LA HUELLA FRANQUISTA EN LAS FUERZAS ARMADAS: DE LA DEFENSA DEL DICTADOR A LAS CRÍTICAS DE LA MEMORIA HISTÓRICA

Una persona pasa por la antigua estatua de Franco en Melilla | Néstor Cenizo

181 militares retirados publicaron este martes un manifiesto titulado “declaración de respeto y desagravio al general Francisco Franco Bahamonde, soldado de España”, en el que denunciaban la “campaña infame” que está llevando a cabo “la izquierda política” para desprestigiar al dictador a través de la “perversa pretensión” de exhumar sus restos del Valle de los Caídos. Entre los firmantes se encontraban generales, coroneles, almirantes y capitanes de fragata. De hecho, uno de ellos formó parte hasta el 2016 del Ministerio de Defensa como Jefe del Mando de Personal del Ejército de Tierra.

Los firmantes han realizado estas manifestaciones aprovechando que ya no están sujetos al régimen castrense. Todos ellos están retirados y por tanto “en pleno derecho de libertad de expresión”. “Han enseñado la patita estando retirados”, incide Jorge Bravo, secretario de organización de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME). “Estando en activo no muestran la impronta franquista directamente”, añade.

La polémica relación entre franquismo y Fuerzas Armadas no se limita a estas declaraciones. A comienzos de año, el Gobierno reconoció en una respuesta parlamentaria que  subvencionó en la última década con cerca de 5.000 euros al colectivo profranquista AME (Asociación de Militares Españoles). Esta plataforma, que  edita la revista Militares donde es habitual la defensa al dictador, también divulgó en su página web este manifiesto. Bravo asegura que “es habitual que esta asociación se pasee por los cuarteles con su publicación”.

En esta revista se pueden leer constantes críticas a la “impresentable y nefasta” ley de Memoria Histórica. En el último número que aparece colgado en su web, estos militares llegan a asegurar que el cambio de denominación de pueblos con nombres franquistas es una amenaza ya que esta normativa evita, según ellos, “hacer referencia a la fecha de construcción de las obras públicas en el periodo de los 40 años que quienes son herederos de los derrotados en la Guardia Civil han decidido borrar de la Historia de España”.

Agentes del Grupo de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil posan en Melilla frente a la estatua de Franco.
Agentes del Grupo de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil posan en Melilla frente a la estatua de Franco.

Hace tres años una veintena de agentes de los Grupos Rurales de Seguridad (GRS) de la Guardia Civil, se fotografiaron ante la estatua del dictador Francisco Franco en el puerto de Melilla. En la instantánea mostraron una bandera de España, ante la efigie del caudillo.

La vinculación de militares que ya no están en activo con la defensa del dictador llega hasta la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF). Su director, el general de división Juan Chicharro Ortega, lleva en la reserva desde el 2010.  Además de ayudante del rey emérito fue profesor de la Escuela Naval Militar. Las asociaciones y los colectivos en defensa de la memoria histórica muestran su preocupación por la docencia que se imparte en las academia militares. “Falta que en los currículos académicos cale la formación democrática”, señala Bravo.

La asociación para la recuperación de la Memoria Histórica considera que el manifiesto ratificado por casi dos centenares militares retirados demuestra que las Fuerzas Armadas “no ha conseguido romper con el franquismo en todos los eslabones de la cadena”. “Pueden ser militares modernos, con nuevos modelos de defensa, pero la idea que les acompaña es el franquismo”, responde Bonifacio Sánchez miembro de este colectivo.

