Lo que España puede aprender de Argentina en políticas de memoria

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El Parque de la Memoria de Buenos Aires se encuentra a pocos minutos del Monumental, el estadio de River Plate, y si a uno le da por visitarlo en el verano porteño lo normal es que muera de humedad. Más allá de las esculturas de diferentes artistas contemporáneos argentinos, un centro de interpretación y otro de exposiciones temporales, el monumento principal del parque son las cuatro estelas de hormigón en la que figuran, ordenados por año y alfabéticamente, los nombres de 8.8717 desparecidos (una tercera parte de los 30.000 desaparecidos que reclaman las organizaciones de derechos humanos argentina): 7.664 durante la dictadura militar de 1976-1983, el resto repartidos entre los cuatro gobiernos peronistas y los gobiernos militares del periodo 1969-1973.

El pasado abril el ahora ex presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, visitó Argentina y fue acompañado por el presidente de la República, Mauricio Macri, en un recorrido por dicho parque. Rajoy firmó en el libro de honor, escribiendo: “Mi testimonio de admiración y reconocimiento a todos los que dieron su vida por la libertad y los derechos de todos”. En la rueda de prensa posterior un periodista le espetaba la pregunta inevitable, que cualquier defensor de la memoria histórica se estaría haciendo contemplando aquél momento: “Presidente, ¿va a hacer algo con los crímenes del franquismo?”.

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Veteranos de La Legión advierten a Amenábar que respete a Millán Astray

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La Asociación de Veteranos Legionarios -Plataforma Patriótica Astray ha enviado un burofax al director de cine Alejandro Amenábar que este lunes comenzó en Salamanca el rodaje de ‘Mientras dure la guerra’, sobre la figura de Miguel de Unamuno para retratar con su mirada la agitación social y el estallido de la Guerra Civil española. Los legionarios han amenazado al director de que recurrirán a los tribunales de Justicia en caso de que “se vea lesionado el honor y la memoria” del militar.  Quieren impedir que el personaje de Millán Astray, fundador de La Legión,  pronuncie la famosa frase de “¡Muera la inteligencia!”. En el escrito dicen que es falso lo escrito sobre el incidente con Unamuno que que “no ponga en boca del General palabras que nunca dijo y hechos que nunca efectuó” y piden a Amenábar que no se deje llevar por lo que llaman “la burda propaganda frentepopulista”.

Se refieren fundamentalmente a las frases “¡Mueran los intelectuales! ¡Viva la muerte!”, que se han atribuido durante décadas a Astray y que ahora están en cuestión, después de la publicación de un estudio del bibliotecario de la Universidad de Salamanca, Severiano Delgado, quien ha considerado que las expresiones de ambos eran una recreación literaria de lo allí acontecido, obra del periodista Luis Portillo.

Más allá de la polémica entre historiadores sobre lo que realmente ocurrió el 12 de octubre de 1936 en el Paraninfo de la Universidad entre Unamuno y Astray, en lo que coinciden es en que su destitución como rector fue fulminante a los pocos días, lo que les invita a pensar que, más allá de la textualidad utilizada, su enfrentamiento con los militantes sublevados fue un hecho. El actor Karra Elejalde encarna a Miguel de Unamuno y Eduard Fernández a Millán Astray.

http://cadenaser.com/programa/2018/05/29/la_script/1527579163_697464.html

PRESENTACIÓN LIBRO “CASO CIPRIANO MARTOS: VIDA Y MUERTE DE UN MILITANTE ANTIFRANQUISTA”

Ayer 29 de mayo, tuvo lugar en la librería La llar del llibre de Sabadell la presentación del libro “Caso Cipriano Martos: vida y muerte de un militante antifranquista.” La presentación, que corrió a cargo de su autor, el periodista barcelonés Roger Mateos y del secretario general de Podemos en Catalunya Xavier Domenech, contó con la presencia de militantes y exmilitantes del PCE (m-l) y algunos familiares del propio Cipriano.

