CUATRO DETENIDOS EN TURQUÍA POR MOSTRAR UNA BANDERA ARCOIRIS

Turquía.- Cuatro detenidos por mostrar una pintura de La Meca con una  bandera arcoíris

Cuatro personas han sido detenidas durante una manifestación en Turquía por mostrar una pintura en la que aparece la Kaaba, el lugar más sagrado del Islam, en La Meca, y una bandera arcoíris utilizada por el movimiento LGTBI.

La oficina del gobernador de Estambul ha informado de los arrestos, ocurridos el viernes durante una protesta pacífica por el nombramiento del nuevo rector de la Universidad de Bogazici.

La imagen de la protesta se difundió por redes sociales y desató una agria polémica entre sectores conservadores islámicos respaldados por cargos públicos como el ministro del Interior, Suleyman Soylu, o el de Justicia, Abdulhamit Gul. Soylu ha condenado en Twitter este “ataque irrespetuoso” por parte de “pervertidos LGTB”.

La agencia de noticias estatal, Anatolia, ha informado de las cuatro detenciones ya el sábado poco después de que la Fiscalía abriera una investigación por “insultos a los valores religiosos”. La Policía busca a dos implicados más, según la oficina del gobernador de Estambul.

Las protestas estudiantiles estallaron después de que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, nombrara a Melih Bulu como nuevo rector de la Universidad de Bogazici. Bulu fue candidato al Parlamento por el Partido Justicia y Desarrollo (AKP) de Erdogan en 2015. Los estudiantes y profesores denuncian un intento de limitar la libertad académica en la Universidad de Bogazici, una de las más antiguas y prestigiosas del país. Erdogan ha criticado a los “terroristas” que fomentan las protestas.

EL SEXTO ANIVERSARIO DE FELIPE VI LLEGA CON LA MONARQUÍA EN SU PEOR MOMENTO

Rey en Centro de Emergencias
El Rey Felipe VI durante su visita al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias realizada el pasado 14 de mayo de 2020. CASA REAL

El rey cumple este viernes seis años de su coronación bajo la sombra de las presuntas irregularidades cometidas por su padre Juan Carlos I y entre críticas por su posición conservadora ante cuestiones como la crisis catalana o su rol en la crisis del coronavirus.

Ni con mascarilla, ni con guantes. Tampoco con look militar ni luciendo un discreto traje que contrasta, en su discreción, con los escándalos que le rodean. El rey Felipe VI llega este viernes a sus seis años al frente de la monarquía española, y lo hace en medio de dos crisis: la del coronavirus y la de su familia, señalada ahora directamente por las tramas oscuras de su padre, el emérito Juan Carlos de Borbón. No es buen momento para la corona.

En ese contexto, hay una pregunta que acompaña a Felipe VI desde que llegó al trono. ¿Qué opina la ciudadanía sobre el rey, la reina y el papel institucional que ostentan? La interrogante no tiene respuesta –o mejor dicho, ni siquiera aparece– en los sondeos oficiales del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que en seis años de reinado solo preguntó una vez sobre esta cuestión. Fue en 2015, y la monarquía sacó entonces un 4,34 sobre 10.

En ese contexto, hay dos encuestas recientes que sitúan a la Casa Real en horas bajas. A principios de mayo pasado –en plena pandemia– Sociométrica realizó un sondeo para el diario digital El Español: 4,8 sobre 10 para el monarca. Ynvimark hizo por esos mismos días otra encuesta para La Sexta: 4,13 para la monarquía, ubicándose así como la institución peor valorada del país.

“Parece que la imagen de la monarquía ha continuado deteriorándose, tanto por las nuevas revelaciones de los manejos financieros de Juan Carlos I, como por determinadas actitudes conservadoras de Felipe VI”, apunta a Público Julián Sanz, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia. La cosa ha ido de mal en peor.

“Una monarquía renovada para un tiempo nuevo”, había prometido Felipe VI cuando pasó a ser, precisamente Felipe VI, allá por el 19 de junio de 2014. Su discurso ante las Cortes Generales confirmaba lo que ya se había escrito y proclamado en infinidad de espacios: la monarquía española, hasta entonces en manos de Juan Carlos de Borbón, estaba en la UCI.

“La coronación de Felipe VI fue un claro intento de lavado de imagen de la institución monárquica española: no conviene olvidar que en 2014 el país sufría una brutal crisis económica que se había tornado en crisis política y social”, sostiene Alejandro Quiroga, investigador de la Universidad Complutense de Madrid. “La monarquía sufría un desgaste acelerado por los escándalos de Juan Carlos I, Corinna, Urdangarin y la Infanta Cristina, y Felipe VI fue el intento por frenar ese declive”, remarca.

