La verdad a medias de la monarquía parlamentaria. Javier Pérez Royo

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“La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”, dice lapidariamente el artículo 1.3 de la Constitución. No debería, en consecuencia, poderse poner en cuestión que es así.

Y sin embargo, nos enteramos, por ejemplo, en información de eldiario.es publicada el pasado miércoles, que la amante del Rey Juan Carlos, Corinna, acompañada del embajador de España en Arabia Saudí, se había reunido con uno de los príncipes de la Casa Real de aquel país, en representación del Rey de España, para entablar negociaciones de naturaleza económica, en las que no queda claro dónde empiezan y acaban los intereses del Rey y los intereses del país.

Esto no es que sea imposible, sino que es inimaginable en una Monarquía Parlamentaria. Una reunión del amante de la Reina de Inglaterra o de la amante del Rey de Bélgica, acompañados del embajador correspondiente, con un príncipe saudí para hablar de negocios en representación de cualquiera de ambos monarcas, no es posible ni en una obra de ficción, porque carecería de la verosimilitud mínima para que pudiera ser efectiva.

La relevancia de la información publicada en eldiario.es, así como las informaciones que van apareciendo en este y otros medios de comunicación sobre las andanzas del Rey Juan Carlos I y Corinna, no es tanto de naturaleza penal como constitucional. Se podrá discutir si las conductas que figuran reflejadas en esas informaciones son constitutivas o no de delito y, si en el caso de que lo fueran, estarían o no protegidas por el principio de inviolabilidad del monarca, pero lo que no se puede discutir es que constitucionalmente son inaceptables, que son incompatibles con el artículo 1.3 de la Constitución.

Las conductas de las que estas publicaciones nos informan, que se refieren temporalmente a los últimos años de la ejecutoria del Rey Juan Carlos I, pero que nadie duda de que son conductas que se han venido sucediendo a lo largo de toda ella, se aproximan a la conducta de su abuelo Alfonso XIII y, en cierta medida, a la de su tatarabuela Isabel II. Son episodios propios de una Monarquía Constitucional, pero predemocrática, y no de una Monarquía parlamentaria.

Obviamente estos episodios no han sido la norma de la conducta del Rey Juan Carlos I. La Monarquía definida como “parlamentaria” en la Constitución de 1978, no es la Monarquía definida como “española” en las Constituciones de 1845 y 1876. Con la Constitución de 1978 la Monarquía ha convivido con el principio de legitimación democrática formulado en el artículo 1.2 CE. Y con un principio de legitimación democrática que ha operado como principio dominante en el sistema político. Desde esta perspectiva, la diferencia entre la Monarquía “parlamentaria” del 78 y la Monarquía “española” del 45 y del 76 es una diferencia real, no cosmética.

Por eso hablo de “verdad a medias”. En mi opinión, no cabe duda de que los elementos propios de la Monarquía parlamentaria han estado presentes durante el reinado del Rey Juan Carlos I. No cabe duda de que han estado, además, de manera dominante. Pero no de manera exclusiva y excluyente. No se ha producido la negación del principio monárquico como un principio de legitimidad, que es lo que ha ocurrido en todas las Monarquías parlamentarias sin excepción.

El Estado Constitucional democrático es compatible con una magistratura de carácter hereditario en la Jefatura del Estado. No es compatible con un principio de legitimidad monárquico que haga competencia de manera subrepticia al principio de legitimidad democrático. Esto es lo decisivo. La Democracia como forma política no puede tolerar la existencia de algún principio de legitimidad alternativo al principio democrático.

Esto es lo que no ha ocurrido nunca en la historia de España, con la excepción, obviamente, de la Segunda República. Jamás se ha extendido el poder constituyente del pueblo español a la institución monárquica. De una manera inequívoca en la Primera Restauración. Y de una manera “encubierta”, pero también inequívoca en la Segunda.  La Monarquía siempre ha sido previa e indisponible para el poder constituyente del pueblo español. En la Primera Restauración el Título de la Monarquía de la Constitución no se sometió siquiera a la discusión de las Cortes Constituyentes de 1876. En la Segunda no se llegó a tanto, pero el Rey Juan Carlos I, que había jurado lealtad a las Leyes Fundamentales del Régimen del general Franco, no juró nunca lealtad a la Constitución de 1978. No es ella la que me ha traído a mí, sino que soy yo el que la ha traído a ella. Con esta ambigüedad se ha organizado política y jurídicamente la democracia española.

En España tuvimos una Primera Restauración acompañada de una fórmula constitucional liberal, predemocrática, que se podía en cierta medida homologar con lo que ocurría en el constitucionalismo europeo anterior a la Primera Guerra Mundial, pero que no podía serlo después de la Gran Guerra. Su incapacidad para transitar de la Monarquía Constitucional a la Monarquía Parlamentaria la condenó de manera inexorable. De ahí que, aunque la Monarquía no desapareciera hasta 1931, desde 1917 no hizo más que vivir en un estado de agonía. Hemos tenido una Segunda Restauración acompañada de una fórmula constitucional democrática, que se puede homologar con lo que ocurre en el constitucionalismo europeo posterior a la Segunda Guerra Mundial, pero contaminada por restos del pasado, que vienen en parte de la vieja “Monarquía Española” y en parte de las Leyes Fundamentales del Régimen anterior. Los efectos de dicha contaminación han sido tolerables durante los primeros cuarenta años de vigencia de la Constitución, pero ha dejado de serlo.