Durante el acto se repasaron los momentos más importantes de la vida de Cipriano, especialmente aquellos referentes a sus años como militante del PCE (m-l) y el FRAP, y algunos de los asistentes pudieron dar testimonio de las torturas y asesinatos que tuvieron lugar en las cárceles franquistas, además de reivindicar memoria, justicia y reparación para los centenares de miles de víctimas del Franquismo.

INÉS ARRIMADAS (C´S): DE CASTA LE VIENE AL GALGO

Hija de Rufino Arrimadas, el cual estudió Derecho y se hizo policía. Lo trasladaron a Barcelona, donde trabajó en la policía científica y, según la periodista y abogada Carmen Lópezpolicía de la brigada político militar franquista, dentro del grupo de los hermanos Creix a las órdenes de Rodolfo Martín Villa, en su destino en Cataluña, en el área del control estudiantil universitario”; también fue hombre de confianza de Tomàs Garicano Goñi, gobernador civil de Barcelona y, posteriormente, ministro de la Gobernación. Rufino tenía el mote del Correo, puesto que repartía bofetadas a los detenidos, y lo hacía con rapidez, gratuidad y al por mayor. Sus informes, demasiadas veces falsos, llevaron a muchos políticos a la prisión. En su despacho, tenía la bandera con la gallina franquista y fotos con el dictador. Moisés Arrimadas, el tío de Inés Arrimadas, fue Gobernador y ciertamente unido a la policía político militar de la dictadura.

Dos de sus hijos, por lo tanto hermanos de Inés, se dice pero no lo hemos podido comprobar, son miembros de la Fundación Francisco Franco. Al inicio de los años setenta, Rufino fue amenazado, así que abandonó la carrera de policía y se trasladó a Jerez de la Frontera, donde nació Inés.

El padrino de Inés, Moisés Arrimadas, los acogió y protegió. Moisés fue un falangista, que ocupó destacados cargos: delegado provincial de la Vivienda en Cádiz, gobernador civil en Cuenca y Albacete y, durante 4 legislaturas, procurador a las Cortes franquistas por elección directa del “caudillo”.

Este breve historial familiar de Inés Arrimadas la sitúa en su verdadero origen ideológico: el franquismo mas rancio. De casta le viene al galgo.

Inés Arrimadas (C´s): de casta le viene al galgo

¿CÓMO MURIÓ CIPRIANO MARTOS? LAS TORTURAS Y EL VENENO QUE ACABARON CON LA VIDA DE UN MILITANTE ANTIFRANQUISTA

 

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Un libro reconstruye la vida de un joven militante del PCE(M-L) que murió por ingestión de ácido en 1973 tras ser torturado por la Guardia Civil. El interrogante sobre la muerte (¿suicidio o asesinato?) es el último cabo por atar de un relato de represión, violencia y ocultación por parte del franquismo. Martos agonizó durante 21 días en un hospital de Reus sin que nadie avisara a su familia y hasta fue enterrado en una fosa común a sus espaldas

Han pasado 45 años desde que Cipriano Martos murió solo, custodiado en una cama de hospital de Reus con el estómago destrozado por un corrosivo. Su familia sigue sin poder responder a la pregunta: ¿fue este joven militante antifranquista el que ingirió  voluntariamente el ácido que lo mató o se lo hicieron tragar los guardias civiles que le torturaron de forma brutal durante dos días?

“Lo último que quería el régimen era que esto se conociera y trataron de taparlo por todos los medios”, expone Roger Mateos, autor del libro Caso Cipriano Martos: vida y muerte de un militante antifranquista (Anagrama). Tras llegar a sus manos el sumario del caso y recuperar más de 50

testimonios, este periodista de la Agencia EFE reconstruye no solo los oscuros días de agosto de 1973 en los que Martos fue torturado y conducido a la muerte por ser militante del Partido Comunista de España (Marxista-Leninista), sino también las razones que llevaron a un tímido y casi analfabeto campesino de Granada a integrarse en una organización antifascista clandestina por la que se jugó –y perdió– la vida.