En esa línea, la politóloga María Corrales subraya que “la operación consistió en separar la figura particular de Juan Carlos del conjunto de la institución de la monarquía como jefatura de estado para, precisamente, protegerla de los casos de corrupción“.

“No es difícil concluir que la sucesión al trono se realizó para paliar el rápido deterioro de la imagen de la monarquía, vinculado a diversos escándalos en torno a la familia real y al creciente cuestionamiento de diferentes aspectos de la transición”, señala por su parte Sanz, quien destaca que “se trataba de renovar la imagen de la institución con un rey más joven, no afectado por escándalos y del que siempre se había destacado su buena preparación”. “Había que proteger, sobre todo, al régimen de 1978, justo en el momento del auge de Podemos y cuando ese cambio de paradigma y de pacto social estaba a la orden del día”, añade Corrales.

Tres años después llegó la crisis catalana y, con ella, el polémico discurso de Felipe VI del 3 de octubre de 2017. “Cuando salió en televisión vi que ese rey no me representaba”, relata a Público el historiador Pablo Sánchez León, quien advierte sobre la posición “conservadora, incluso reaccionaria” del monarca. No en vano, aquella intervención despertó un aluvión de críticas en un momento extremadamente delicado.

En el trayecto de estos seis años aparece Catalunya y, sobre todo, los líos de su padre, coronados con la investigación abierta por la Fiscalía del Supremo en torno a las comisiones otorgadas por la dictadura de Arabia Saudí y las cuentas de Juan Carlos de Borbón en Suiza.

El pasado 15 de marzo, mientras España digería la declaración del estado de alarma, recibió una noticia proveniente de Zarzuela que nada tenía que ver con el virus, pero sí con la corona: Felipe VI había decidido renunciar a la sospechosa herencia de su padre, tratando de marcar así una línea con las actividades y actitudes del emérito.

El gesto no logró desactivar los cuestionamientos hacia esa institución. “Por mucho que Felipe VI haya intentado separarse de su padre y renunciado a parte de su herencia, la sombra de Juan Carlos I es alargada”, afirma Quiroga. “Cuando tiene que renunciar de forma simbólica a la herencia de su padre, al final lo que está poniendo sobre la mesa es una acusación“, afirma por su parte Corrales.

“Nunca ha estado peor”

Posteriormente, en plena crisis del coronavirus, el actual rey ha buscado reforzar sus apariciones públicas, tratando de contrarrestar así el malestar hacia la Casa Real por los episodios vinculados a su padre. Tales apariciones han sido especialmente explotadas por los medios más afines a la institución monárquica.

“La figura de la monarquía nunca ha estado en peor situación en términos de legitimidad y credibilidad”, señala por su parte Sánchez León. En cualquier caso, cree que “hay todavía demasiados poderes activos y activados para que la sangre no llegue al río”, por lo que el rey Felipe VI “va a terminar siendo defendido por las fuerzas más indefendibles”.

De momento, en el terreno de la política parlamentaria ya se ha apreciado que hay un muro aún imposible de derribar: la Mesa del Congreso, con los votos de PSOE, PP y Vox, ha rechazado abrir una comisión de investigación que analice las presuntas irregularidades cometidas por el anterior monarca.

En ese contexto, Sánchez León advierte sobre la “desafección mayoritaria” que existe entre la ciudadanía respecto a la Casa Real. “La desafección es muy difícil de recuperar; todo lo que haga mal la monarquía a partir de ahora va a pesar mucho en una balanza”, subraya.

Por su parte, Quiroga remarca que Felipe VI “está en una encrucijada: quiere separarse de los escándalos y presuntas corruptelas de Juan Carlos I, pero a la vez le debe a su padre la corona que ostenta. Es más, en la España post-franquista la propia institución monárquica está profundamente vinculada a Juan Carlos I y a la narrativa de una transición modélica”.

“Si Juan Carlos es condenado por corrupción se va a hacer imposible mantener la idea de la monarquía como institución ejemplar que trajo la democracia a España tras la muerte del dictador”, sostiene este investigador. No en vano, Felipe VI tiene hoy poco que celebrar.

Público

El rey Juan Carlos fue informado puntualmente de todos los atentados de los GAL

Tal y como publicamos ayer en Diario16, el rey Juan Carlos I utilizó de manera habitual a los servicios de inteligencia para gobernar en la sombra y tener controlados a los respectivos gobiernos, principalmente el de Adolfo Suárez y el de Felipe González. Así se puede comprobar en el libro del coronel Amadeo Martínez Inglés, Juan Carlos I. El último Borbón.