Sin un referéndum sobre la Monarquía no es posible salir de la situación a la que hemos llegado. Una democracia no puede operar con ambigüedades sobre el principio de legitimidad en el que descansa su sistema político. Las dudas tienen que ser despejadas y solamente hay una forma de hacerlo. Argumentar que, puesto que la Constitución de 1978 fue sometida a referéndum y en ella figuraba la Monarquía definida como parlamentaria, la Monarquía ya se ha sometido a referéndum, es una parte de esa verdad a medias en que nos hemos instalado.

Cuanto más tiempo se tarde en entenderlo, peor.

https://www.eldiario.es/zonacritica/verdad-medias-monarquia-parlamentaria_6_812328769.html

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La podredumbre. Javier Gallego

imagesEs la cloaca rebosando, lo que vemos estos días. Lo llevamos viendo desde que la crisis hizo saltar la tapa de la alcantarilla por los aires y dejó al descubierto la podredumbre que se esconde bajo las lujosas alfombras del régimen. A veces, ni los tapices más gruesos son capaces de ocultar tanta bazofia y se filtran y emergen lenguas viscosas que vemos arrastrarse por el suelo. Es lo que olemos hoy al abrir el periódico: el hedor del Estado. El Estado que apesta.

Las grabaciones de hace 9 años del comisario Villarejo y la entonces fiscal de la Audiencia y hoy responsable de Justicia, son sólo la punta del iceberg de inmundicia sobre el que flotamos. Es lamentable que Delgado se reuniese con un personaje tan infame y llamase “maricón” a su compañero en la judicatura, hoy también en el gobierno, Marlaska (allí estaba también el juez Garzón, por cierto, en su salsa). La ministra debería pedirle perdón públicamente y de paso explicarnos cómo es eso de que vio a fiscales y jueces del Supremo con menores y no hizo nada. Pero no creo que una charla de sobremesa privada de hace una década, sea motivo para dimitir.

Más grave me parece que ahora nos haya mentido como cargo público. Por eso sí tendría que disculparse frente a la ciudadanía. Eso debería exigirle su socio de Gobierno, Podemos, y no la dimisión como ha hecho, Pablo Iglesias, que le hace el caldo gordo al PP. La derecha quiere derribar con artimañas al Gobierno que le desalojó en votación parlamentaria. De cloacas saben un rato, Iglesias debería recordarlo y no pecar de inocente. La extrema pureza puede ser imprudencia cuando tratas con la mafia.

Ellos no son tan puros ni respetan el juego limpio. Ellos no dimiten ni cuando les descubren colocando micrófonos, fabricando informes, filtrando a la prensa y afinando fiscalías, pero ahora piden que rueden cabezas. Nada dicen cuando los curas abusan de menores, pero ahora se escandalizan por una historia sin pruebas de 2009. El PP quiere que hablemos de esto y no del máster que le regalaron a Casado y la protección que le regala la fiscalía. Se agarra a las grabaciones de Villarejo ahora, pero las rechaza cuando señalan al Emérito y a su ex novia. Ésas no molaban.

Entonces salieron todos a taparlo, a taparse: los magistrados cerraron el caso en el juzgado y PP, PSOE y Cs impidieron abrir una comisión en el Congreso. La Corona es la argamasa que les une y les mantiene en pie a pesar de las mil grietas. Pero la podredumbre está tan extendida que el edificio hace aguas por todas partes. Mientras al rey no se le puede juzgar, un juez procesa a Willy Toledo por cagarse en Dios. Otra jueza deniega protección a una mujer y a sus hijos que acaban asesinados por su padre. Esos poderes que velan sólo por lo suyo son incapaces de velar por la vida y las libertades.

Es un sistema caduco, fallido, injusto, cenagoso, en el que los de arriba chapotean en la charca mientras los de abajo se ahogan. No son sólo las cloacas del Estado, es el Estado el que está hundido en las cloacas.

https://www.eldiario.es/carnecruda/lo-llevamos-crudo/podredumbre_6_818628171.html

Sucedió en Toledo. Víctor Arrogante

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En la historia de España, Toledo es una referencia milenaria. En esta ciudad imperial de Carlos I de España y V de Alemania convivieron las tres culturas. Pero no es ésta la historia a la que hoy quiero referirme. Tampoco al asedio al que fue sometido su Alcázar durante la guerra civil, provocada por el golpe de Estado fascista; aunque algo tuvo que ver con los sucesos de aquel 28 de septiembre de 1936.

Cada año, vengo rindiendo homenaje a este luctuoso y trágico acontecimiento, No he tenido confirmación documental, hasta que me la facilitó la organización Víctimas de la dictadura de Castilla-La Mancha: Antonia Arrogante Carretero (de profesión sus labores) era natural de Cebolla y murió por asesinato el día 28/9/36. Lugar de muerte: Toledo – TO-227o. Ocurrió al día siguiente en el que Franco “liberó” a los sublevados encerrados en el Alcázar, ciegos de odio y de venganza.