Efeméride de la Agrupación de Apoyo Logístico Nº61 del Ejército de Tierra
Efeméride de la Agrupación de Apoyo Logístico Nº61 del Ejército de Tierra @JULIO_RODR_

En estas polémicas relaciones, las instituciones también han sido protagonistas. Hace un año, el Ejército de Tierra  publicó el 18 de julio una efeméride que recordaba el “alzamiento cívico-militar” de 1936. Este texto, recogido en una orden de la Agrupación de Apoyo Logístico Nº61, planteaba lo siguiente: “En este día de 1936, oficialmente, se inicia en toda España un alzamiento cívico-militar en el que participa la mayoría del Ejército. Es un día importante en la historia de nuestra patria, que merece ser recordado para que las generaciones futuras eviten que se produzcan las circunstancias que propiciaron el enfrentamiento bélico. Los pueblos que olvidan su historia están irremisiblemente condenados a repetirla”. La exministra María Dolores de Cospedal  tuvo que dar explicaciones por estos hechos en el Congreso. Se limitó a responder que esa efeméride se difundía desde el 2005.

También bajo el mandato de Cospedal, el Ministerio tuvo que aclarar por qué el Ejército del Aire  definía a Joaquín García-Morato como un “héroe indiscutible”pese a ser uno de los máximos responsables de los bombardeos franquistas sobre Andalucía durante la guerra civil. El militar rebelde, según la página web dependiente del Ministerio de Defensa, hizo una “carrera desbordante de cazador excepcional” tras el golpe de Estado. Una foto de Cospedal en la Semana Santa del 2017 visitando a la Cofradía de la Misericordia de Málaga, en cuya capilla reposan los restos del militar golpista, sacó esta reseña a relucir. “En la visita oficial no estaba programada visitar la tumba de este militar”, aseguraron desde Defensa.

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, en la visita a la tumba del aviador franquista Joaquín García-Morato. | @cfdmisericordia
La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, en la visita a la tumba del aviador franquista Joaquín García-Morato. | @cfdmisericordia

Por su parte, en las instalaciones del Centro de Estudios para la Defensa Nacional (CESEDEN), un organismo del Ministerio de Defensa, acogieron en 2016 unaconferencia de Stanley Payne sobre el golpe de Estado del 18 de julio que ha señalado a la II República como culpable. La charla tuvo como tesis central que fueron los representantes del régimen democrático, y no quienes se alzaron en armas, los responsables de que estallase la Guerra Civil en 1936.

“Tiene que haber una política de Estado que resuelva estos problemas”, incide el portavoz de la asociación para la recuperación de la Memoria Histórica sobre la defensa del franquismo en instituciones vinculadas a Defensa. Esta plataforma propone al Gobierno que realice “un inventario de simbología franquista” en unidades militares. Desde AUME aseguran que se conservan nombres de generales golpistas en algún cuartel y que en algún despacho se puede llegar a encontrar algún símbolo franquista. “Aunque no se mantienen de manera oficial”, apunta Bravo.

Recientemente, la opositora que se presentó a las pruebas para optar a una plaza de psicóloga militar, y que en un principio fue rechazada por un tatuaje en el pie, destacaba cómo le había sorprendido ver una foto de Franco en un pasillo de la Escuela de Sanidad Militar. El exteniente Luis Gonzalo Segura considera que es “imposible combatir desde dentro la mentalidad dominante”. “El franquismo es más dominante cuanto más se asciende en el escalafón”, finaliza.

Eldiario

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Puertas giratorias made in PSOE: El ex ministro de ZP, Jordi Sevilla, nuevo jefe de Red Eléctrica

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No ha habido gobierno que no haya privatizado empresas públicas, es decir, empresas creadas con dinero de los contribuyentes y que un grupo empresarial termina adquiriendo. Desde Felipe González a Aznar, esto fue una constante. Una de esas empresas fue la Red Eléctrica. Los ministros, senadores, diputados, altos cargos de la administración han entrado y salido de esas empresas privatizadas con total impunidad democrática-empresarial. Su presencia en sus respectivas direcciones (cuyo trabajo era acudir a tres reuniones al año) es pagada con generosidad y agradecimiento a los servicios prestados. Son las famosas “puertas giratorias”. En las últimas horas, el ex ministro Jordi Sevilla es el nuevo jefe de RED ELÉCTRICA, privatizada a finales de los noventa.