El rey recibía dossiers ultrasecretos y, cuando despachaba con los respectivos presidentes de Gobierno, gustaba de bromear con ellos. En medio de la reunión, en la que se hacía el ignorante sobre asuntos que conocía a la perfección mientras el presidente de turno se lucía ante el rey, Juan Carlos de Borbón soltaba, siempre entre risas, bombas informativas de las que el jefe del Ejecutivo era absolutamente desconocedor. Al final de esos despachos se producía el hecho que dictaba quién gobernaba realmente. Así lo explica Martínez Inglés: «cuando su perplejo interlocutor todavía no se había repuesto de la sorpresa inicial, Don Juan Carlos se permitía «proponerle», más como amigo que como superior jerárquico institucional, la decisión o decisiones que, según él, un inteligente hombre de Estado debería tomar para reconducir la situación de forma conveniente».

Entre esos dossiers se encontraron, según indica Martínez Inglés, dos documentos que tuvieron mucha importancia en el desarrollo político y social de España y que constituyeron uno de los capítulos más negros de la democracia española: la guerra sucia de las cloacas del Estado contra la banda terrorista ETA.

Martínez Inglés afirma en su libro que el rey Juan Carlos fue el primero que tuvo en sus manos, antes incluso que Felipe González, «la famosísima Acta Fundacional de los GAL, siniestro documento de «La Casa» que, tras el visto bueno de las altas instituciones de la nación, pondría en marcha la reprobable e ilegal guerra sucia contra ETA en la primavera de 1983 y que se saldaría con 28 asesinatos de Estado. De la misma manera que años antes, en julio de 1979, sería también el rey el que primero tuviera en su despacho un documento muy similar, confeccionado por el todopoderoso CESID de la época y con los mismos fines: el denominado Informe-Propuesta sobre la lucha antiterrorista, que en aquella ocasión sería rechazado con vehemencia por el Gobierno centrista de Adolfo Suárez. En ocasiones puntuales, cuando la urgencia del asunto o su importancia lo requerían, el fiel director del CESID informaba personal y exclusivamente al rey por teléfono (línea directa y con secráfono, por supuesto), saltándose de ese modo a la torera cualquier condicionamiento jerárquico y lealtad institucional. Asimismo, don Juan Carlos era receptor privilegiado de la información sensible y reservada que generaban los centros de Inteligencia de los tres Ejércitos».

Sin embargo, el rey Juan Carlos no sólo fue el primer conocedor de los documentos «fundacionales» de la guerra sucia contra ETA, sino que, según el coronel Martínez Inglés, «antes, durante y después de cada una de sus acciones terroristas tuvo a su disposición, como la obtuvieron, precisa y oportunamente, los más altos jerarcas del Ejército (los informes sobre las andanzas contra ETA de los pistoleros de la «democracia» española de los años 80 llegaban puntualmente no sólo al Estado Mayor del Ejército sino hasta el modesto escalón Brigada), toda la información que sobre estos grupos de justicieros con licencia para matar generaban tanto el Centro Superior de Información de la Defensa como las Divisiones de Inteligencia de los tres Ejércitos, el Estado Mayor de la Defensa y, por supuesto, los órganos de Inteligencia del Ministerio del Interior y de la Guardia Civil», afirma Martínez Inglés en su libro.

El Ayuntamiento de Segovia deja de ingresar este año 465.530 euros del IBI que no paga la Iglesia

Iglesia de San Esteban. /A. de Torre

El colegio del barrio, la iglesia parroquial, monasterios, conventos, ermitas y algunos edificios y conjuntos históricos singulares de la ciudad están indultados. Sus titulares no han de pasar por la caja del Ayuntamiento de Segovia para pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Para los vecinos pueden pasar inadvertidos, forman parte ya del paisaje cotidianamente monumental en el que residen, en el que compran y por el que pasean. Son parte importante de la piel de una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Todos esos inmuebles no pasan desapercibidos para el Consistorio, que deja de ingresar en torno a 1,2 millones de euros como consecuencia de la exención del pago del IBI.

La Inspección de Hacienda del Ayuntamiento se ha puesto el mono de trabajo para elaborar un primer listado que recopile todos los edificios liberados de abonar el impuesto local. La concejala de Urbanismo, Patrimonio Histórico y Turismo de Segovia, Claudia de Santos, admite la complejidad que entraña la labor de cuantificar y trasladar a cifras la repercusión de la exención, cuyo paraguas ampara, por ejemplo, a los ‘bendecidos’ con la declaración de Bien Interés Cultural (BIC).

