LOS REPUBLICANOS SALIERON A LA CALLE EL “19-J, DÍA DE LA INFAMIA”

Varios centenares de republicanos se concentraron el “19-J, Día de la Infamia” para reivindicar la III República y su rechazo a la monarquía borbónica heredera del franquismo, llamando a reivindicar el derecho a decidir con la participación en las consultas populares que se van a realizar en todo Madrid.

El acto que duró dos horas en la Puerta del Sol, estuvo amenizado por los cantantes Alfaya, Juanjo Anaya y Karolo que fueron coreados por los asistentes en un ambiente festivo y combativo.

Se hizo notar por los presentes, la ausencia de organizaciones de izquierda de carácter nacional que no estuvieron  en la concentración pese a tener diputados y concejales que podrían ( y deberían) haber apoyado el acto. Se vieron banderas y estuvieron presentes Federación de Republicanos (RPS), agrupaciones republicanas de Coslada y Móstoles, Partido y Juventud Comunista de España (marxista-leninista), Red Roja, PCPE, Plataforma contra los crímenes del franquismo, Coordinadora de Consulta Popular “Monarquía o República” y otros compañeros.

Alfaya leyó el manifiesto de la concentración que fue interrumpido en varias ocasiones con el grito de “España, mañana, será republicana” y otros como “Felipe, quién te ha votado”.  El acto finalizó con el himno de Riego con todos los presentes con el puño en alto.

Manifiesto leído en el acto

El día 19 de junio de 2014 figurará en la historia de nuestro país como el día de la Infamia. Ahora, cuando se cumple cuatro años de ese fraude, de esa estafa, insistimos en que esta monarquía fue impuesta por el dictador Franco y Juan Carlos I quien juró los Principios Fundamentales del Movimiento franquista. Hay, por tanto, un hilo conductor que va de la dictadura franquista al actual monarca.

Felipe VI no es el rey de todos los españoles. No puede serlo. Por sus orígenes, la monarquía actual es la clave de bóveda de un sistema oligárquico que se gestó en los años de la Transición (1975-1978) cuando la clase política franquista pactó con la izquierda “oficial” una salida de la dictadura que dejaba intacto el aparato del Estado y mantenía el poder económico y político de la oligarquía.

Felipe VI, alabado hasta el empacho por unos medios de comunicación que tratan de embellecer y dar brillo a la monarquía, no tiene ninguna legitimidad democrática. Si fuera tan demócrata como afirman sus aduladores/a, el nuevo rey no dudaría en someterse al plebiscito popular, convocando al pueblo a que se exprese libremente sobre la monarquía o la república.

Los acontecimientos acaecidos en Cataluña evidencian, con más fuerza la herencia del franquismo en la monarquía y su constitución. Con ella de la mano se han pisoteado derechos democráticos fundamentales como la libertad de expresión, opinión, reunión, manifestación… El estado ha hecho uso de la represión y violencia contra ciudadanos/as indefensos/as para amordazar y acallar la voz de un pueblo; han encarcelado a personas por hacer uso de aquellos derechos fundamentales. En su nombre se ha aplicado su artículo 155, brutal atentado antidemocrático que elimina de un plumazo la representación política del pueblo de Cataluña y se quiere condenar a parte de la misma a la condición de presos políticos.

La monarquía, su Constitución y sus leyes han probado su incapacidad para dar una solución democrática a las demandas del pueblo catalán; tampoco han sido capaces de poner fin a las penurias y sufrimientos de millones de personas y afrontar los problemas políticos democráticamente y las demandas populares. ¿Acaso su constitución y sus leyes han paliado la pobreza y desigualdad crecientes? ¿Han acabado con el paro y la precariedad? ¿Han evitado el exilio forzoso de centenares de miles de nuestros/as jóvenes? ¿Acaso han solucionado el problema de la vivienda? ¿O atajado la vergonzosa corrupción que gangrena el cuerpo político de la nación?

La proclamación de Felipe VI fue simplemente una operación de imagen, un intento de lavar la cara a una institución absolutamente deteriorada por los casos de corrupción que le afectaban y los oscuros negocios de la familia real. La oligarquía pretende ahora organizar con el apoyo unánime de los partidos del régimen una segunda transición que le permita seguir disfrutando del poder y para ello nada mejor que algunos cambios cosméticos en la Constitución de 1978.