Antonia Arrogante Carretero, está enterrada en una fosa común en el cementerio de Toledo, mientras el golpista Moscardó, junto con el no menos Milans del Bosch, continúan en el Alcázar. Hace unos días el PSOE y el Partido Popular se unieron en el Parlamento castellano-manchego para votar en contra de calificar la proposición no de ley planteada desde Podemos instando a la exhumación de los golpistas, impidiendo así su tramitación parlamentaria. El PSOE, continúa con sus contradicciones, en este caso con la política del Gobierno de Pedro Sánchez. “No entendemos ni comprendemos cómo el PSOE vuelve a pactar con el PP para no dar cumplimiento a la ley de Memoria Histórica en la región”, señalaba María Díaz, que calificaba el asunto como “una cuestión de humanidad, de cumplimiento de la ley y de derechos humanos”.

Toledo, la Ciudad Imperial, sede principal de la Corte de Carlos I. Toledo, la Ciudad de las Tres Culturas y de la tolerancia, por haber sabido convivir en armonía y durante varios siglos, cristianos, judíos y musulmanes; en 1936 se rompió la convivencia. Su historia se remonta a la Edad del Bronce. Tras las invasiones germánicas, Toledo se convierte con Leovigildo en capital y, posteriormente, en principal sede eclesiástica del Reino visigodo. En el año 711, Toledo fue conquistada por Táriq ibn Ziyad y dominada por los musulmanes hasta que Alfonso VI reconquistó la ciudad en 1085. Durante la Edad Moderna la ciudad destacó como sede de los Reyes Católicos. Al trasladarse la corte a Madrid en 1561 la ciudad entró en decadencia. En 1983 se convirtió en capital de Castilla-La Mancha. Pero estamos en 1936.

Nos cuenta Julio Martín Alarcón en Sin novedad en el Alcázar de Toledo, que “A las 5.30 rompen el fuego las piezas de 15.5 emplazadas en Pinedo, y entre las 30 detonaciones que disparan se oye una de mayor intensidad que llena de polvo y humo muy negro todas las dependencias del Alcázar”. El 27 de septiembre de 1936 es la última entrada del diario del asedio del coronel José Moscardó, que dirige a los sitiados en el Alcázar, para entonces, un amasijo de hierro y ruinas. (El Mundo 27 de septiembre 2016). Parece ser que la detonación es la cuarta mina para volar lo poco que queda de la fortaleza, convertida en un símbolo tanto para Franco como para el presidente del gobierno Largo Caballero, sabiendo que el enclave no tenía valor militar alguno.

El asedio del Alcázar de Toledo fue una batalla altamente simbólica que ocurrió en los comienzos de la Guerra Civil. Se enfrentaron fuerzas compuestas por milicianos del Frente Popular y de Guardias de Asalto, contra las fuerzas sublevadas de la guarnición. Las fuerzas republicanas empezaron el asedio el 21 de julio de 1936 y lo levantaron el 27 de septiembre, con la llegada del Ejército de África al mando del general Varela, que había hecho un alto en el camino hacia Madrid. Franco entró en la ciudad al día siguiente, y empezó la represión.

“Franco convirtió la liberación de Toledo en un valioso golpe de efecto internacional, llegando a recrearlo, recorriendo los escombros, para las cámaras de los noticiarios que se proyectaron en salas de cine de todo el mundo”. Toledo, decían, es un lugar de enorme importancia simbólica y patriótica desde la Reconquista. (Helen Graham, Breve historia de la guerra civil). Luis Quintanilla Isasi afirma “Que no hubo tal heroísmo de los sitiados y solo la espera que les sacase de su autoencierro, el absurdo de la amenaza telefónica sin relación con la muerte del hijo del héroe y los rehenes, motivos estos de haber divulgado al mundo la leyenda del Alcázar”. El 1 de octubre habiendo triunfado en Toledo, Franco asumiría el mando supremo. Exigió la Jefatura del Estado, la del Gobierno y el mando absoluto sobre todo el Ejército. (Franco y el Tercer Reich, de Luis Suárez). Ya no era rebelde, sino Jefe del Ejército Nacional.

Como he dicho, he tenido la oportunidad de publicar, desde hace unos años, la historia que conozco sobre la represión en Toledo y el fusilamiento de mis abuelos. No me resisto este año de volver a recordarlo. No conozco las razones que arguyeron los asesinos para matarlos, si es que puede haber razones para matar. No se celebró juicio, por lo que no existió sentencia de muerte, les dieron el paseo criminal.

No tengo noticias de que mis abuelos fueran unos peligrosos rojos, ni siquiera si eran de izquierdas o republicanos. Mi padre, que sería quien hubiera podido contarme la historia, murió cuando yo tenía siete años y mi madre, ya fallecida, en raras ocasiones habló del tema. Sí parece que mi abuela Antonia Arrogante tenía un carácter fuerte y poco dado a componendas. Mujer de mediana estatura, fuerte, guapetona, con moño bajo, saya larga y pañoleta negra sobre los hombros.

Vivían en Toledo, en el Callejón de los Niños Hermosos, callejón sin salida de la judería toledana, del que les sacaron para nunca volver. Oigo las botas contra el empedrado, los gritos y empujones, los culatazos de los fusiles sobre su espalda. Veo la cara perpleja y asustada de mi abuela Antonia, embarazada, y las caras descompuestas por el odio de los sacadores. Oigo el sonido seco de las descargas de los fusiles y el taac, taac de los tiros de gracia junto a un paredón a la vera del Tajo.