El propio libro supone un testimonio, con todo detalle, de la vida de una víctima del franquismo cuya muerte quedó en el olvido, reivindicada solo por los militantes de un partido que acabó siendo residual. Es ilustrativo el contraste con casos como el del anarquista Salvador Puig Antich, que fue detenido justamente ocho días después de la muerte de Martos, en septiembre del 73. “Puig Antich es un símbolo de la barbarie franquista, medio mundo se movilizó para frenar su ejecución, mientras que con Martos todo quedó silenciado”, sostiene Mateos.

Pese al miedo que durante años atenazó a la familia, finalmente su caso se ha acabado incorporando a  la macroquerella argentina que investiga los crímenes franquistas. El hermano de Cipriano, Antonio Martos, fue de los primeros en declarar ante un juez en esa causa, en los juzgados de Sabadell. “Quizás no es un caso de importancia universal, pero es tan grave y tan repugnante que no se puede mantener en el olvido”, defiende el autor del libro.

Las dudas sobre una muerte incómoda

Juan José Martos recibió la noticia de la muerte de su hermano en Reus por boca de un guardia municipal de su pueblo, Huétor Tájar (Granada), que le insinuó que se había tratado de un accidente laboral. La familia emprendió entonces un viaje a esa localidad de la provincia de Tarragona donde ni siquiera sabían que vivía Cipriano, puesto que en los últimos meses él había ido cortando todos sus lazos sociales debido a su actividad clandestina en el PCE(M-L).

Al llegar al hospital, la escena que describen sus familiares es estremecedora. No solo no les dejaron ver el cuerpo de Cipriano, sino que su cadáver fue trasladado al cementerio de Reus y arrojado a una fosa común sin su conocimiento. En el expediente de la funeraria constaba como responsable José Martos, el padre, que ni siquiera estaba en Reus, sino que se había quedado en Andalucía al estar enfermo. Aquel fue el primer indicio de una muerte incómoda que les confirmó una monja del hospital: Cipriano había fallecido por ingerir ácido sulfúrico.

Lápida de homenaje a Martos en la fosa común de Sabadell
Lápida de homenaje a Martos en la fosa común de Reus
 

Ahora Mateos recompone las piezas de los últimos días de Cipriano. Su detención tras una acción de propaganda en Igualada, la caída de la célula de Reus en la que él participaba… Y las torturas a las que fue sometido entre el 24 y el 27 de agosto, tras la las que fue trasladado al hospital. Después de varias entrevistas a sus compañeros, el libro acredita que Cipriano fue torturado por varios agentes, comandados por el teniente Braulio Ramo Ferreruela, que luego aseguraría ante el juez que le trataron correctamente.

Es de su declaración ante el juez de donde se pueden obtener algunos detalles sobre la ingesta del cáustico. Ramo afirma que le dejaron encima de la mesa para que los identificara todos los materiales que le habían incautado en su piso para fabricar cócteles molotov. “Es probable que pudiera haberse bebido cualquiera de los líquidos […] dado que estaban a su alcance”, sostuvo el teniente. A ello se le añade que el propio Cipriano dijo habérselo bebido él ante dos jueces y un médico, aunque sus declaraciones están repletas de contradicciones y pronunciadas en una situación extrema que harían desconfiar a cualquiera.

Ahí Mateos se pregunta: “¿Es posible que la Guardia Civil dejara material de un cóctel molotov al alcance de un preso supuestamente terrorista? ¿De alguien que podía haberlo utilizado para atacar a la policía? Es muy difícil de creer”.

Lo que ocurrió realmente solo lo saben Cipriano y los agentes. Quizás algún día algunos de ellos respondan ante la justicia argentina (el teniente murió en 1998), pero puede que desvelar quién empuñó el frasco con ácido no sea a estas alturas lo más relevante. “La pregunta más importante no es si fue un suicidio o un asesinato, sino si un suicidio eximiría de su responsabilidad a los torturadores. Y la respuesta es que no: lo llevaron a una situación límite”, apunta Mateos.