Debemos oponernos con fuerza y denunciar las maniobras de la oligarquía, y sus partidos políticos, para mantener un sistema corrupto por naturaleza y un modelo económico que condena a la mayoría de la población al paro, la miseria y la desesperación.

Después de siete años de brutales y sistemáticos ataques contra los derechos laborales, políticos y sociales de la mayoría trabajadora, por fin ha caído el Gobierno de Rajoy envuelto en una cadena interminable de casos de corrupción. Es esta una noticia que nos llena de satisfacción. Pero no debemos olvidar que todo ha sido fruto de un acuerdo parlamentario en el que han participado fuerzas políticas que hasta ahora han sostenido los ataques del PP con su apoyo explícito o su pasividad, fuerzas que comparten con ese partido la idea de negar el derecho a participar a los ciudadanos en las decisiones que les afectan, defensoras a ultranza de un statu quo político y jurídico que perpetúa la dominación de un puñado de grandes empresarios y financieros.

Queda por acabar con la herencia política del PP y cerrar el paso al populismo fascista que la reacción propone como alternativa. La derogación de las reformas laborales y de las pensiones, de la ley mordaza, de las reformas del Código Penal, de la Ley de Bases del Régimen Local, ley hipotecaria, la vuelta a manos públicas de lo privatizado, etc.,  son medidas que no pueden esperar. Queda por ver la actitud de fuerzas que hasta ahora han sido pilares del Estado Monárquico frente a estas y otras medidas de urgencia perentoria.

Aquel 19 de junio de 2014, abdicó Juan Carlos I en su hijo Felipe VI y se le designó como Rey emérito para blindar su persona frente a las posibles acciones judiciales por los numerosos casos de corrupción con los que se le relaciona, todo ello en medio de un verdadero estado de excepción en el que las concentraciones y manifestaciones republicanas fueron prohibidas por el Gobierno, conculcando el derecho constitucional de manifestación, con el pobre argumento de que era necesario evitar situaciones de riesgo y provocaciones hacia los manifestantes monárquicos. No existe mayor y más clamorosa muestra de corrupción política, que sigue impune.

Los republicanos no nos hacemos ilusiones. Apoyaremos aquellos pasos del nuevo gobierno que vayan en la dirección de poner coto a la degradación democrática que sufrimos, pero tenemos claro que solo la ruptura con el régimen monárquico que en su día no se hizo, y la proclamación de una República Popular y Federal pueden permitir la verdadera democracia que nuestro pueblo anhela y dar solución a los principales problemas que aquejan a nuestro pueblo. Por eso, los republicanos seguiremos luchando hasta lograr superar un régimen, el monárquico, que es fruto de un pacto a espaldas del pueblo.

El Espacio Republicano de Madrid, las organizaciones y gentes que lo componen, compartimos un programa común, un programa de ruptura con el modelo caduco y antipopular que representa el régimen monárquico y la Constitución de 1978. Compartimos el objetivo de la ruptura porque somos conscientes de que solo hay una alternativa política para salir del desastre en que nos encontramos: LA RUPTURA con este régimen monárquico

Nos proponemos desarrollar una campaña por una consulta Monarquía República,  constituyendo comités en todos los barrios y pueblos de Madrid, a los que llamamos a incorporarse a todos los republicanos .

Frente al rey de la oligarquía, forjemos la UNIDAD POPULAR que nos permita proclamar la III REPÚBLICA en España ¡¡¡DERECHO A DECIDIR YA!!! ¡¡¡VIVA LA III REPÚBLICA!!!

Los republicanos salieron a la calle el “19-J, Día de la Infamia”

Anuncios

Archivan una querella contra Willy Toledo interpuesta por ‘la Intocable’

58ca4580698ae

La joven murciana conocida como ‘La Intocable’ que sufrió en enero del año pasado una brutal agresión en la puerta del local de copas ‘La Boca del Lobo’ de Murcia, y que posteriormente fue detenida por participar en una nueva reyerta en el bar ‘Los Pachequitos’ de la pedanía murciana de Churra, interpuso a través de su letrado Pedro López Graña una demanda contra el actor Willy Toledo por calumnias e incitación al odio.