Primar el mantenimiento

«También hay otros inmuebles catalogados a proteger por tener unos valores o una antigüedad» cuyas propiedades tampoco abonan el IBI, añade la edil. De Santos concibe el beneficio para los propietarios como «una contraprestación y un modo de primar el mantenimiento» de esos bienes, que al fin y al cabo «es muy caro». Este primer inventario sitúa a la Iglesia como la propiedad más favorecida debido al formidable parque inmobiliario que gestiona y conserva y, por ende, la institución que más dinero se ahorra en el recibo del IBI, sin contar al propio Ayuntamiento de Segovia.

Según el estudio, en la ciudad hay 134 bienes de titularidad eclesiástica que no pagan el Impuesto de Bienes Inmuebles. El montante que deja este año de percibir el Consistorio por este concepto es de 465.530 euros, especifica la concejala. De Santos, lejos de querer cargar las tintas, precisa que no deja de resultar algo lógico que sea la Iglesia la que más propiedades tenga liberadas del IBI al poseer una parte importante del rico patrimonio inmobiliario con el que cuenta en la ciudad y que también ha contribuido a que Segovia luzca «con orgullo» el sello de Patrimonio de la Humanidad.

En este catálogo de 134 inmuebles caben edificios acreditados como Bienes de Interés Cultural debido a su alto valor arquitectónico e histórico dignos de estar amparados por esta figura de protección. La inmensa mayoría de estos templos mantienen el culto religioso habitual, como San Justo y Pastor, San Millán, el santuario de la Fuencisla o la ermita del Cristo del Mercado. Otros, los menos, no. Son los casos, por ejemplo, de las iglesias de San Esteban o San Clemente, que solo se abren para actos, conmemoraciones o ceremonias muy específicas. También están incorporadas al inventario de inmuebles de la Iglesia que no pagan el IBI las parroquias de barrio más modestas. modernas y austeras en sus construcciones.

Por otro lado, Claudia de Santos subraya que la disminución de ingresos que cada ejercicio afrontan las arcas municipales está íntimamente relacionada con el IBI que se deja de cobrar. Para muestra, el botón de los más de 465.500 euros que no abona la Iglesia. La edil precisa que también entran en la nómina de indultados otros bienes de carácter religioso que están dedicados a la enseñanza o corresponden a fundaciones, en alusión a los tres centros docentes concertados que hay en la capital y que administran diferentes congregaciones. Se trata del Claret, el colegio de las Madres Concepcionistas y Nuestra Señora de la Fuencisla de los Maristas.

Historial castrense

El pasado y presente castrense de Segovia también se asienta sobre un rico patrimonio arquitectónico en el que sobresale el Alcázar, que además acoge el Archivo General Militar de Segovia, que es el fondo histórico nacional más antiguo de las Fuerzas Armadas.

Y si se habla del patrimonio inmobiliario que posee Defensa en Segovia no hay que olvidar la Academia de Artillería, cuyas instalaciones de San Francisco dieron (y dan) continuidad a una tradición militar nacida en el Alcázar en 1764 y que arraigó con el Real Colegio de Artillería. Como enaltece la propia institución castrense, «esta instalación no solo representa una tradición viva, sino también un monumento ligado a la historia de Segovia».

El inventario de inmuebles liberados del IBI concreta que hay diez bienes de titularidad del Ministerio de Defensa que gozan de la exención. El valor de los recibos que el Ayuntamiento no gira a la propiedad es de 279.382 euros, añade la concejala.

A estos y los de Iglesia les faltan todavía un par de sumandos para completar la adición. Uno de ellos agrupa 24 bienes destinados a la enseñanza. Son los colegios e institutos de la capital, que entre sus gastos no está precisamente la factura del IBI. La cuantía que no ingresa al Ayuntamiento por el impuesto del que están liberados los colegios asciende a 341.742. Y por último, los Bienes de Interés Cultural, aval que protege a nueve edificios exentos, lo que supone otros 82.000 euros que no llegan al Consistorio.

La suma de los recibos del IBI de los 177 inmuebles disculpados de la obligación fiscal se aproxima a los 1,2 millones de euros. Este dinero es solo parte del ‘precio’ que ha de pagar Segovia por pertenecer al club selecto de la Unesco de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Es el valor del principal «sobrecoste» que acarrea la declaración, aunque Claudia de Santos insiste en destacar que «las ventajas son bastantes más que las desventajas».