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El consejo de administración de Red Eléctrica Corporación ha nombrado este martes nuevo presidente no ejecutivo al exministro valenciano Jordi Sevilla, relevando en el cargo a José Folgado, informó el grupo.

Desde noviembre de 2016, Sevilla, exministro de Administraciones Públicas y que fue también asesor en materia económica del PSOE en el equipo económico de Pedro Sánchez hasta septiembre de ese mismo año, ocupaba la vicepresidencia de la firma de comunicación y relaciones públicas Llorente & Cuenca. Sevilla pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, donde ha desempeñado distintos cargos en la Administración.

Aparte de ministro entre 2004 y 2007, fue jefe de Gabinete del ministro de Economía y Hacienda entre 1993 y 1996. En su etapa al frente de Administraciones Públicas impulsó la Ley de Administración Electrónica y el Estatuto Básico del Empleado Público. También ha sido durante diez años diputado, portavoz de Economía en el Congreso y presidente de la Comisión del Cambio Climático.

Tras dejar el escaño en 2009,trabajó durante seis años como ‘senior counselor’ de PwC,desde donde asesoró a empresas y a administraciones, y dirigió el proyecto ‘España 2033’. También ha sido profesor en la EOI y en el Instituto de Empresa (IE).

Sevilla consideró “todo un reto asumir la presidencia de una gran empresa como Red Eléctrica, en un sector regulado en el que se debe compaginar la garantía de un buen servicio de suministro eléctrico con la asunción de los nuevos desafíos asociados a la digitalización y la transición hacia una economía sostenible y descarbonizada”. “Confío en la profesionalidad de sus trabajadores y directivos para alinear nuestros esfuerzos con lo que ya es un gran objetivo nacional”, subrayó el nuevo presidente del operador del sistema eléctrico, según recogen agencias.

http://insurgente.org/puertas-giratorias-made-in-psoe-el-ex-ministro-de-zp-jordi-sevilla-nuevo-jefe-de-red-electrica/

Siete heridos en el municipio catalán de Manresa en un ataque de fascistas españoles

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Siete independentistas resultaron heridos en la madrugada del lunes en el municipio catalán de Manresa, tras ser agredidos por fascistas españoles contrarios a la secesión.

Según informó la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) a través de su cuenta de Twitter, el ataque se produjo mientras los independentistas trataban de colgar una estelada (bandera independentista).

Seis de los afectados tuvieron que ser trasladados a un centro médico para recibir atención sanitaria.

Organizaciones antifascistas convocaron una manifestación de repulsa.

La concentración será la tarde de este 30 de junio a las 20.00 horas (hora local) en la plaza 11 de setembre, de Manresa.

El pasado 26 de julio el presidente de la Generalitat (Gobierno catalán), Quim Torra, pidió a la Policía catalana (Mossos d’Esquadra) que pusiera “la máxima atención a los brotes fascistas y desactive esta amenaza”.

“No podemos tolerar que haya sectores de la población que vivan con el miedo a ser agredidos y atemorizados por violentos totalitarios”, agregó el presidente catalán en referencia a los ataques registrados los pasados días contra militantes independentistas, por parte de grupos de ultraderecha defensores de la unidad de España.

Con información de Sputnik

https://diario-octubre.com/2018/07/30/siete-heridos-en-el-municipio-catalan-de-manresa-en-un-ataque-de-fascistas-espanoles/

EL APOYO A LA MONARQUÍA NO LLEGA AL 50%, PANEL ELABORADO CTXT / ELECTOMANÍA

Más de seis de cada diez encuestados se muestran partidarios de un referéndum sobre el modelo de Estado
→ “Más de seis de cada diez encuestados, partidarios de un referéndum → “El 80% de catalanes y el 77% de vascos, a favor de la República → “Las Castillas son las más monárquicas, con casi un 60% de apoyo

25 DE JULIO DE 2018. La monarquía sigue siendo la opción preferida por los españoles, pero tiene ya menos del 50% de apoyos y los partidarios de la república han aumentado, de manera que casi igualan a los primeros. Este es el principal resultado del panel especial elaborado por Electomanía en colaboración con CTXT en el que consultamos lo que el CIS no se atreve a preguntar desde hace algunos años: la preferencia de los españoles sobre el modelo de Estado y su valoración de la Familia Real. El estudio se ha realizado a partir de una muestra de 2848 respuestas mediante panel online, a lo largo del territorio nacional, y durante un trabajo de campo entre el 17 y 22 de Julio de 2018.