Ahora la Audiencia Provincial de Murcia ha confirmado el sobreseimiento de las diligencias abiertas en un Juzgado de Instrucción de esta ciudad contra el actor Willy Toledo, que fue denunciado por una joven por un delito de calumnias y otro de incitación al odio y la violencia por sus comentarios en una red social, en los que la tachó de “jefecilla de una banda de nazis”.

El auto de la Audiencia Provincial, que tiene como ponente al magistrado presidente de la Sala, Abdón Díaz, hace una defensa de la libertad de expresión y señala que “las expresiones vertidas, cualquiera que fuere su potencial ofensivo, su consistencia y gravedad, han de calibrarse en un contecto sociológicoen el que la exacerbación crítica suele alcanzar intensidad y aspereza desconocidas en otras épocas”.

Las expresiones vertidas por el actor, consideradas constitutivas de delito por el letrado defensor de la joven, Pedro López Graña, aparecieron en una red social y en las mismas se criticaba a la ahora querellante, a la que se señalaba como integrante de un grupo de extrema derecha que “hacía cazas al negro, (daba) palizas, emboscadas y navajazos”.

Esos comentarios fueron colgados tras los incidentes ocurridos en enero de 2017 en las inmediaciones de un bar de Murcia, en el que la chica fue agredida, presuntamente, por los integrantes de un grupo de otra ideología, que le causaron diversas lesiones y la pérdida de un diente.

El tribunal, que desestima el recurso presentado por la defensa contra el sobreseimiento libre acordado por el Juzgado de Instrucción, comenta que “los comentarios que se transcriben -en la querella- no suponen la infamante atribución de concretos hechos delictivos a sabiendas de su falsedad”.

Y añade que “las referencias a acaudillar o dirigir una banda de nazis no lo son, y las alusiones a emboscadas, palizas, cazas al negro o cacerías nocturnas se diluyen en su vaguedad y en su difuminación tipológica”.

Comenta también el auto que “para las calumnias no basta con hacer comentarios o imputaciones de acentuada indeterminación y laxitud estimativa si no ofrecen un definido perfil delictivo, aportando con la falsa imputación los elementos configuradores de esos delitos”.

Señala, por otro lado, que la satisfactoria tutela ante hechos como los recogidos en la querella puede obtenerse mejor por la vía del ejercicio de acciones de difamación ante la jurisdicción civil.

La sala concluye que “cualquiera que sea la reprobación que puedan merecer por su tono y desmesura los mensajes y comentarios, más que una incitación hay en ellos una indisimulada satisfacción por la suerte que pudo correr la recurrente en el incidente, enfrentamiento o algarada de sabor represivo entre jóvenes a quienes adultos irresponsables adoctrinan, inoculan detestables pulsiones de intolerancia”.

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2018/06/19/archivan-querella-willy-toledo-interpuesta/931810.html

La extrema derecha española forma una coalición para concurrir a las elecciones europeas de 2019

fascismobanderasespañolas

Según un comunicado hecho público hoy, los partidos Falange Española de las JONS, La Falange, Democracia Nacional y Alternativa Española han suscrito un acuerdo para concurrir coaligados bajo una plataforma electoral a los próximos comicios al Parlamento Europeo que se celebraran en 2019.

En el texto enviado a los medios de comunicación, esta coalición afirma que su objetivo es proporcionar “una opción electoral viable” y anima a partidos simlares a que se sumen “atraídos por la propuesta de aliarnos por España, como tantos nos han demandado”.

Según afirman los citados partidos, “tenemos voluntad de llegar a las instituciones, pero, sobre todo, de recuperar y ganar un espacio político que está ahí” y que, afirman, “surge todos los días en las conversaciones, en la reacción individual del español de a pie harto de corrupción, recortes, falta de política social, desprecio a la patria, incapacidad para mantener la ley, desigualdad de derechos, pérdida de soberanía nacional y económica…”.

Este es el comunicado completo:

Comunicado conjunto de FE de las JONS, Democracia Nacional, La Falange (FE), Alternativa Española.