El 27 de agosto de 1973 Cipriano Martos fue trasladado al Hospital Sant Joan de Reus debido a la intoxicación. Agonizó durante 21 días en una de sus camas, custodiado por la policía, y sin que nadie –ni los familiares ni la militancia– supiera lo que le había ocurrido. Acabó traspasando el 17 de septiembre.

El periodista Roger Mateos, autor de 'Caso Cipriano Martos'
El periodista Roger Mateos, autor de ‘Caso Cipriano Martos’
 

Ensayo sobre la politización de un obrero

El libro Caso Cipriano Martos no es solo la reconstrucción periodística de unos hechos ocurridos en verano de 1973. Es también un ensayo sobre un proceso de politización. El de un joven campesino que emigró a Sabadell, donde trabajó en la construcción, y que, sin tener al parecer inquietudes sociales, “acabó militando en una de las organizaciones antifranquistas más radicales”, sostiene Mateos.

El PCE(M-L), escisión prochina del Partido Comunista en 1964, no era quizás el principal actor de la lucha antifranquista, pero sí tuvo una incidencia creciente en algunos barrios obreros a lo largo de los 70. Uno de ellos fue Ca n’Oriach, el barrio de Sabadell en el que Martos vivía con su prima. “Por primera vez vio luchas vecinales, reivindicaciones y tomó conciencia del movimiento obrero, al que se fue acercando también por las actividades culturales y de ocio que organizaban”, detalla Mateos.

El libro relata también la otra cara de la militancia: las peripecias tragicómicas de unos militantes a menudo demasiado jóvenes, tan impetuosos como erráticos, capaces de jugarse la vida para colgar carteles antiyanquis y a la vez desafiar todos los códigos de la clandestinidad celebrando una boda con toda la organización en la lista de invitados. Personas que no dejaron de ser jóvenes mientras se jugaban la vida por acabar con la dictadura.

¿Cómo murió Cipriano Martos? Las torturas y el veneno que acabaron con la vida de un militante antifranquista

PP, PSOE y C´s vuelven a votar juntos, esta vez para impedir que se investigue la muerte de Germán Rodríguez por un disparo policial

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El 8 de julio de 1978 a las 20.45 horas, en la plaza de toros de Iruñea, se desplegó una pancarta a favor de la amnistía total de los y las presas políticas. Ante este acto, la Policía Armada irrumpió en el recinto en el que había 20.000 personas, empleando indiscriminadamente material antidisturbios como pelotas de goma o botes lacrimógenos.

A las 21.00 horas un grupo de aproximadamente 40 agentes entró en la plaza y empezó a utilizar munición real para controlar y reprimir la situación.

A partir de entonces y rápidamente, los altercados se extendieron por toda la capital de Euskal Herria produciendo enfrentamientos en las cercanías del Gobierno Civil.

A las 22.15 horas después de que la policía siguiera empleando munición real, Germán Rodríguez resultó muerto de un tiro en la frente. En el lugar en el que Rodríguez falleció, la Calle Roncesvalles, otras personas jóvenes fueron heridas por balas de la policía; se encontraron 35 impactos de bala.

La noche del 8 de julio terminó con 150 heridos y heridas de las cuales diez lo fueron como consecuencia de la utilización de fuego real. La indignación se extendió por toda Euskal Herria provocando una huelga general en Nafarroa y la muerte de José Ignacio Barandiaran el 11 de julio en Donostia.

40 años después

La plataforma Sanfermines 78 Gogoan que persigue el esclarecimiento de los hechos ocurridos el 8 de julio de 1978 ha tenido que escuchar con consternación la decisión tomada por las autoridades políticas españolas.

En una rueda de prensa, Fermín Rodríguez, hermano de Germán Rodríguez, ha afirmado que nunca en todo el tiempo transcurrido desde el asesinato hasta ahora, la familia ha recibido “ningún tipo de atención, consideración ni solicitud de perdón” desde el Gobierno español o el Ministerio de Interior.