Monarquía o República

Cataluña, País Vasco y Baleares (junto con la mayoría de regiones periféricas y las islas) son de largo las comunidades autónomas más republicanas. Por contra, Castilla y León, Castilla-La Mancha y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla son las comunidades más monárquicas, y apuestan claramente por la continuidad de la monarquía parlamentaria.

Si nos fijamos en el detalle por franja de edad, observamos tres grandes bloques bien diferenciados. Por un lado los jóvenes (menores de 35 años) creen que sería mejor una república, frente a los mayores (de más de 55 años) que consideran que es más adecuado continuar con una monarquía parlamentaria. El grupo de edad comprendido entre ambos se divide casi a partes iguales entre las dos opciones.

Son muy significativas las enormes diferencias que existen entre los simpatizantes/votantes de los distintos partidos políticos, siendo PP y Ciudadanos los más favorables a la corona, mientras PSOE y, sobre todo, Unidos Podemos, se muestran partidarios de una república.

Entre las formaciones minoritarias y los nacionalistas, únicamente Vox prefiere la monarquía. El resto apuesta sin tapujos por un modelo de Estado republicano.

Apoyo a un referéndum para decidir la Jefatura del Estado

Preguntados sobre su apoyo a la convocatoria de un referéndum para decidir el modelo de Jefatura del Estado, la gran mayoría se muestran partidarios de realizar una consulta. En concreto más de 6 de cada 10 encuestados creen necesario votar para elegir entre monarquía o república.

Por comunidades, no hay ninguna en la cual sus ciudadanos se opongan a la consulta, si bien se mantiene la analogía con respecto al apoyo monarquía/república: Cataluña y País Vasco son las más partidarias de votar y Ceuta y Melilla las menos partidarias (aún superando el 50% de favorables al referéndum).

En cuanto al desglose por partidos, los votantes del PP son los únicos de entre los partidos con representación que mayoritariamente se oponen a la celebración de un hipotético referéndum sobre la continuidad de la monarquía. Por el contrario, entre los partidos de izquierdas y los nacionalistas, la mayoría favorable al referéndum es muy abultada. Los votantes de Ciudadanos están divididos casi por la mitad.

Valoración de las principales figuras de la monarquía

El rey Felipe VI recibe un aprobado alto por parte de los españoles (5,7), mientras su padre, el rey emérito, suspende con contundencia (3,2).

La reina Letizia se queda solo un poco por encima de Juan Carlos (3,7). La valoración de Juan Carlos es significativamente mejor cuanto más a la derecha se sitúan los votantes (llega a aprobar entre los del PP), mientras que Letizia, aún suspendiendo claramente, aguanta algo mejor el tipo entre el electorado de centro y de izquierdas.

Una institución en la cuerda floja

La imagen general que deja el estudio es la de una opinión pública dividida por la mitad en este asunto, con una clara disparidad entre las opiniones de la izquierda y la derecha, y en el que la monarquía aún conserva algo de ventaja gracias exclusivamente a la valoración personal de Felipe VI.

Lo que sí parece claro es que una mayoría amplia de españoles quiere decidir entre los dos modelos en un referéndum consultivo, independientemente de su posición al respecto de la Jefatura de Estado.

Históricamente el CIS preguntaba sobre la valoración de la monarquía en nuestro país, algo que cambió en 2015 cuando la institución se situaba en cifras muy negativas tras el estallido del caso Noos. Desde ese momento pocas encuestadoras han preguntado a los españoles sobre su valoración de este asunto.