Tras un período de análisis de la realidad tanto externa como interna, después de un debate sosegado, apegado al terreno, en el que ha primado el deseo de aunar voluntades, siendo conscientes de que la situación que atraviesa España nos obliga, por coherencia y por conciencia, a no quedarnos quietos, a dar la batalla política en las mejores condiciones posibles, optimizando recursos materiales y humanos, asumiendo que existe un número importante de españoles dispuestos a seguirnos y apoyarnos, nuestras organizaciones han decidido ofrecer, a los que siguen creyendo en la idea y el concepto de España, en nuestra identidad como nación, una opción electoral viable. Una opción de trabajo y de ilusión abierta a la colaboración e integración de quienes quieran participar; dispuesta a estar en la calle, en campaña permanente, impulsada por el deseo de acabar con las amenazas que penden sobre la continuidad de España como nación única, libre y soberana.

Tenemos voluntad de llegar a las instituciones, pero, sobre todo, de recuperar y ganar un espacio político que está ahí. Ese que surge todos los días en las conversaciones, en la reacción individual del español de a pie harto de corrupción, recortes, falta de política social, desprecio a la Patria, incapacidad para mantener la ley, desigualdad de derechos, pérdida de soberanía nacional y económica…

Por todo ello, inicialmente, esperando que otros grupos se sumen atraídos por la propuesta de aliarnos por España, como tantos nos han demandado, FE de las JONS, Democracia Nacional, La Falange (FE) y Alternativa Española, demostrando que somos capaces de converger en una base común, hacen pública la firma de un acuerdo conformando una coalición que comparecerá como tal en las próximas elecciones europeas. En una campaña que para nosotros comienza hoy.

Lo hacemos porque somos conscientes de que es mucho lo que la integridad, la soberanía y una justa política socioeconómica se juegan los españoles en la UE; porque queremos tener voz sobre lo que también se decide en esa Europa que no nos gusta, que se aleja cada vez más de sus raíces para perderse en un multiculturalismo demoledor; esperamos hacer frente en las instituciones a esa falsa Europa que renuncia a implementar políticas en defensa de la vida y promoción de la familia. En definitiva, denunciar esa UE que nos suma a las filas cada vez más amplías del euroescepticismo, que nos sitúa frente a la Eurocracia. Queremos otra Europa, esa que cada vez más europeos reivindican con un voto disidente, que va más allá del monopolio popular-liberal-socialista que controla en connivencia las instituciones europeas. Queremos estar allí, y para ello vamos a trabajar, para defender desde los escaños los intereses de España y los españoles.

Comisión Gestora
Madrid, 18 de junio 2018

http://kaosenlared.net/la-extrema-derecha-espanola-forma-una-coalicion-para-concurrir-a-las-elecciones-europeas-de-2019/

 

ALTSASU: LOS FAMILIARES TILDAN LA SENTENCIA DE “BARBARIDAD” Y CONVOCAN UNA MANIFESTACIÓN EL 16 DE JUNIO

Los padres de los condenados recurrirán la sentencia, al considerarla “una vergüenza” y “un absoluto desprecio al principio de justicia”

Padres y madres de los ocho jóvenes condenados a penas de entre 2 y 13 años de cárcel por la agresión a dos guardias civiles en Alsasua han anunciado que sus abogados ya trabajan en los recursos de la sentencia, que tildan de “barbaridad“, pese a que la Audiencia Nacional haya desestimado el delito de terrorismo.

Los familiares de los jóvenes condenados han llegado al local de la calle Mayor de Pamplona, donde han ofrecido una rueda de prensa entre los aplausos de una multitud de personas, que han coreado consignas en la que reclamaban la puesta en libertad de los procesados.

Isabel Pozueta, madre de uno de los condenados, ha señalado posteriormente que esta sentencia es “una venganza“, que tiene “una intencionalidad clara de generar dolor“.

“Estamos muy dolidos, pero vamos a seguir adelante”, ha declarado Pozueta, que ha instado a la sociedad a salir a la calle para decir “basta ya” y en ese sentido ha anunciado una manifestación para el próximo día 16 de junio en Pamplona.

Tras resaltar que “no nos vamos a quedar paralizados por el dolor”, Pozueta ha denunciado “la utilización de nuestros hijos e hijas con una intencionalidad política” y ha considerado que “no es una casualidad” que la sentencia se haya conocido este viernes.