En declaraciones para ETB, la diputada de EH Bildu, Marian Beitia, ha afirmado que “los familiares de Germán Rodríguez se van de Madrid con la sensación de que no van a encontrar justicia por parte del Estado. Aquellos que se han opuesto a la iniciativa de Sanfermines 78 Gogoan han perdido una oportunidad de demostrar que creen en todas las víctimas”.

Por su parte, Amaia Kowasch, miembro de Sanfermines 78 Gogoan, ha considerado que la decisión de la Comisión de Interior del Congreso atenta contra la misma propuesta que la misma aprobó hace 40 años por unanimidad. En ella se exigía la “máxima claridad en la información sobre los hechos y responsabilidades ocurridos y derivados de ellos”.

Por su parte, el exdiputado de Amaiur en el Congreso de los Diputados, Sabino Cuadra, ha querido recordar este martes 8 de mayo que la Comisión de Interior está rechazando una decisión unánime tomada en el Parlamento de Nafarroa.

El Congreso español se opuso a esclarecer los hechos ocurridos en los sanfermines del 78 y no desclasificará la documentación relativa a los sucesos que tuvieron lugar la noche del 8 de julio. Así lo ha ratificado la Comisión de Interior del Congreso español con los votos del PP, PSOE y Ciudadanos.

La propuesta había sido aprobada mediante una Declaración por parte del Parlamento de Nafarroa el pasado 18 de enero con los votos favorables de UPN, PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra. Solo el PP navarro se había abstenido dando una legitimidad del 96% de los escaños a la declaración.

http://insurgente.org/pp-psoe-y-cs-vuelven-a-votar-juntos-esta-vez-para-impedir-que-se-investigue-la-muerte-de-german-rodriguez-por-un-disparo-policial/

El Caso Almería sigue a la espera de un relato democrático casi cuatro décadas después de los asesinatos

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La fotografía que ilustra el texto corresponde al barranco de Gérgal, en el desierto de Tabernas, lugar elegido por los guardias civiles implicados en el Caso Almería para escenificar, de madrugada, un delirante intento de huida de Luis Cobo, Juan Mañas y Luis Montero, tres jóvenes trabajadores que residían en Cantabria y que se habían desplazado a Pechina para asistir a la primera comunión del hermano pequeño de Juan y que habían sido detenidos horas antes.

En realidad se trató de un montaje para eliminar indicios incriminatorios de las torturas y asesinatos cometidos. En 1981 no se había construido aún el tramo de la autovía A-92 que se aprecia en la imagen (se inauguró en el año 2001), por lo que nos encontramos en un paraje solitario, apropiado para el fin que se perseguía. En este lugar, hoy próximo a la salida 388 de la citada autovía, se reúnen cada 10 de mayo familiares, amigos y miembros de sociedad civil para rendir homenaje a las víctimas y tratar de que el crimen no caiga en el olvido.

Sin embargo, en el relato de los acontecimientos, en el qué y el cómo de los hechos, con demasiada frecuencia se sigue colocando un elemento que distorsiona absolutamente lo sucedido y sus implicaciones posteriores. Hablamos del error, la confusión, el equívoco…

El argumento del “trágico error” o la “confusión reiterada” fue utilizado por el ministro de Interior del momento, Juan José Rosón, como elemento causal que dio lugar a todos los acontecimientos posteriores. Ciertamente y para desgracia de la verdad, la expresión ha hecho fortuna. Y no, no puede ser. Se trata de una tergiversación de la historia que el error, la confusión, la equivocación constituyan uno de los elementos capitales del Caso Almería.