Esos extras económicos y sociales están relacionados con «la propia estructura de las ciudades y sus entornos patrimoniales», concreta la edil. Por poner un ejemplo, la representante del Ayuntamiento cita el servicio de recogida de basuras, el cual acarrea un «sobrecoste» en forma de lugares a los que los camiones no alcanzan y, por tanto, la recogida se ha de hacer a mano. También la iluminación ha de ser «singular y más cuidada». La lista se alarga con el mantenimiento y conservación de ese entorno monumental. Para muestra, el botón del Acueducto, para el que el Consistorio reserva entre 15.000 y 20.000 euros anuales dedicados a esta labor. La muralla suele llevarse en torno a 10.000. Y a mayores están las inversiones que se hagan en rehabilitación y recuperación, añade Claudia de Santos.

https://www.elnortedecastilla.es/segovia/ayuntamiento-segovia-deja-20181119110937-nt.html

La Real Academia de Ciencias Económicas hace académico de honor el falangista Juan Velarde

La Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras (RACEF), con sede en Barcelona, celebró una sesión magna en la que otorgó la distinción de honor al economista Juan Velarde Fuertes , un histórico de Falange Española. Velarde es un académico que preside actualmente la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y es catedrático emérito de la Universidad Complutense. Pero ha sido muchas cosas más.

De 90 años, Velarde fue jerarca falangista y jefe de la sección de economía del diario Llega durante la dictadura. Mantiene siempre posiciones radicalmente contrarias al soberanismo y es también patrón de la FAES. Entre su producción escrita hay títulos como El nacionalsindicalismo, cuarenta años después (1972) yJosé Antonio y la economía (2004).

Velarde fue miembro del Consejo Nacional del Movimiento y fue un gran defensor de las tesis de la autarquía franquista, a la que se oponían los tecnócratas del Opus Dei. Aparte de académico, ha sido asiduo de tertulias y colaborador de medios ultraconservadores. Y un activista ideológico. Sus declaraciones contra el catalanismo son numerosas. En el inicio del proceso, en unas declaraciones a Telemadrid, en septiembre de 2013, pidió que el Estado fuera “duro” con Cataluña, afirmó que “Cataluña siempre ha sido una carga” para la economía española y recordó una frase sacada de contexto de las memorias de Azaña, cuando dijo que había que defendía bombardear Barcelona de vez en cuando.

Juan Velarde ha añadido a las visiones apocalípticas de. También ha sido contrario a las políticas que defienden un incremento salarial de las rentas bajas para afrontar las desigualdades. En una ocasión, definió de “locura” las propuestas de establecer unos salarios mínimos garantizados .

En 2015, a sus 88 años, este economista fue nombrado asesor del ministerio de Hacienda, bajo la tutela de Cristóbal Montoro. Un mes antes de su entrada en el ministerio, tomó posesión como consejero nato del Consejo de Estado y aún le quedaron energías para asumir la presidencia de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. A finales de 1991 fue nombrado consejero del Tribunal de Cuentas, a propuesta del PP. Aunque meses después se jubiló de su cátedra universitaria, permaneció en el órgano fiscalizador durante 20 años. En 2008, desde su despacho en el Tribunal de Cuentas, ofreció una entrevista a Hazte Oír (la organización del autobús transfóbico) para atacar la asignatura de Educación para la Ciudadanía.

Actual patrono de la fundación del Banco Santander, fue también miembro del patronato fundador de FAES. En los últimos años ha colaborado con la Plataforma 2003, que defiende la figura de José Antonio Primo de Rivera. En 2013, ensalzó al falangista en la presentación del libro “El legado de José Antonio”. Tuvo lugar en la sede de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, de la que es, también, vicepresidente.

Desde su ingreso en la administración pública en 1951, Velarde atesora reconocimientos civiles (aquí, aquí, y aquí) entre los que destacan la Orden de África, que le concedió Carrero Blanco en 1963, y la Gran Cruz de la Orden de Cisneros que le otorgó la Secretaría General del Movimiento en 1975. En 1992 recibió el premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales.

naciodigital/civio

Un tribunal confirma que las presuntas torturas de Billy el Niño han prescrito

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La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el archivo de una querella de una víctima del franquismo contra el inspector de la Brigada Político Social Juan Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño, al considerar que las presuntas torturas, ocurridas en 1974, ya habrían prescrito.

En un auto, fechado el 1 de octubre y al que ha tenido acceso Efe, la Sección 30 de la Audiencia de Madrid rechaza el recurso de apelación interpuesto por Felisa Echegoyen, y avala así la decisión del juzgado de instrucción número 39 de la capital de archivar la causa.