Desde el primer momento, ha recordado, los familiares de los jóvenes han afirmado que los sucesos que tuvieron lugar en el exterior del bar Koxka de Alsasua “no eran terrorismo”.

Sin embargo, ha lamentado, “sabiendo que el caso de terrorismo iba a quedar en humo”, el proceso se trasladó a la Audiencia Nacional, porque en todo caso “las penas iban a ser más duras”.

Esta sentencia “es una venganza política”, pero “no vamos a caer en la provocación”, ha declarado Pozueta, que ha resaltado que no desean la cárcel “ni para nuestros hijos ni para nadie”.

Edurne Goikoetxea, madre de otro de los condenados, ha asegurado que la situación de las familias, ante esta “sinrazón”, es “muy delicada” y “sólo lo compensa la solidaridad de la gente”.

Sus hijos “ni son linchadores ni son agresores“, sino que son “unos buenos chavales”, ha subrayado Goikoetxea, que ha manifestado que “el pueblo de Alsasua no se merece esto” y ha advertido de que van a llegar “hasta donde haga falta” para defender la inocencia de los condenados.

Al respecto, ha hecho un llamamiento a los partidos que “con la ‘coletilla’ de terrorismo no se quisieron acercar a este caso” a que ahora se interesen por el mismo y les escuchen “sin ese prejuicio”.

Otra de las madres de uno de los condenados ha comentado que hoy mismo ha podido hablar con su hijo, que le ha comentado que estaba “contento porque lo de terrorismo ha caído” y le ha tranquilizado, confiando en los recursos que se van a presentar.

Diario de Navarra

Condenado a 5 años y 9 meses, el cuñado del ilegítimo jefe del Estado debería ingresar en prisión, aunque todavía puede eludirla

Urdangarín-y-su-cuñado-620x330

El Tribunal Supremo ha condenado Iñaki Urdangarin a 5 años y 9 meses de prisión en el marco del caso Nóos, con lo que debería ingresar en prisión. De este modo, el alto tribunal ha ratificado la condena, aunque le rebaja 5 meses la pena que impuso la Audiencia de Baleares.

No obstante, fuera de ella todavía, aún puede evitar la cárcel. Y es que el marido de la infanta Cristina y cuñado del ilegítimo jefe del Estado, el rey Felipe VI, todavía puede solicitar el indulto o recurrir al amparo del Constitucional.

http://insurgente.org/condenado-a-5-anos-y-9-meses-el-cunado-del-ilegitimo-jefe-del-estado-deberia-ingresar-en-prision-aunque-todavia-puede-eludirla/

Decenas de miles de vascos hacen una cadena humana por el derecho a decidir

img_melies_20180610-131103_imagenes_lv_terceros_jsad-kUjH--992x558@LaVanguardia-Web

Decenas de miles de personas han participado hoy en la cadena humana que ha partido de San Sebastián y ha acabado en Vitoria después de pasar por Bilbao en favor del derecho a decidir en Euskadi.

Los organizadores de este evento, la plataforma Gure Esku Dago (Está en nuestras manos), ya anunciaron ayer que habían logrado las 100.000 adhesiones que necesitaban para unir las tres capitales vascas en una cadena en la que han participado dirigentes de los partidos y sindicatos nacionalistas.

La movilización ha acabado frente al Parlamento Vasco y allí la ha apoyado con su presencia su presidenta, Bakartxo Tejeria, y varios cargos y parlamentarios de su partido, el PNV, y de EH Bildu.

Entre el recorrido de 202 kilómetros ha habido puntos dedicados al apoyo a Catalunya, con participación de miembros de la ANC, Òmnium Cultural, ERC y la CUP, y a los condenados por agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra).

Además de Tejeria, han secundado el llamamiento en favor del derecho de autodeterminación los alcaldes de las tres capitales y los diputados generales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, todos ellos del PNV. También anunciaron su presencia los exlehendakaris Juan José Ibarretxe y Carlos Garaikoetxea.

http://www.lavanguardia.com/politica/20180610/444285901080/vascos-cadena-humana-derecho-a-decidir.html

La CPDT recopila 1.014 casos de tortura en 2017 en el Estado español, la mayor cifra desde 2004

TorturaMural

Este aumento, según señalan desde la Coordinadora, está relacionado con la violencia policial que tuvo lugar el día 1 de octubre en Catalunya, con motivo de la celebración del referéndum.