Electomanía publica hoy también su panel mensual de intención de voto. Este estudio recoge en parte el “efecto Casado” ya que parte de la muestra es posterior a la proclamación del nuevo Presidente del PP.

Los titulares son:

• El PP recupera terreno, subiendo casi 4 puntos respecto al anterior panel.

• Ciudadanos es penalizado, pues parte de sus votantes vuelven a apostar por el Partido Popular, algo similar a lo que le ocurre a Vox.

• El PSOE se mantiene fuerte en la primera plaza, captando más apoyos, mientras Unid@s Podemos desciende 2 puntos, distribuidos a partes iguales entre la abstención y el PSOE.

Más información aquí.

CTXT

EL GOBIERNO DE AZNAR SUBVENCIONÓ ORDENADORES, MUEBLES, EXTINTORES Y UNA TRITURADORA DE PAPEL A LA FUNDACIÓN FRANCO

Entre 2000 y 2003 concedió 150.845,77 euros a la organización fascista, supuestamente para proyectos de “microfilmación” de documentos de este archivo privado

La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), que ahora el Gobierno de Pedro Sánchez quiere ilegalizar, se presentó durante cuatro años a subvenciones públicas para mejorar su archivo. Y las ganó.

Según cuenta la propia asociación en su memoria y confirma la administración pública,  los 150.845,77 euros que obtuvo entre 2000 y 2003 bajo el mandato de José María Aznar, los empleó en digitalizar 30.000 documentos procedentes del despacho y las dependencias personales del dictador Franco y de personalidades del régimen que hicieron donaciones. Aunque custodia documentos del que fuera jefe del Estado por levantamiento militar, es un archivo privado, y la subvención la recibió a cambió del compromiso de dejar una copia de la digitalización al Ministerio de Cultura, como así sucedió.

Sin embargo, el dinero no solo se empleó en este proceso puramente técnico, como mantuvo el gobierno del PP en una respuesta parlamentaria al grupo en En Marea. Cuando el ejecutivo de Rajoy confirmó esas cifras por escrito, en enero de 2017, puntualizó que la subvención fue obtenida en una convocatoria de “libre concurrencia” e  informó de que se empleó, literalmente, “en el desarrollo de proyectos archivísticos“. Lo que no puntualizó es el desglose de gastos, que muestran que también se mejoró la sede de la Fundación Nacional Francisco Franco con ese dinero. eldiario.es ha tenido acceso a todos los documentos y facturas desglosadas justificadas de esos años gracias a una petición de información al Portal de Transparencia.

La información remitida por el subdirector general de Archivos Estatales a este medio (abajo, el resumen de las subvenciones año a año) muestra que, aunque dos tercios de la ayuda se emplearon en la microfilmación, también se compró material para la Fundación y se invirtió en la seguridad de su local.

Al bucear en las facturas de estos cuatro años se puede comprobar que con el dinero que aportaba el Estado (más el 10% de esa ayuda que aportó cada año la propia Fundación) se contrató a un auxiliar administrativo durante tres años y se pagó a una asesoría contable y fiscal durante dos. Según el recibo que aparece en el expediente, este servicio asesor se circunscribió al proyecto de microfilmado: costaba 25.000 pesetas (150 euros) al mes las gestiones por este asunto.

En el apartado de “operaciones de inversión” se pueden ver gastos justificados y abonados por el Estado como un escáner (204 euros), una impresora, tres ordenadores (de unos 1.500 euros), una encuadernadora (444,27 euros), cartuchos de impresora, armarios archivadores de microfilm o un vídeo adquirido en El Corte Inglés por 23.000 pesetas (138 euros). En la misma factura, del año 2001, hay una televisión, que no se subvencionó y fue abonada por la FNFF. De hecho, en su respuesta a eldiario.es, el Ministerio puntualiza que se pidió el reintegro de 834,34 euros de ayudas ese año 2001 porque la cantidad no había sido “adecuadamente justificada” por la Fundación. También se aprecian gastos menores como un flexo halógeno negro comprado en una tienda de la calle Alcalá de Madrid por poco más de 20 euros (3.447 pesetas de la época).