Echegoyen interpuso en 2017 una querella criminal contra Billy el Niño por un delito de torturas en concurso con otro de lesa humanidad ocurrido durante varios interrogatorios tras ser detenida en 1974 por su participación en una asamblea de trabajadores como miembro de la Liga Comunista Revolucionaria.

Hechos “claramente prescritos”

Tras varios días de supuestas torturas, según la querella, la entonces Dirección General de Seguridad le impuso una sanción de 200.000 pesetas “al observar una peligrosa conducta de agitadora política” en ella, que representaba “una amenaza notoria y concreta para la convivencia social y la paz pública”. Al no poder pagarla, Echegoyen estuvo dos meses en prisión.

Sin embargo, pasados cuarenta y cuatro años, la Sala considera que los hechos estarían “claramente prescritos” en relación al delito de torturas, como señaló la Audiencia Nacional cuando rechazó la extradición a Argentina de Billy el Niño, reclamado por la jueza María Servini que instruye la querella argentina por crímenes del franquismo.

Pero además, el tribunal cree que no se puede afirmar que González Pacheco hubiese cometido un delito de lesa humanidad (“elemento nuclear” de la querella debido a la prescripción del tipo penal de torturas), “dado el tenor aislado de la acción imputada”.

“No es suficiente con que se cometa un acto individual contra una persona”

Es decir, que para que se incurra en un delito de lesa humanidad debe darse un ataque “de carácter colectivo”, si no contra una población entera, sí al menos contra un grupo “identificado por su etnia, su orientación política, o cualquier otra característica”.

“No es suficiente con que se cometa un acto individual contra una persona”, prosigue el auto, por lo que las supuestas torturas deberían enmarcarse en un “un contexto de ataque sistemático o generalizado contra un grupo de población civil”.

Para la Sala, independientemente de que se acredite que Billy el Niño maltrató física y psicológicamente a Echegoyen, dichos actos se dirigieron presuntamente contra una víctima y no contra una multitud, por lo que el delito “no puede entenderse cumplido con la referencia genérica a la política de persecución a los disidentes políticos del régimen dictatorial de Francisco Franco”.

“No puede olvidarse el elemento político”

Y además, para que concurra dicho delito, “no puede olvidarse el elemento político” pues el ataque debe responder a una política de un Estado o de una organización y, según la Sala, no se ha acreditado “la existencia de múltiples actos de tortura cometida por funcionarios públicos o miembros del régimen, de donde poder deducir que era una manera (de actuar) generalizada”.

Por tanto, no habiendo otros imputados que “hagan suponer que era la política de persecución impuesta”, no cabe continuar con la investigación “porque no se deduce de forma justificada su comisión”.

En cualquier caso, aunque hubiesen concurrido todos esos requisitos, tampoco se le podría imputar un delito de lesa humanidad porque los hechos ocurrieron antes de la ratificación por España de los Tratados Internacionales que declaraban la imprescriptibilidad de este tipo de delitos, y también porque éstos se dictaron después de la Ley de Amnistía de 1977.

https://www.huffingtonpost.es/2018/10/17/un-tribunal-confirma-que-las-presuntas-torturas-de-billy-el-nino-han-prescrito_a_23563431/

Los restos de Franco, ni en el Valle ni en la Almudena

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El Valle de los Caídos empezó a ser cuestionado a partir de las protestas de las asociaciones de memoria histórica y de víctimas del franquismo. Cada 20-N desde 2007, diversos colectivos venimos denunciando frente a las puertas del Valle, la existencia de este monumento que rinde homenaje a quien se sublevó matando y murió matando, y cuyo régimen significó asesinatos, prisión, tortura, campos de concentración y exilio. La dictadura supuso el secuestro de la soberanía nacional durante 40 años, y la implantación de un sistema de represión ejercida de múltiples maneras, y a lo largo de toda su existencia, sobre cientos de miles de personas.

Cuelgamuros es, ante todo, un lugar de exaltación del franquismo y de su acto fundacional: el golpe de los militares perjuros del 18 de julio de 1936. Pero también es una necrópolis, donde yacen miles de víctimas de la dictadura conforme a los designios del máximo responsable de su muerte, en una especie de castigo y humillación post mortem, sin que sus familias fueran consultadas en el momento de su traslado, y sin que muchas ni tan siquiera sepan que sus restos yacen allí.