1.014 personas sufrieron torturas en 2017 por parte de los Cuerpos de Seguridad del Estado y funcionarios de prisiones y centros de menores en 224 situaciones, según recoge el último informe publicado por la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT). La cifra supone el doble de situaciones de torturas y malos tratos que se dieron en 2016, y casi cuatro veces más el número de personas afectadas. Entre 2004 —año del primer informe— y 2017, la Coordinadora ha recopilado 3.602 casos de torturas y malos tratos, y 9.085 personas afectadas.

Este aumento, según señalan desde la Coordinadora, está relacionado con la violencia policial que tuvo lugar el día 1 de octubre en Catalunya, con motivo de la celebración del referéndum. Desde la CPDT también señalan el incremento de violencia contra población migrante.

“Hemos valorado respecto al incremento dos cosas fundamentales, el 1 de octubre hubo una situación en la que más de 500 personas fueron afectadas, que son más del 50% de las personas afectadas que recoge el informe”, afirma Carlos Hernández, miembro de la Asociación Salhaketa Bizakia, una de las participantes en la CPDT, quien destaca también el aumento de agresiones sufridas por personas migrantes, sobre todo en situaciones que tuvieron lugar dentro de centros de internamiento de extranjeros”.

El informe detalla que estas agresiones tuvieron lugar cuando las personas afectadas se encontraban bajo la custodia de funcionarios, ya sea en comisarías, cuarteles, prisiones y otros centros de privación de libertad, como los centros de internamiento de extranjeros, así como en el transcurso de intervenciones policiales, especialmente en manifestaciones. También advierten que, aunque son todas las que están, no están todas las que son. Como en los anteriores años, muchas de las denuncias han sido excluidas del informe por petición expresa de las personas afectada o porque no se ha conseguido reunir información suficiente. También, y especialmente, la Coordinadora señala que la mayoría se situaciones de torturas o malos tratos no son denunciadas nunca, especialmente en el caso de las personas presas, sin hogar y migrantes, que son especialmente vulnerables.

Por territorios, la comunidad autónoma con más incidencia es Catalunya. Reúne el 61% de las personas afectadas por torturas y malos tratos y el 47,3% de las situaciones. Ceuta fue el segundo territorio en número de personas que han sufrido torturas y malos tratos —117—, seguida de Madrid —102—. “En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla el elevado número de personas afectadas tiene otra explicación, que no es sino la presencia de la Frontera Sur tanto del Estado español como de la Unión Europea, con todas las cuestiones de violaciones de derechos que ello conlleva y su incidencia en el elevado número de personas afectadas por la violencia que suponen las torturas, los malos tratos y otros tratos crueles o degradantes”, explican desde la CPDT, refiriéndose al informe elaborado por Iridia.

En cuanto al tipo de funcionarios denunciados por torturas o malos tratos, los agentes de la Policía Nacional son los que acumulan más denuncias: 82 situaciones —la tercera parte de las recopiladas— y 551 personas afectadas —más de la mitad del total—. Les sigue la Guardia Civil, con 41 situaciones de torturas y malos tratos y 338 personas afectadas. Desde la Coordinadora puntualizan que en muchas de las situaciones participa más de un cuerpo de seguridad.”Prácticamente todos los cuerpos han recibido denuncias, por lo que se puede ver que la práctica de torturas y malos tratos está generalizada y además se extiende por todo el territorio”, señala Hernández.

1 DE OCTUBRE EN CATALUNYA

1 de octubre de 2017. Escola Infant Jesús, en Barcelona.
Agentes antidisturbios del CNP se presenta en el centro electoral Escola Infant Jesús sobre las 9.20h del 1º de octubre, donde disolvieron a la gente allí concentrada con golpes de porra, empujones y patadas. Al menos seis personas tuvieron que ser atendidas de diversas lesiones, entre ellas cuatro hombres y una mujer: B.R., uno de los hombres allí concentrados, recibió un fuerte golpe de porra en la mano que le produjo una herida que requirió de puntos de sutura. Otro hombre sufrió un traumatismo craneoencefálico como resultado de una patada en la cabeza propinada por uno de los agentes del CNP y otra mujer sufrió un traumatismo craneoencefálico leve al ser arrojada al suelo con violencia por los agentes de policía. El resto de los heridos sufrió contusiones y heridas de menor consideración.
Testimonio de la abogada de algunos de los afectados. 