Transcurridos ochenta y dos años, la historia sigue siendo muy emotiva para mí. Siento dolor y desprecio hacia quienes cometieron el crimen y por quienes lo ordenaron. Siento desprecio por aquellos que hoy, todavía, justifican el asesinato de las decenas de miles de hombres y mujeres que murieron y sufrieron persecución victimas de la barbarie y que hoy, todavía, siguen sin reconocer el genocidio franquista. Reivindico mi memoria histórica. Ni olvido ni perdono.

http://diario16.com/sucedio-en-toledo/

Cuando España clamó por primera vez “¡abajo los Borbones!”. Agustín Monzón

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De repente, tras las barricadas que se habían levantado a través de las calles de Madrid, un grito se alzó como el crujido que delata un desgarro: “¡Abajo los Borbones!”. Las masas populares que se habían unido a la sublevación protagonizada el 22 de junio de 1866 por la guarnición del cuartel de San Gil expresaban así su ruptura con un régimen bajo el que asumían ya que sus aspiraciones nunca serían satisfechas.

Aquel levantamiento resultó limitado y escasamente organizado y pronto pudo ser aplastado. Pero ese primer conato antidinástico evidenciaba un divorcio difícilmente reversible.

Isabel II, la reina que había despertado grandes expectativas de progreso y libertad con su llegada al trono, tras una cruenta y larga guerra civil -la Primera Guerra Carlista- se erigía a ojos de su pueblo, apenas dos décadas después, como principal pilar de un sistema obsoleto, opuesto a toda idea de modernidad, libertad y cambio social.

“Vinísteis al mundo saludada con los entusiastas epítetos de excelsa y de ángel, por los hijos de una noble generación, que habíais de perseguir y fusilar, en prueba de un corazón que para mayor crueldad llamáis cristiano”, le llegaría a espetar nada menos que su cuñado, Enrique de Borbón.

En esas circunstancias, no puede extrañar que el mismo grito de “‘¡abajo los Borbones!” volviera a resonar en los últimos días de septiembre de 1868, pero esta vez por toda España y vociferado por la multitud en un entorno festivo.

El de San Gil no había sido el primero ni el último de los avisos que recibiría Isabel II del malestar que empezaba a germinar en algunos sectores de la sociedad española. Hacía años que uno de los dos grandes partidos del liberalismo español, el Progresista, acaudillado por Salustiano Olózaga y el general Juan Prim, había tomado la senda de la insurrección, convencido de la imposibilidad de acceder al poder mediante el libre ejercicio de la política. Y en sus conspiraciones lograrían atraerse el apoyo de los grupos más a la izquierda del panorama político español, demócratas y republicanos, en una alianza que se concretaría en el llamado Pacto de Ostende, en agosto de 1866.

Ante estas muestras de desafección, sin embargo, la reina no realizó ningún propósito de enmienda, sino que, al contrario, recurrió cada vez con más frecuencia al recurso de la fuerza, ejecutada con tenacidad por el que sería su principal baluarte político, el general moderado Ramón María Narváez. Cuentan las crónicas que tras la muerte de éste, en abril de 1868, cayó una intensa tormenta en Madrid, que sería interpretada como señal del desastre que se cernía sobre el trono.

Pero ni aún entonces procuraron la reina y sus consejeros en la Corte un cambio de rumbo que desactivara los movimientos para su derrocamiento, a los que también se habían unido los miembros del partido centrista Unión Liberal, tras la muerte de su histórico líder, Leopoldo O’Donnell. El nombramiento de Luis González Bravo para suceder a Narváez fue la mejor prueba de que Isabel II había decidido tomar la senda del enfrentamiento. “Gobernar se había convertido en resistir y el único instrumento era ya la represión”, observa Isabel Burdiel en su biografía de la reina.

Y ante las exhortaciones de su hermana Luisa Fernanda para que abriera la puerta del gobierno a los progresistas, su respuesta fue reveladora: “La revolución me ha declarado una guerra a muerte; pues bien, yo a mi vez declaro la guerra a la revolución; veremos al final quien vence”.

Aquel tenso escenario político se veía, además, enmarcado por una crisis económica que no hacía sino restar apoyos a la Corona y alimentar el descontento popular. La insurrección parecía inminente, pese a los denodados esfuerzos del Gobierno de González Bravo por desactivarla, lo que se plasmó en el destierro a Canarias de algunos de los generales conspiradores, con Francisco Serrano, duque de la Torre, a la cabeza, así como la invitación a la infanta Luisa Fernanda y su marido Antonio de Orleans, el duque de Montpensier, a abandonar el país, ante la sospecha de que intrigaban para acceder al trono.

La revolución que se inició en el mar

Nada de esto logró desbaratar los planes de los insurrectos, que pasarían a la acción a mediados de septiembre, cuando la reina y el presidente del gobierno se encontraban veraneando en San Sebastián. Mientras Prim, la figura más carismática entre los revolucionarios, tomaba de incógnito un barco en Inglaterra, que le trasladaría hasta Gibraltar, otro buque -fletado por el duque de Montepensier- ponía rumbo a Canarias para traer de vuelta a los generales desterrados.