La FNFF justifica en su memoria que estas inversiones se hicieron para los investigadores externos que quisieran consultar los documentos en sus instalaciones. Una explicación en la que tiene dudoso encaje, por ejemplo, la destructora de documentos que compraron y que financió el Estado con 528,10 euros. Las mejoras e inversiones, utilizadas exclusivamente o no por los investigadores externos, han quedado para la sede de la Fundación y para su funcionamiento.

La factura que muestra la compra de una encuadernadora y una trituradora
La factura que muestra la compra de una encuadernadora y una trituradora

Pero hay más compras. Por ejemplo, en 2001 la Fundación Franco pasa a cuenta de las arcas públicas una Copiadora Xerox 5828 que costó 694.000 pesetas (más de 4.000 euros) o un mueble y silla por 318 euros. Este mobiliario, según explica la Fundación en la memoria a la que ha tenido acceso eldiario.es, se ha empleado en una “sala de investigación” con “tres equipos informáticos para los puestos de consulta y medios que faciliten la labor de los investigadores” que quisieran visitarla. El archivo es de titularidad privada.

Pero, además, la organización que ensalza el legado del dictador adecuó sus instalaciones con un sistema de seguridad y antiincendios con estas mismas subvenciones bajo el gobierno de Aznar: 4.508,24 euros que comprendieron detector de humos, pulsador de alarma o extintores. También invirtieron 2.488,90 euros en un sistema antirrobo en el año 2002. Según se relata en las memorias de la FNFF, se instalaron en la zona del archivo.

En la parte de la filmación, se hizo cargo la empresa Proco y se creó una base de datos de “todos los documentos existentes en el Fondo”, se digitalizó en rollos de 35mm y CD las páginas y también se aportaron a la Fundación Franco los muebles de almacenamiento de este material.

Cuando se entregaron a la administración pública los 230 rollos de microfilm, los expertos del Centro Documental de la Memoria Histórica alertaron de que podría haber secretos oficiales contenidos en ese material por las marcas que apreciaron y, según otra respuesta parlamentaria del Gobierno a Alberto Garzón (Unidos Podemos), el subdirector de Archivos Estatales remitió entonces a la fundación franquista la petición de que los retirara del acceso público por su importancia, aunque sigue custodiándolos pese a ser un archivo privado.

eldiario.es ha preguntado a la Fundación Franco si ha retirado los documentos secretos y si el material ofimático y de seguridad que compró con la subvención está solo circunscrito al uso de investigadores externos. De momento, este medio no ha obtenido respuesta.

En la plaza de Vic habían colocado 2.500 cruces amarillas; alguien al volante de un coche las ha derribado (vídeo)

Un personajillo al volante de un coche (unionista, además de imbécil, se supone) ha puesto en peligro la integridad física de algunas personas que paseaban por la plaza Mayor de Vic. Y es que ha entrado a gran velocidad en el citado espacio con el propósito de derribar las 2.500 cruces amarillas que se habían colocado para reivindicar la libertad de los presos políticos catalanes, así como la vuelta a casa de los exiliados.

En un claro atentado contra la libertad de expresión, el personajillo ha pasado por encima de unas cuantas cruces y, obviamente, las ha derribado

La alcaldesa de la localidad, Anna Erra, ha condenado el hecho y ha instado a la ciudadanía a “no caer en sus provocaciones”.

http://insurgente.org/en-la-plaza-de-vic-habian-colocado-2-500-cruces-amarillas-alguien-al-volante-de-un-coche-las-ha-derribado-video/

Reyes, capitalismo y un tren a La Meca

FelipeVisitaASCAB

Aquel parecía un día importante. Los flashes de los fotógrafos no paraban de dispararse mientras la nueva ministra de Fomento, Ana Pastor, mostraba la maqueta del tren de alta velocidad a los dos representantes del gobierno saudí, los ministros de Hacienda, Ibrahim Al-Assaf, y de Transportes, Jabara Bin Eid Alsuraiseri. El Partido Popular llevaba menos de un mes en el gobierno, pero quería apuntarse aquel tanto. Antes también lo había hecho el anterior ministro, el socialista José Blanco.