Solo el 1 de octubre se contaron 61 situaciones en las que se dieron casos de torturas y malos tratos por parte de los cuerpos policiales en las que se vieron afectadas 541 personas, según el informe de la CPDT. La cifra, que recoge las denuncias a las que han tenido acceso la Coordinadora y las 43 organizaciones que la forman es, sin embargo, baja si se la comparada con las expuestas en el informe realizado por #Somdefensores sobre la jornada, donde se recopilan cerca de 900 agresiones policiales, algunas de ellas de mucha gravedad y que supusieron la hospitalización de las personas afectadas.60 de las situaciones recogidas referentes al 1 de octubre tuvieron lugar en Catalunya —583 personas afectadas— y la restante en Madrid —tres personas afectadas—. La Policía Nacional —39 situaciones y 336 personas afectadas— y la Guardia Civil —22 situaciones y 205 personas afectadas— protagonizaron todos estos casos.

LAS MOVILIZACIONES, EL PRINCIPAL MARCO DE TORTURAS Y MALOS TRATOS

18 de junio de 2017. Centro social La Trinchera, en Madrid.
La Policía Nacional entró en el CSO La Trinchera, en Madrid, desalojándolo de manera ilegal y deteniendo a las siete personas que se encontraban en su interior. Todas ellas denunciaron haber sido golpeadas por agentes del CNP durante el desalojo. Una de las personas agredidas tuvo que ser atendida por los servicios médicos por un traumatismo craneoencefálico, fruto de la violencia utilizada por los agentes durante el desalojo, y otra tuvo que ser trasladada al hospital desde la comisaría para ser operada de una afección cardiaca. Una de las personas agredidas era menor de edad.
Testimonio del centro social La Trinchera.

Atendiendo a las circunstancias de las personas afectadas o de las situaciones, las movilizaciones sociales fueron el marco en el que se produjo el mayor número de agresiones policiales, en relación, sobre todo, a la celebración del referéndum catalán. En total fueron 61 situaciones en las que se contaron 618 personas afectadas.

EL FOCO EN LAS PERSONAS MIGRANTES

28 de septiembre de 2017. CIE Zapadores, en Valencia.
39 migrantes internados en el CIE de Zapadores presentaron una denuncia colectiva por malos tratos por parte de la Policía, así como por las condiciones degradantes de privación de libertad en las que se encontraban. Los internos relatan en su denuncia que la policía los llevaba en diversas ocasiones, y por turnos, a una pequeña celda en la que no existen cámaras, donde los golpeaban. Los agentes no les permiten salir al baño por la noche, por lo que tienen que hacer sus necesidades en botellas. Las duchas no cuentan con agua caliente y existe una plaga de chinches. En ocasiones, no les permiten o les interrumpen las prácticas religiosas de algunos internos, habiendo incluso recibido golpes durante el rezo.
Testimonio de las personas afectadas.

El otro gran grupo de afectados fueron personas migrantes. En 2017 hubo 56 situaciones de torturas o malos tratos en los que los cuerpos policiales agredieron a un total de 287 personas migrantes. Es casi el doble de las agresiones a migrantes contabilizadas por la CPDT en 2016 y seis veces más que en 2004 —47—, aunque menos de las 355 que la Coordinadora recogió en 2014, el año en el que se contaron más personas migrantes que sufrieron situaciones de tortura y malos tratos, y también el año en el que 15 personas murieron ahogadas en El Tarajal mientras agentes de la Guardia Civil les disparaban balas de goma.Además de las violaciones de derechos en la Frontera Sur, la Coordinadora también señala las agresiones que tuvieron lugar en los centros de internamiento de extranjeros (CIE) tras las protestas por parte de las personas internas o en la cárcel usada durante dos meses como uno de estos centros en Archidona (Málaga).