El relato del Caso Almería que perdure en nuestra sociedad no puede incluir una distorsión que atenúe la extrema gravedad de lo sucedido. El error es un factor de azar, un atributo que nada tiene que ver en este caso con la tortura y asesinato de tres jóvenes bajo custodia. La obcecación criminal del teniente coronel Castillo Quero le hizo sostener en el juicio al que fue sometido que lo volvería a hacer. Porque para él no hubo ningún error en ejecutar a tres asesinos etarras, delincuentes comunes, o lo que, según su criterio, fueran aquellos tres jóvenes que cayeron en sus dominios.

Lejos de abandonar esta línea argumental, el último espacio informativo de difusión general que ha tratado el Caso Almería, el programa de La Sexta ‘¿Dónde estabas entonces?’, dedicado al año 1981 y emitido el 14 de diciembre de 2017, la reitera. Bajo la dirección de Itziar Bernaola, Ana Pastor comenzaba la locución centrando el tema: “Hay historias que están por escribir y otras que se interrumpieron de forma inesperada. Aquel mes de mayo del 81 se sucedieron las malas noticias. Tres jóvenes viajaron desde Santander hasta Almería para asistir a la primera comunión del hermano de uno de ellos. Nada les hizo pensar que en ese viaje perderían la vida por una terrible confusión”.

El planteamiento del trágico error o de la confusión como titular del Caso Almería convierte lo circunstancial en sustantivo. Llevando la premisa al absurdo también podemos concluir que la causa de todo fue la avería del coche que les transportaba desde Santander o convertir al ciudadano que creyó reconocer en ellos al comando etarra que había asesinado brutalmente en Madrid el 9 de mayo de 1981 a Guillermo Tebar, Manuel Rodríguez y Antonio Nogueras y dejado gravemente herido al teniente general Joaquín Valenzuela y que llamó a la Guardia Civil, como el origen de lo sucedido. No, el peso del error finaliza un segundo después de ser detenidos. A partir de ese momento, ya bajo custodia, comienza lo irregular, lo arbitrario, las prácticas criminales: el horror. No hay una línea razonable y coherente que en un estado democrático conduzca de una detención errónea a la tortura y al asesinato.

Volvemos en este punto a recordar un fragmento de lo escrito por Jorge M. Reverte en la tribuna de El País titulada ‘Almería’, publicada el 12 de abril de 1994: “Dicen los cronicones que Castillo Quero mandó torturar y asesinar a unos jóvenes porque los confundió con etarras. ¿El crimen de Castillo Quero fue, entonces, confundirlos? ¿Si hubieran sido etarras sería menos crimen torturar y asesinar a unos chavales? Nos podemos confundir mucho. El crimen es el mismo en cualquiera de los casos. Castillo Quero torturó y asesinó a unos jóvenes…”. Convendría que periodistas, documentalistas, historiadores, etcétera, no olviden el sentido y trascendencia de estas palabras cuando elaboren programas o escriban retrospectivas sobre el tema.

El otro elemento fundamental que ha contribuido a fijar en la sociedad un relato distorsionado de los sucesos fue, sin duda, el desarrollo del juicio por el Caso Almería y la sentencia dictada.

Se presupone que el juicio debería haber aportado luz y habernos acercado a la verdad de lo sucedido para condenar a todos los culpables y aplicado una pena proporcional a los crímenes cometidos. Nada de esto sucedió. Treinta y seis años después de su celebración sigue pareciendo un elemento necesario que contribuyó a no disipar la niebla que interesadamente se  extendió sobre los sucesos. Si como en todo juicio los objetivos fundamentales eran probar unos hechos, tipificarles, aplicar los fundamentos de derecho y dictar sentencia en función de las peticiones de las partes y el fiscal, el empeño fue una pura frustración.