Unos y otros habían presentado la firma del contrato para la construcción del AVE entre Medina y La Meca como un éxito nacional, como la oportunidad de mostrar al mundo que España era algo más que playas atestadas de gente y turistas haciendo balconing. La Marca España dejaba de apestar a sangría.

En realidad aquel 14 de enero de 2012 no nos interesa demasiado. En política es importante saber dónde disparan los flashes pero en economía es mejor mirar adonde no lo hacen. Esta historia comienza varios años antes, en 2006, cuando el rey Juan Carlos viaja al castillo del magnate de la construcción Manfred Osterwald para asistir a una cena en su honor. El encuentro ha sido organizado por la amante del monarca, Corina zu Sayn-Wittgenstein, y los invitados están allí para hacer negocios. A nosotros nos interesan sobre todo dos de ellos: la millonaria iraní Shahpari Zanganeh y Amr ibn Abdulá al Dabagh, presidente de la Saudi Arabia General Investment Authority (SAGIA), la agencia estatal saudí de inversiones internacionales.

Después de la cena vienen las presentaciones. Sayn-Wittgenstein y Zanganeh han trabajado en varias ocasiones como comisionistas para la SAGIA y conocen muy bien a Dabagh. Ese es exactamente su trabajo: conocer a la gente adecuada, hacer contactos y quedarse con una parte de todo ese flujo de dinero que ayudan a mover de un lado a otro. Juan Carlos I se sienta con el saudí y hablan de negocios. Dabagh le cuenta que el gobierno saudí está interesado en construir una línea de tren de alta velocidad entre las ciudades de Medina y La Meca. El concurso internacional para hacerse con la licencia va a lanzarse dentro de unos meses y hay mucho dinero en juego.

Lo siguiente que sabemos sucede dos meses más tarde. Un avión militar traslada a Riad a una delegación de empresarios españoles en la que también viaja el monarca. La CEOE ha elaborado su propia lista de invitados al viaje, pero el rey y las autoridades saudís tienen otros planes. Como publicará varios años después El Confidencial, la Zarzuela y Riad vetan a algunos de los empresarios propuestos e invitan a Corinna y Zanganeh. Las relaciones del monarca con esta última no habían comenzado en aquella cena. La iraní había sido la segunda esposa de otro saudí, Adnan Khashoggi, un viejo amigo del rey. Khashoggi visitaba todos los veranos la Marbella de Gil, donde tenía una mansión gigantesca y un yate tan grande que hasta The Queen le dedicó una canción. Los lujos de Khashoggi eran pagados con el tráfico internacional de armas, pero el saudí no se limitaba a costear fiestas interminables en Puerto Banús. En 2017, con la muerte del saudí, El economista publicaba que Khashoggi había sido un apoyo moral y económico clave en la consolidación de la monarquía tras la muerte de Franco. La amistad venía de lejos.

Seis meses más tarde de aquel viaje se abre el concurso para la construcción del AVE. El flujo del dinero ha empezado a moverse y los intermediarios intensifican su trabajo. Es entonces cuando aparece en escena otro personaje clave en las negociaciones del AVE a La Meca: Mohamed Eyad Kayali. Kayali es la mano derecha en España del ministro de Defensa saudí, Salman bin Abdelaziz, pero también íntimo amigo del monarca. La actuación de Kayali resulta fundamental y consorcio de empresas españolas acaba ganando el concurso frente a sus competidores. Para celebrarlo, Kayali organiza un viaje: la famosa cacería de elefantes a Botsuna donde Juan Carlos se rompe la cadera. Las cloacas del Estado pueden estar llenas de sótanos y cárceles, pero las del capitalismo se parecen mucho más a hoteles lujosos, aviones privados y yates de muchos metros de eslora.