Desde el día 16, Prim se encontraba a bordo de uno de los barcos que el almirante Juan Bautista Topete había apostado frente a la bahía de Cádiz, mientras esperaban la llegada de Serrano, que estaba destinado a liderar la insurrección. La excitación que se vivía en las calles, sin embargo, les llevaría a precipitar el movimiento y el día 18 poco después de la una de la tarde, una salva de cañonazos anunciaba el inicio del levantamiento.

Los distintos grupos comprometidos en la rebelión tenían unos objetivos muy dispares que les obligaron a posponer las cuestiones clave sobre el futuro régimen que habría de instalarse en España. Así, el manifiesto que llamaba a secundar la sublevación era un “un auténtico prodigio de ambigüedad política”, en palabras del historiador Josep Fontana, en el que se denunciaba la corrupción que manchaba la imagen del país -incluidos los escándalos de la reina- y que adoptaba por lema “¡viva España con honra!”.

La noticia de la insurrección no tardó en llegar a San Sebastián, donde un ambiente febril se instaló entre los miembros de la Corte isabelina. González Bravo, que llevaba todo el verano tachando de “majaderías” las informaciones sobre una inminente rebelión dimitió de inmediato y la reina confió el gobierno al general José Gutiérrez de la Concha, para que preparara la respuesta militar a la rebelión. “No se les ocurrió a los nuevos gobernantes ni siquiera publicar un manifiesto al país prometiendo mejoras; lo que se proponían era aplastar militarmente la sublevación, pero les iba a resultar muy difícil con la mayoría de los militares de prestigio en el otro bando”, apunta Fontana en La época del liberalismo.

Mientras tanto, la revolución se iba extendiendo por toda España. Primero, por Andalucía; poco después, por otras muchas ciudades: Santander, Ferrol, Béjar, La Coruña, Zaragoza, Cartagena, Santoña, Alicante, Alcoy… “El trono de Isabel II, más bien el sistema regulado por la Constitución de 1845, estaba fuertemente minado, de ahí que el pronunciamiento de septiembre en Cádiz se extienda como un reguero de pólvora por toda España sin encontrar apenas resistencia”, observan Ángel Bahamonde y Jesús A. Martínez en su Historia de España del siglo XIX.

A cada paso, la rebelión iba cobrando, cada vez más, un carácter antidinástico. Los mueras a la reina y los gritos de abajo la dinastía resonaban por todo lo ancho y lo largo de España. Estaba claro que los militares sublevados y las juntas de civiles que respaldaban su acción habían llegado a la convicción de que Isabel II no podía seguir portando la Corona del país.

Y a pesar de que militares como Topete aún auspiciaban la idea de instalar a la hermana de la reina, Luisa Fernanda, y al duque de Montepensier en el trono, en la opinión pública imperaba la idea de que el tiempo de los Borbones al frente de la monarquía española había pasado. “Democracia. Abajo los Borbones con toda su raza. Mueran los tiranos. Viva la Soberanía del Pueblo”, decía uno de los muchos manifiestos llamando a la rebelión que circulaban por Madrid aquellos días.

La camarilla de Isabel II se mostraba incapaz de reaccionar ante la situación. Por un momento se pensó en la abdicación de la reina en su joven hijo Alfonso. Los consejos de regresar a Madrid para estimular la defensa de su trono fueron desoídos ante el miedo que reinaba en la Corte. “La reina está indecisa y abatida y llora frecuentemente. El rey está preso de una agitación y de un terror febriles”, escribía por aquellos días el cónsul francés en San Sebastián.

Mientras tanto, la revolución se iba extendiendo por toda España. Primero, por Andalucía; poco después, por otras muchas ciudades: Santander, Ferrol, Béjar, La Coruña, Zaragoza, Cartagena, Santoña, Alicante, Alcoy… “El trono de Isabel II, más bien el sistema regulado por la Constitución de 1845, estaba fuertemente minado, de ahí que el pronunciamiento de septiembre en Cádiz se extienda como un reguero de pólvora por toda España sin encontrar apenas resistencia”, observan Ángel Bahamonde y Jesús A. Martínez en su Historia de España del siglo XIX.

A cada paso, la rebelión iba cobrando, cada vez más, un carácter antidinástico. Los mueras a la reina y los gritos de abajo la dinastía resonaban por todo lo ancho y lo largo de España. Estaba claro que los militares sublevados y las juntas de civiles que respaldaban su acción habían llegado a la convicción de que Isabel II no podía seguir portando la Corona del país.

Y a pesar de que militares como Topete aún auspiciaban la idea de instalar a la hermana de la reina, Luisa Fernanda, y al duque de Montepensier en el trono, en la opinión pública imperaba la idea de que el tiempo de los Borbones al frente de la monarquía española había pasado. “Democracia. Abajo los Borbones con toda su raza. Mueran los tiranos. Viva la Soberanía del Pueblo”, decía uno de los muchos manifiestos llamando a la rebelión que circulaban por Madrid aquellos días.

La camarilla de Isabel II se mostraba incapaz de reaccionar ante la situación. Por un momento se pensó en la abdicación de la reina en su joven hijo Alfonso. Los consejos de regresar a Madrid para estimular la defensa de su trono fueron desoídos ante el miedo que reinaba en la Corte. “La reina está indecisa y abatida y llora frecuentemente. El rey está preso de una agitación y de un terror febriles”, escribía por aquellos días el cónsul francés en San Sebastián.