La lectura hoy de las crónicas periodísticas del juicio produce, 36 años después de que tuviera lugar, indignación e impotencia. Es un hecho evidente la desigual correlación de fuerzas que se planteó desde un comienzo en la sala y fuera de ella. Las presiones y coacciones de todo tipo fueron extraordinarias, como bien puede dar testimonio el abogado de la acusación, Darío Fernández. Se intoxicó con falsedades a medios de comunicación y opinión pública. Periodistas como Melchor Miralles sufrieron amenazas contra su integridad física…

Para empezar, la instrucción del sumario fue deficiente, por no hablar de la fiabilidad de las pruebas forenses. Ya en el juicio, las contradicciones de los testimonios aportadas por los encausados, la inconsistencia de su relato, la destrucción o desaparición de documentos y pertenencias de las víctimas y la evidente colocación de pruebas falsas motivaron la petición de reconstrucción de los hechos por parte del abogado de la acusación. A pesar de todo ello, el fiscal y la presidencia de la sala no la consideraron necesaria. Este elemento y que se diera por buena la práctica totalidad de la versión de los procesados fue capital a la hora de emitir el fallo.

Bien por estrategia, bien porque el juicio no se atuvo completamente al desarrollo que habían previsto, incluso los abogados de los tres guardias civiles cambiaron la petición de absolución inicial por la de homicidio en la exposición de conclusiones, acercándose así a la tipificación de la fiscalía. No por ello aminoraron en su empeño de condicionar y amedrentar al tribunal, valgan como muestra dos intervenciones efectuadas en la fase de conclusiones: “Sois un tribunal civil pero debéis juzgar teniendo en cuenta normas de tipo militar, porque la ley os obliga a ello” o, de forma más chusca, “66.000 compañeros de los procesados esperan con ansiedad vuestra sentencia, convencidos de que en su comportamiento los procesados actuaron lealmente como guardias civiles y esperan que así lo reconozcáis”.

Si, ya de entrada, únicamente fueron juzgados tres de los once guardias civiles que participaron en los hechos que condujeron a la muerte de los tres jóvenes, la sentencia se situó en un punto medio entre la petición del fiscal y las de las defensas al aceptar dentro de la calificación de homicidio las eximentes parciales de cumplimiento del deber (teniente coronel Castillo Quero) y obediencia debida (sus subordinados Gómez Torres y Fernández Llamas). El juicio se cerró así en falso, por lo que los sentimientos de dolor, angustia e impotencia han anidado desde entonces en las familias de las víctimas. De ahí la certera afirmación del valiente periodista y profesor universitario, Antonio Ramos Espejo, de que el Caso Almería es un caso cerrado para la Justicia y abierto para la Historia.

La actuación de la Guardia Civil como institución dejó mucho que desear a lo largo de todo el proceso. Su alineación con los encausados y condenados fue más allá del corporativismo y llegó al cuestionamiento de la honorabilidad de las víctimas y al intento de deteriorar las relaciones entre las familias de los asesinados, lo que no consiguieron. La dilación en el cumplimiento de las sentencias, las condiciones en las que se desarrollaron e incluso la utilización de fondos reservados son únicamente explicables a partir del deficiente desarrollo democrático de las instituciones y el contexto político de aquellos años.

La Guardia Civil como institución haría bien en pedir perdón de forma expresa a las familias. No hacen falta cámaras de televisión. Han pasado casi 40 años y hay posiciones que no deberían mantenerse por más tiempo. Como puede leerse en la página oficial de la Guardia Civil: “El honor es un conjunto de obligaciones que, de no cumplirse, hacen que se pierda”. ¿Son solo palabras de un lema?

Actos de homenaje como el que se van a celebrar el 10 de mayo en el Parlamento de Cantabria y declaraciones institucionales como la del  Ayuntamiento de Santander de mayo de 2016 o la propia del Parlamento cántabro, unidas a la posibilidad que abre la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía (y esperemos que próximamente la de Cantabria) de su reconocimiento como víctimas, constituyen contribuciones necesarias y valiosas para la restauración de la justicia y el derribo del “muro de silencio”, en expresión de Reyes Mate. Igualmente necesaria e imprescindible es la reforma de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, para que personas como Luis Cobo, Juan Mañas, Luis Montero y tantos otros, tengan cabida.

https://www.eldiario.es/norte/cantabria/desmemoriados/relato-democratico-Caso-Almeria_6_767883209.html