EL INFIERNO EN LAS PRISIONES

20 de junio de 2017. Centro Penitenciario Madrid VI, en Aranjuez
H.Z.G., preso en la cárcel de Madrid VI-Aranjuez, en el módulo de aislamiento, fue visitado por dos funcionarios de malos modos. Uno de ellos le dijo que no se resistiera y que sacara las manos por las rejas de la celda. Automáticamente le esposaron a las mismas entrando los funcionarios en el interior. Lo sacaron del módulo 1 de aislamiento y lo trasladaron al n° 3 de aislamiento, allí acudieron dos funcionarios más, le ataron a la cama con correas, alegando que estaba muy nervioso y alterado. Durante el traslado del módulo 1 al 3 de aislamiento, lo llevaron a un ángulo muerto (para no ser grabados) y es ahí donde se ensañaron con él, propinándole una paliza brutal que le ocasionó lesiones en ojos, cara, manos, costillas y piernas. Entre otras situaciones, denunció que le pisotearon el cuello y la cabeza.
Testimonio de la persona afectada.

Tras las movilizaciones y las personas migrantes, las personas presas fueron las que más denunciaron haber sufrido malos tratos y torturas, aunque, según señala el informe, este tipo de denuncias ha bajado en los últimos catorce años, unos datos que —advierten— no tiene por qué corresponderse con una bajada real en este tipo de violaciones de derechos humanos. “Queremos destacar la especial dificultad que entraña para las personas presas denunciar a los funcionarios que van a seguir ejerciendo su custodia, con el peligro que ello conlleva”, señala el informe, que añade que, en muchas ocasiones, la persona presa que denuncia una primera agresión suele denunciar otras con posterioridad.En total, 59 personas presas denunciaron haber sufrido torturas o malos tratos en 2017. Son nueve más de las denuncias recogidas en 2016 y 22 más de las 37 recogidas en 2015 —año con menor denuncias de este tipo—, pero menos de la mitad de las 127 recopiladas en 2004, primer año de elaboración del informe.

El informe de la CPDT también dedica un espacio a las muertes bajo custodia, aunque advirtiendo que los números de los casos recopilados son muy inferiores a los reales, como cada año demuestran las cifras oficiales de Instituciones Penitenciarias —una media de 233 fallecimientos al año en prisiones—.

La Coordinadora recopiló en 2017 el caso de 55 personas fallecidas bajo custodia o durante intervenciones policiales. El 49% de estos casos tuvieron lugar en prisiones y el 35% durante intervenciones policiales.

IMPUNIDAD, LA GRAN LOSA

Desde la CPDT vuelven a incidir en la impunidad que disfrutan los funcionarios que participan en actos de torturas y malos tratos. “A veces tenemos la sensación, no solo de que no se persigue la tortura por parte del Estado español sino que en muchas ocasiones se ‘premia’”. La Coordinadora recuerda las condecoraciones otorgadas a miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que han tenido condenas por torturas y malos tratos, más allá de casos como el de Antonio González Pacheco, ‘Billy El Niño’, u otros relacionados con el régimen franquista.En concreto, señalan que el coordinador del operativo unificado de la Guardia Civil y la policía Nacional el 1 de octubre en Catalunya, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, fue acusado de un caso de torturas por parte de una persona que estuvo sometida al régimen de incomunicación en 1992, hechos por los que fue juzgado en 1997. Él fue finalmente exonerado —se le quitó la responsabilidad en el caso—, según publica Naiz. Los otros tres agentes implicados fueron condenados a penas de hasta doce años y seis meses de cárcel, pero fueron indultados dos años después por el primer gobierno de José María Aznar.

“Encargar estas responsabilidades a personas con este pasado da un mensaje de ‘premio’ a determinadas actitudes y conductas, que valoramos como muy peligroso”, advierten desde la Coordinadora.

También hacen referencia al ascenso de Héctor Moreno en 2017 como jefe de la Policía Nacional de Cantabria por parte del Ministerio de Interior. Moreno fue condenado en 1994 por la Audiencia Provincial de Madrid por torturar y retener ilegalmente a siete personas —una de ellas jurista—. La sentencia le condenaba a cinco meses de cárcel y 48 años de inhabilitación, pero también fue indultado por el Gobierno de Aznar en 1998, según publica Público.