Mientras tanto, la revolución se iba extendiendo por toda España. Primero, por Andalucía; poco después, por otras muchas ciudades: Santander, Ferrol, Béjar, La Coruña, Zaragoza, Cartagena, Santoña, Alicante, Alcoy… “El trono de Isabel II, más bien el sistema regulado por la Constitución de 1845, estaba fuertemente minado, de ahí que el pronunciamiento de septiembre en Cádiz se extienda como un reguero de pólvora por toda España sin encontrar apenas resistencia”, observan Ángel Bahamonde y Jesús A. Martínez en su Historia de España del siglo XIX.

A cada paso, la rebelión iba cobrando, cada vez más, un carácter antidinástico. Los mueras a la reina y los gritos de abajo la dinastía resonaban por todo lo ancho y lo largo de España. Estaba claro que los militares sublevados y las juntas de civiles que respaldaban su acción habían llegado a la convicción de que Isabel II no podía seguir portando la Corona del país.

Y a pesar de que militares como Topete aún auspiciaban la idea de instalar a la hermana de la reina, Luisa Fernanda, y al duque de Montepensier en el trono, en la opinión pública imperaba la idea de que el tiempo de los Borbones al frente de la monarquía española había pasado. “Democracia. Abajo los Borbones con toda su raza. Mueran los tiranos. Viva la Soberanía del Pueblo”, decía uno de los muchos manifiestos llamando a la rebelión que circulaban por Madrid aquellos días.

La camarilla de Isabel II se mostraba incapaz de reaccionar ante la situación. Por un momento se pensó en la abdicación de la reina en su joven hijo Alfonso. Los consejos de regresar a Madrid para estimular la defensa de su trono fueron desoídos ante el miedo que reinaba en la Corte. “La reina está indecisa y abatida y llora frecuentemente. El rey está preso de una agitación y de un terror febriles”, escribía por aquellos días el cónsul francés en San Sebastián.

https://www.elindependiente.com/tendencias/historia/2018/09/22/cuando-espana-clamo-los-borbones/

Grandes estafas de la Historia: La Transición española fue la Sucesión franquista. Luis Gonzalo Segura

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El pasado 3 de septiembre el líder del Partido Popular, partido político heredero de una amalgama de formaciones franquistas, afirmó sobre el periodo conocido erróneamente como la Transición que “ni hubo ocultación, ni sometimiento, ni miedo. Hubo grandeza moral, sentido de la historia, reconciliación y concordia. Propondremos una ley de concordia que reivindique la Transición y derogue de facto la sectaria relectura de la historia”. Pero ¿existió la modélica Transición o realmente aconteció una Sucesión franquista?

Parece increíble que toda una sociedad, la española, compuesta por varios millones de personas, en la actualidad unos 46,5 millones, y que cuenta con acceso libre a información sobre esta y muchas otras cuestiones, haya concluido de forma mayoritaria que lo ocurrido en los años posteriores a la muerte del dictador Francisco Franco fue un periodo de reconciliación y concordia denominado Transición, como afirma Pablo Casado, y no lo que realmente aconteció: la sucesión determinada por Franco. De hecho, en el año 2000 la abrumadora mayoría de los encuestados respondió al CIS que el Rey (Juan Carlos I) había sido la figura que más contribuyó al cambio y casi el 90% concluyó que se sentía orgulloso de la Transición.

Estoy convencido que la asunción como verídico del relato de la denominada Transición democrática española, en lugar de la acaecida Sucesión franquista, se estudiará en el futuro para conocer en profundidad cómo se construye un relato completamente ficticio y se inocula en la ciudadanía de forma tan efectiva. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es intentar demolerlo con hechos objetivos e innegables para que la luz atisbe la verdad. Y esta, ciertamente, poco tiene que ver con la retórica oficial.

No pudo ser modélica porque fue violenta

Uno de las claves que demuestran que el periodo mencionado dista mucho de ser modélico y se acerca, paradójicamente, a lo negado por Pablo Casado (ocultación, sometimiento, miedo) es el nivel de violencia. Este periodo histórico fue el más violento de los acaecidos en Europa Occidental y el segundo más violento de toda Europa tras Rumanía. Los diferentes autores, desde Sophie Baby (El mito de la transición pacífica) hasta Xavier Casals, sostienen que entre 1975 y 1981 o 1983 hubo entre 590 y 700 muertos. La Transición griega contabilizó 29 muertos. La portuguesa menos aún.

No pudo ser de consenso porque la dirigió Juan Carlos I

Normalmente, los verdaderos periodos de transición entre regímenes autoritarios y democracias se caracterizan porque estos son dirigidos por personalidades ajenas, o al menos críticas, al régimen autoritario que queda en el pasado. Tanto si hablamos de Portugal como de Grecia, por ejemplo, es evidente que no fueron altas personalidades afines del régimen autoritario los que dirigieron sus transiciones, aunque la griega tenga sus matices y parecidos a la nuestra.

De hecho, lo normal es que las personalidades que ostentaron el poder durante las transiciones democráticas hubieran representado la oposición o, al menos, en un momento dado, se hubieran revelado militar o políticamente contra el régimen autoritario. Juan Carlos I no solo fue apadrinado por Franco, sino que llegó a ser jefe del Estado durante la dictadura y ni siquiera hoy se vislumbra contradicción o crítica alguna al dictador y genocida español. Jamás se sublevó o contrarió al Caudillo.