Frente al relato franquista que define al Valle como monumento de “reconciliación” contamos con los documentos históricos que demuestran la falsedad de ese argumento: historiadores acaban de encontrar la factura de una empresa que en 1959 trasladó 924 cadáveres desde Málaga al Valle; los desafectos a la dictadura fueron enviados y posteriormente inhumados en cajas de diez en diez, con los restos mezclados, frente a los féretros individuales de los adeptos al régimen.

La exhumación tanto de los restos de Franco como de Primo de Rivera no es un asunto privado, que compete a las familias de ambos, sino un asunto de trascendencia pública e importantes implicaciones políticas. Independientemente de cuál sea la opinión de sus familiares, los restos de ambos deben abandonar el Valle, que debe reconvertirse en un Memorial para recordar y homenajear a las personas que padecieron la represión franquista, y no a sus verdugos, especialmente a los presos republicanos que lo construyeron como trabajadores forzados.

El monumento franquista en el Valle de Cuelgamuros.

Sin embargo, hemos podido ver reiteradamente la aparición pública de los nietos de Franco, explicando su negativa al traslado de los restos del dictador, al mismo tiempo que en Chile la Corte Suprema ordenaba a la familia Pinochet devolver al fisco 1,6 millones de dólares.

Las únicas explicaciones públicas de la familia Franco que deberían interesar a la sociedad y los medios de comunicación, tendrían que versar sobre la propiedad y uso del Pazo de Meirás; el secuestro de las esculturas románicas del Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago; la apropiación de la Casa Cornide en el centro de Coruña; la multimillonaria recalificación de la finca de Arroyomolinos, y las docenas de propiedades y bienes (como buena parte de los parkings del centro de Madrid), conseguidos gracias a la impunidad que otorgaba el poder omnímodo del abuelo, y al carácter intrínsecamente corrupto de la dictadura que encabezaba.

No habla muy bien de la calidad de nuestra democracia la anomalía histórica – caso excepcional a nivel mundial- de que la familia del dictador pueda seguir, aún hoy, disfrutando de los réditos obtenidos durante la dictadura.

El pasado 13 de septiembre el Congreso de los Diputados aprobó el Decreto para sacar a Franco del Valle de los Caídos. La redacción del mismo, estableciendo que los restos se entregarían a la familia para que dispusiese de ellos libremente, ha traído consecuencias indeseadas, al optar ésta por un enterramiento en propiedad previamente adquirido dentro de la catedral madrileña de la Almudena.

A ello se ha unido la exigencia por parte de la familia Franco de que el traslado se haga con honores de Jefe de Estado. Incluso miembros del Gobierno han planteado la posibilidad de que, como alternativa, se le rindieran honores de General de División, el grado que tenía Franco cuando se sublevó contra el régimen democrático legítimo. Estas cosas pasan cuando un régimen dictatorial no es declarado ilegal por la democracia posterior.

El entierro de Franco en la catedral de la Almudena, un lugar público con una enorme carga simbólica en el centro de Madrid, a pocos metros del Palacio Real y de la Plaza de Oriente, donde la dictadura celebraba los actos de exaltación del régimen, supondría una humillación (otra más) para las miles de víctimas del franquismo, para sus familias, y para el conjunto de la sociedad.

La respuesta del arzobispo de Madrid sobre la provocadora decisión de enterrar a Franco en la cripta de la Almudena ha sido: “La Iglesia acoge a todos“. Osoro se ha desligado de la decisión y la considera “una cuestión que deben resolver el Gobierno y la familia“.

Sería conveniente y deseable una reconsideración de este posicionamiento por parte de la Iglesia española. Como expresan en un comunicado las Redes Cristianas , el traslado de Franco a la Almudena vendría a denigrar aún más a una Iglesia que concedió en su día el título de “Cruzada” a la guerra, y avaló una represión masiva que violó los derechos humanos más elementales.

No olvidemos que la Iglesia católica está financiada por el Estado democrático, por lo tanto, debería respetar a una parte sustancial (incluso mayoritaria) de la sociedad que también contribuye a su financiación. Y el Gobierno está en condiciones, y tiene la obligación política y moral, de exigir ese respeto.

Hoy, es palpable en todo el mundo el renacer del discurso y el acceso al poder político de quienes proclaman el odio y defienden el racismo, el autoritarismo, el integrismo religioso y la desigualdad. Debemos ser conscientes de que si, finalmente, se entierra al dictador en la Almudena, la catedral y el centro de Madrid se convertirán en un centro de peregrinación de los nostálgicos del franquismo y de los fascismos europeos, y como respuesta, en un lugar de movilización antifascista. Todo ello tendría consecuencias enormemente negativas para la imagen internacional de la ciudad, y para la convivencia de los vecinos y vecinas de la ciudad, y sus visitantes.