LA CONSTRUCCIÓN DEL AVE

Volvamos de nuevo a la luz de los flashes y a la sonrisa radiante de Ana Pastor. El contrato que unos y otros firman delante de las cámaras supone un acuerdo de más de 6.700 millones de euros que compromete a un grupo de empresas españolas a la construcción del AVE entre Medina y La Meca. El consorcio está formado por tres empresas públicas dependientes del ministerio de Fomento -Adif, Renfe e Ineco-, y nueve empresas privadas, fundamentalmente grandes constructoras y compañías dedicadas a la alta velocidad –Indra, OHL, Copasa, Consultrans, Cobra, Imathia, Inabensa, Talgo y Dimetronic-.

La línea de alta velocidad debe estar lista para finales de 2016, pero los problemas comienzan a acumularse enseguida. Las empresas chinas y francesas encargadas de la primera fase de las obras se retrasan en las entregas, las dificultades técnicas derivadas de la construcción en el desierto complican las obras y las tensiones en el interior del consorcio son cada vez más fuertes. En 2015, tres años después de la firma de contrato, es evidente que no van a cumplirse los plazos. Los sobrecostes se acumulan y lo que parecía un negocio seguro se convierte en un agujero en el que desaparecen miles de millones de euros. El consorcio de empresas calcula que los costes se han incrementado en 1.800 millones respecto al presupuesto inicial, pero Arabia Saudí no está dispuesta a asumirlo. El gobierno decide dejar de pagar las obras y el flujo de dinero se corta.

A finales de 2016 el consorcio de empresas españolas negocia un nuevo plazo de entrega que da un margan de otros catorce meses para acabar los 450 kilómetros de trazado. Arabia Saudí reconoce además unos sobrecostes de 140 millones de euros, pero se niega a asumir los 1.800 que plantea el consorcio. El dinero necesario se saca de un fondo de contingencia que crean las empresas para asumir imprevistos, pero enseguida se muestra que es insuficiente y se requiere una nueva inyección. La falta de dinero aumenta las tensiones en el interior del consorcio, donde se suceden los cambios en los puestos de responsabilidad. Nadie parece capaz de llevar a buen puerto las negociaciones con los saudís, que se resisten a alterar las condiciones del contrato inicial.

Estas negociaciones recaen en buena medida en el monarca, que moviliza sus contactos para que el negocio continúe produciendo beneficios. Los viajes entre Madrid y Riad se suceden y los interrogantes comienzan a acumularse. Tres de las empresas que participan en el consorcio son públicas, pero el gobierno no aclara cómo se van a asumir los sobrecostes ni de dónde ha salido el dinero para el fondo de contingencia. También se desconoce el papel jugado por CESCE, una compañía con participación mayoritaria del Estado y que en junio del 2012 se encargó de asegurar las inversiones para el trazado del AVE mediante la firma de varias pólizas.

Hoy esos interrogantes siguen sin resolverse y los problemas continúan creciendo. El plazo de entrega acordado en 2016, que establecía como límite para el comienzo de los viajes comerciales el mes de marzo de 2018, ha vuelto a incumplirse y se ha fijado una nueva fecha para septiembre de 2019. Por su parte, las últimas informaciones han revelado la comisión que cobró el monarca por la gestión inicial en la adjudicación del contrato, aunque desconocemos si las tres empresas públicas del consorcio también han participado en el pago. Tampoco sabemos de dónde salió la comisión de Zanganeh, que recibió 134 millones de euros por su gestión, ni la forma en que van a asumirse los sobrecostes de las obras que el gobierno saudí se niega a reconocer.

https://www.elsaltodiario.com/casa-real/reyes-capitalismo-y-un-tren-a-la-meca