No se trata ni mucho menos de un rey que hubiera estado luchando contra el franquismo desde el exilio y que una vez derrocado o muerto el líder, hubiera vuelto al país y hubiera sido recibido con parabienes. Ni tan siquiera de alguien que llegado el momento organizase una revuelta o un golpe militar contra el dictador. Muchos menos podemos hablar de una personalidad que abanderase la democracia. Juan Carlos estaba en palacio mientras Franco firmaba sentencias de muerte.

No pudo ser democrática, porque no hubo juicios ni comisiones

España, a diferencia de muchos otros países, no optó por comisiones de la verdad o juicios al régimen autoritario y a los responsables del mismo. Ello resulta fundamental para que el nuevo estado pueda tener una génesis democrática completamente desprendida del pasado. España optó por la amnistía, por la amnesia colectiva. Los crímenes del franquismo jamás se juzgaron, ni tan siquiera se optó por juzgar casos individuales. En Grecia, por ejemplo, fueron múltiples los militares, incluidos altos mandos, juzgados y condenados.

No pudo ser igualitaria, porque las élites decidieron conservar el poder

Uno de los elementos que demuestran hasta qué punto se trató de una sucesión en lugar de una transición es la ausencia de igualdad. El alto nivel de aforados, la inviolabilidad jurídica del rey o la ausencia de independencia e imparcialidad de los órganos judiciales españoles y su materialización en procesos tan obscenos como el falso juicio de la Infanta Cristina, la no investigación de las múltiples denuncias por corrupción y malas prácticas de Juan Carlos I, la existencia de misterios como ‘Señor X’, ‘Elefante Blanco’ o ‘M. Rajoy’, el fantasma de cientos de miles de desaparecidos durante la dictadura, los miles de casos de torturas durante el postfranquismo o el uso de la justicia como instrumento de represión en Catalunya demuestran, ante todo, que no somos iguales ante la ley. Y si existe un termómetro que pueda ofrecernos la calidad democrática de un estado ese es la igualdad ante la ley.

No pudo ser fraternal porque el aparato y las élites franquistas quedaron intactos

Si bien es cierto que los periodos de transición están marcados por la continuidad de una gran parte del aparato existente durante los regímenes autoritarios, algo que se puede percibir con claridad tanto en los procesos acaecidos en Europa Occidental como en la antigua Europa Oriental, no lo es menos que en las verdaderas transiciones existe un proceso de desmantelamiento o demolición de los mismos. Resulta enormemente complejo encontrar estructuras prácticamente intactas pasados 10, 20 o 30 años.

Sin embargo, los movimientos militares acaecidos en España en el año 2006, con motivo de la negoción del ‘Estatut’ en Catalunya o en este agosto de 2018 por la exhumación de los restos del dictador, demuestran que las Fuerzas Armadas, si bien han vivido un proceso de modernización, no así de democratización. Y no es el único sector de la sociedad en el que se percibe: la judicatura, la Iglesia, el poder económico o los partidos políticos cuentan con una bajísima calidad democrática.

No pudo ser una transición porque fue una sucesión

En definitiva, no pudo ser una transición democrática porque fue una sucesión franquista. Una sucesión en la que todo el aparato franquista, incluidas las élites, permanecieron tan intactas que a día de hoy son perfectamente identificables.

https://actualidad.rt.com/opinion/luis-gonzalo-segura/288740-grandes-estafas-historia-transicion-espanola

ADOLFO SUÁREZ (HIJO): “SI SE RETIRAN LOS SÍMBOLOS DEL FRANQUISMO HAY QUE ACABAR TAMBIÉN CON LOS REPUBLICANOS” (VÍDEO) POR M. RELTI PARA CANARIAS SEMANAL

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El hijo del ex presidente del gobierno de la extinta UCDAdolfo Suárez González, al que el nuevo presidente del Partido PopularPablo Casado, ha puesto al frente de la  “Fundación Concordia y Libertad “, manifestó al periódico ultraderechista “La Razón” que si se retiran los símbolos del franquismo debería hacerse lo correspondiente  con aquellos otros que representan los valores republicanos.

El vástago del ex presidente, que responde al nombre de Adolfo Suárez Illana,   hizo un  sorprendente  razonamiento para explicar cuál  era la razón que hace injustificable  tratar de acabar con el macromausoleo  del  Valle de los Caídos:

      “Si pretendemos despojar de cualquier honor a cada dirigente que no haya sido demócrata, ¿qué hacemos con Pelayo o con los Reyes Católicos? ¿O hay que derruir Los Inválidos en Francia porque alberga los restos de Napoléon? ¿O el mausoleo de Lenin? La historia de todos los países está plagada de enfrentamientos. Franco y sus adversarios son parte de nuestra historia e intentar borrarla o abrir unaComisión de la Verdad, es un gr error”.

El político derechista indicó, asimismo, que la inmensa mayoría de los españoles” reconoce la Constitución del 78 “como la  mejor Constitución de nuestra historia”, que nos ha permitido a todos vivir  “una prosperidad compartida”

En una acrobática pirueta de  presunta ingenuidad , Suárez Illana agregó sin que se le cayeran los anillos, que puede haber gente  que le eche la culpa a esta  Constitución de nuestros males presentes, “como  aquellos que atribuyen los accidentes de tráfico de hoy al  inventor de la rueda”,  pero él se encuentra  muy seguro de que se trata tan sólo de una  posición muy minoritaria, que se puede rectificar si  se utiliza “más pedagogía” y una intensa labor de “concienciación” para cambiar esa percepción por parte de la gente.