No es difícil imaginar que los ultras y cabezas rapadas seguidores de los equipos de fútbol extranjeros, empiecen a considerar la Almudena como lugar de peregrinación obligatoria en sus visitas a Madrid (puesto que no existen lugares similares en el resto de Europa, ni legislaciones tan complacientes como la nuestra con las demostraciones públicas de exaltación fascista y neonazi). ¿Qué opinará de ello el arzobispado? ¿Y los hosteleros del centro de Madrid? ¿La alcaldesa seguirá pensando que “el Ayuntamiento no tiene nada que decir”?

La Catedral de La Almudena en Madrid.

El Estado debe responsabilizarse de que los aspectos formales del traslado de los restos de Franco no supongan reconocimiento ni privilegio alguno. Asimismo, el Estado debe garantizar que los restos del dictador no se depositen en ningún lugar que pueda considerarse un privilegio o un honor. Una democracia no puede honrar a un dictador, como reiteradamente han expresado los organismos internacionales de Derechos Humanos en una serie de recomendaciones dirigidas al Estado español.

Los ciudadanos y la sociedad civil organizada no pueden permanecer indiferentes, ni dejar de tomar posición. El pasado martes, 9 de octubre, una veintena de colectivos de memoria histórica y víctimas del franquismo, asociaciones vecinales y culturales, organizaciones políticas y sindicales… nos hemos reunido en Madrid para comenzar a organizarnos, manifestar públicamente nuestra oposición frontal a que se consume el traslado de los restos de Franco, una vez exhumados de Cuelgamuros, a la catedral de la Almudena. Hacemos un llamamiento a la ciudadanía de todo el Estado español para que exprese su desacuerdo y se movilice, con el fin de impedirlo.

También vamos a exigir a los responsables políticos y a las instituciones concernidas (Gobierno de la nación, Arzobispado y Ayuntamiento de Madrid), que tomen todas las medidas que sean necesarias para que Franco no sea enterrado en la catedral. Tenemos previsto llevar a cabo una serie de actividades reivindicativas, informativas, etc… que culminarán con una gran movilización frente a la Almudena.

Llevamos 11 años manifestándonos frente a la puerta de Cuelgamuros cada 20-N, con calor o frío, lluvia, viento o nieve… Si al final la infamia se consuma y los restos de Franco acaban en la catedral, seguiremos movilizándonos para exigir la reparación de esta infamia, y que se llegue a una solución definitiva y satisfactoria.

La sociedad y el Estado español tienen una deuda inconmensurable con las víctimas y sus familias, y también tienen un serio problema con los restos del franquismo (que no es sólo el cadáver de Franco). La salida prevista del dictador de su monumento faraónico en Cuelgamuros constituye la oportunidad de zanjar esta cuestión. La responsabilidad de que ahora se produzca un cierre en falso, que será en todo caso provisional, será en primer lugar del Gobierno, pero también de la Iglesia.

Arturo Peinado Cano es presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria.

https://www.elestado.net/espana/restos-franco-ni-valle-ni-almudena/

Los de Altsasu cumplen 700 días de cárcel

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ALTSASU– Hoy se cumplen dos años del denominado caso Altsasu que mantiene a siete jóvenes de esa localidad en las cárceles de Pamplona y Vitoria. Tres de estos: Oihan Arnanz, Adur Ramirez de Alda y Jokin Unamuno ayer sumaron 700 días de prisión. En el caso de Iñaki Abad, Julen Goikoetxea, Aratz Urrizola y Jonan Cob serán 131 días. Los cuatro fueron detenidos el pasado 5 de junio, cuatro días después de conocerse la sentencia de la Audiencia Nacional, con penas de entre 2 y 13 años para los jóvenes, las penas máximas por delitos de atentado a los agentes de autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas.

“Nuestros amigos están cautivos a raíz de un montaje mediático en primera instancia para evolucionar a un montaje policial, político y jurídico”, denunciaron ayer desde la plataforma Altsasukoak Aske, que ayer presentó en el frontón Burunda un vídeo que recogía el tratamiento informativo que se dio al caso. Al acto acudieron cientos de personas de todas las edades e ideologías, tal y como viene ocurriendo estos dos últimos años.

Los jóvenes y sus familiares están a la espera de que la Audiencia Nacional resuelva el recurso. Lo siguiente sería el Tribunal Supremo antes de acudir a Europa. – N. Mazkiaran

https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/2018/10/15/politica/los-de-altsasu-cumplen-700-dias-de-carcel