toda la graduación  y de todas las armas del Ejército, han alzado su voz para pedir respeto por el soldado Francisco Franco ensalzando, por lo menos de manera indirecta, un golpe militar que, desde sus comienzos, como he dicho al principio, tenía entre sus objetivos el de eliminar a más de media España.

Mientras los restos del Dictador no salga de ese recinto, construido exclusivamente para la exaltación de un golpe militar contra la democracia,  es posible que podamos subsistir  haciendo políticas de diverso signo, según la ideología del partido  o partidos gobernantes. Pero la losa que cubre su tumba, pesará de forma insoportable, sobre la dignidad y los valores de nuestro sistema democrático.

La democracia no puede convivir  con signos que son radicalmente incompatibles con sus valores. ¿Podemos imaginarnos un debate semejante en Alemania o Italia?  Creo que no podemos permitirnos, por la propia dignidad y los valores consagrados en nuestra Constitución, que la democracia siga siendo profanada por la existencia insoportable y contradictoria del símbolo máximo de una dictadura represora que odiaba cualquier vestigio de vida democrática. Que no tema el Presidente del Gobierno, le ampara la potencia legitimadora del texto constitucional y las leyes. No creo que ningún juez o jueza, pueda paralizar el  traslado de los restos, invocando reglamentos o leyes de inferior rango, y no quiero ni imaginarme que consideren que la decisión tiene carácter delictivo o nulo, profanando, con estas decisiones,  los principios rectores del sistema democrático.

Aunque hayamos dejado transcurrir más de cuarenta años, desde la muerte y sepultura del Dictador, ha llegado el momento de erradicar cualquier vestigio de la Dictadura, recuperando la normalidad democrática entre nosotros mismos y ante los socios de la Unión Europea que nació, como se dice en sus textos, inspirándose en la herencia cultural, religiosa y humanista de Europa, a partir de la cual se han desarrollado los valores universales de los derechos inviolables e inalienables de la persona humana, la democracia, la igualdad, la libertad y el Estado de Derecho.

*Magistrado Emérito del Tribunal Supremo. Comisionado español de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra). Abogado de Lifeabogados.

Público

SOBRE EL TAXI, POR JAIME HIDALGO

No se puede viajar en el tiempo ni impedir el progreso de las formas productivas y, es más que evidente, nada es eterno ni inmutable.

Los taxistas bloquean el paseo de la Castellana en Madrid durante la huelga

Quienes hoy denuncian  una  competencia desleal son los que se han favorecido, durante años, de no tener ninguna competencia. Siendo el taxi un servicio público está  en manos privadas, lo que ha conllevado  el sistema de licencias, originando un mercado sometido a una especulación idéntica a la burbuja inmobiliaria. Llegando a venderse las licencias por 300.000 €, dando lugar a una estafa con la liberación del 2009. Lo propio es que las licencias se hubieran concedido a un precio fijo y que, con la jubilación de los titulares, volviera a una nueva adjudicación.

Por el contrario, el efecto producido por el precio de las licencias llevó a que los taxistas incrementaran las jornadas  para poder hacer frente al cumplimiento de los créditos que se vieron obligados a contraer. Lo que, a la vez, obligó a los ayuntamientos a que elevaran las tarifas, teniendo el efecto contrario: reducción del uso del taxi y más horas para el taxista, para equilibrar la balanza de ingresos.

En tanto, la competencia, que es la que regula los precios del mercado, hace acto de presencia  dando un servicio más completo. Claro está, que estos servicios pueden ofrecerlos gracias a la explotación laboral a la que se ven sometidos los  contratados por esas empresas, igual que el gremio del taxi. La aparición de dicha competencia es consecuencia de que el sector produce beneficios y, por lo tanto, las empresas más fuertes tratan de eliminar a las más débiles; es decir: autoempleados y asalariados. Para alcanzar esos objetivos utilizan al asalariado para enfrentarse y defender los intereses de la patronal en la calle.

En definitiva los asalariados y auto empleados seguirán en las mismas condiciones; es decir: trabajando 16 horas diarias en el mejor de los casos. De lo que se desprende que todos los asalariados, DE UNA EMPRESA Y DE OTRA, tienen que unirse para combatir al sector empresarial del gremio. Como siempre, son los intereses de clase los que hay que defender frente al enemigo del proletariado: los propietarios de los medios de producción.

Sobre el taxi, por Jaime Hidalgo

ESE ‘NO SE QUÉ’ DEL FRANQUISMO, POR JOSÉ LUIS TRASOBARES

Si Franco está tan presente en el debate político actual es simplemente porque España carece de una memoria histórica correcta y homologada. Vamos, como la que tienen nuestros vecinos del resto de Europa. Claro que allí (o sea, en nuestro entorno) el fascismo perdió la guerra; aquí la ganó, y esa circunstancia no fue revisada y resuelta por la Transición. En ese momento la correlación de fuerzas era la que era, y se optó por un arreglo de circunstancias, suponiendo que la democracia, por sí misma, iría normalizando la situación en los términos de uso común: condena de la dictadura franquista, reparación a sus víctimas y (en lo referido al relato y a la doctrina jurídica) asunción plena de que la razón política estuvo del lado de la República y luego de la oposición clandestina al temible régimen impuesto por el Caudillo. Pero no fue así. Y ahí seguimos, con Franco a cuestas. ¡Por favor!

Seguimos con ese lastre, digo, porque el peso muerto existe y se hace notar a cada momento. Cuando la Fundación Francisco Franco no solo existe, es de interés público y recibe subvenciones del erario, sino que les gana juicios a las instituciones democráticas en nombre de la dictadura. Cuando retirar el homenaje institucional a los personajes de aquel régimen en mausoleos y monumentos se convierte en todo un problemón. Cuando militares retirados (y no pocos) suscriben declaraciones de apoyo e identificación con cuarenta años de oprobio y feroz autoritarismo. Cuando los foros conservadores enconan su resistencia a cualquier medida destinada a darles un mínimo de justicia y reconocimiento a los cientos de miles de víctimas. Cuando los descendientes del tirano, ennoblecidos, disfrutan de lo que este robó impunemente.

Así ha sido como hemos acabado liados todos con ese no se qué que tiene el franquismo, esa patología que desacredita a España y genera (¡como no!) dudas respecto de la calidad de su democracia.

Acalorados, andamos de los nervios con el Generalísimo, los taxistas, Cataluña, los indeseables de La manada… y la encuesta del CIS.

El Periódico