  Suárez Illana dice estar convencido de que el mausoleo a Franco no es una amenaza para la democracia, como no lo es tampoco la estatua del histórico líder obrero socialista Largo Caballero, “que no era un demócrata de pata negra…”.

   “¿Y Santiago Carrillo?, con quien mantuve una amistad personal hasta el último día de su vida y que cometió atrocidades. ¿Por eso hay que borrar su memoria? En España hubo un enfrentamiento civil y en el 78 se dieron un abrazo los que ganaron y los que perdieron. Sus nietos no tienen ningún derecho a enmendar ese abrazo”.

Naturalmente a  Suárez Illana, cuyos merecimientos personales no van más allá del hecho puramente genealógico  de haber sido el  hijo de quien comandara la “Operación de la transacción” y del recambio de una Dictadura a una Monarquía endosada de contrabando, no se le ocurrió mentar la elocuente confesión secreta de su tramposo padre, explícita en el vídeo adjunto  a este artículo, en el que reconocía  sin ambages que no  se consultó a los españoles sobre si querían una Monarquía o una  República, porque las encuestas demostraban que la opción monárquica habría sido ampliamente derrotada.

VÍDEO. ADOLFO SUÁREZ: “SI SE HUBIERA CONVOCADO UN REFERENDUM MONARQUIA O REPUBLICA, LA MONARQUIA HUBIERA PERDIDO”

http://canarias-semanal.org/not/23506/adolfo-suarez-hijo-si-se-retiran-los-simbolos-del-franquismo-hay-que-acabar-tambien-con-los-republicanos-video-/

El negocio de la muerte. David Bollero

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La polémica suscitada por los negocios militares entre España y Arabia Saudí no es nueva. Aparece periódicamente, se arma revuelo y, al cabo de un tiempo, cae de nuevo en el olvido. Mientras, España sigue alimentando el negocio de la guerra, el mercado de la muerte para incrementar su PIB, como ya hiciera en más de un 3,5% al sumar lo que supone la prostitución y el tráfico de drogas. Eso también es Marca España.

No les voy a inundar con cifras de lo que le supone a España la venta de armas y demás equipamiento militar… ni de en manos de quiénes están esos negocios (para muestra, el exministro de Guerra, Morenés). No es necesario para poder concluir que España, en términos globales de país, no tiene ética alguna.

Nunca será admisible justificar la venta de armas a países en conflicto por el número de puestos de trabajo que reporta. Jamás. Las imágenes de niños y niñas reventad@s por las bombas de Arabia Saudí en Yemen parece que ya se han borrado del recuerdo. ¿Cuánt@s niñ@s despedazad@s hacen falta para pagar la nómina de quienes producen material militar?

No se trata de enfrentar a las personas que trabajan en las fábricas de armas y astilleros, pues los máximos responsables de esta barbaridad son los gobernantes (a nivel central, autonómico y local) y el rey. Sí es legítimo, en cambio, apelar a un mínimo de ética por parte de esa clase obrera a la que parece no importarle el destino de sus armas, de sus corbetas…

La presión ciudadana es básica en esta cuestión. El Gobierno central, Susana Díaz en Andalucía y José Mª González ‘Kichi’ en Cádiz son los primeros en olvidar a esa niñez amputada de Yemen para no perder votos… acabar con el negocio que sustenta tantos puestos de trabajo en una de las zonas más deprimidas porque su propia gestión política no ha sido capaz de reconvertir supondría una debacle electoral… pero ¿y si el hecho de mantener esos negocios con Arabia Saudí supusiera una pérdida de votos aún mayor que la de suspenderla? Esa es la clave… pero para eso tendríamos que ser un país con principios y dejar a un lado el ‘sálvese quien pueda’. En general, no es así. ¿Cuántos de ustedes se han planteado que los mismos bancos que les cosen a comisiones son, además, los que invierten en los principales productores de armas? Me refiero a BBVA, Santander, Bankia, CaixaBank y Sabadell.

Por otro lado, la moral de doble rasero de España es repugnante. Puestos a seguir vendiendo armas, a comerciar con la muerte con los países en conflicto, ¿por qué no ampliar nuestras miras? Sólo en África podríamos forrarnos vendiendo armas en Sudán del Sur, Mali, la República Centroafricana... ¿O es que los acuerdos comerciales cerrados entre monarcas (Borbones y jeques) son más elogiables que entre señores de la guerra?

Es hora de que la ciudadanía tome las riendas de su propio destino, que deje de mirar para otro lado y se implique en la vida. Retirar el voto a los Gobiernos que sustentan matanzas como la de Yemen es esencial. Retirar el voto a quienes no regulan el mercado del alquiler es básico. Acabar electoralmente con quien ha privatizado bienes básicos como la luz o el agua es fundamental, como lo es apartar a quienes no acometen una reforma fiscal que instale la justicia social de una vez por todas. Actúen.

https://blogs.publico.es/david-bollero/2018/09/11/el-negocio-de-la-muerte/