La gestión neoliberal de la pobreza

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La “marca” España tiene su contraportada. Una lista negra de números rojos. Son los números más vergonzantes que un Estado que alardea de social pueda presentar. Quizás por eso se obvian, se maquillan, se ignoran o incluso se banalizan. Pero están ahí. Son los números de la pobreza, la exclusión, el paro, la tasa de protección por desempleo, la pobreza infantil o la calidad de sus Servicios Sociales. Estos números bailan al compás de una crisis que se iniciara en 2008 y cuyo final algunos certifican, mientras otros, los muchos, continúan padeciendo. Y son esos números los que desafían los discursos hegemónicos de la clase política gobernante y el establishment mediático.

En España malviven 10,2 millones de personas con una renta por debajo del umbral de la pobreza. Eso representa una tasa de pobreza del 22,3%. Solo Rumania y Bulgaria son más pobres. Por eso España padece una epidemia de paro que llega al 18,9%. Casi tres millones de personas en este reino viven con 11,4 euros al día. Como en Angola y Bielorrusia. Más del 60% de la población española tiene dificultades para llegar a fin de mes y solo el 54% de quienes se apuntan al paro perciben algún tipo de ingreso por desempleo.

La renta del empleo en España empeora, es decir se trabaja más desde el 2012, de hecho, los beneficios empresariales se han disparado desde entonces hasta el 200,7%, pero el coste salarial apenas ha aumentado un 0,6%. Y las mujeres se llevan la peor parte ya que suponen el 58% de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y es que siete de cada diez personas que reciben los salarios más bajos son mujeres. Ellas cobran hasta un 14% menos que los hombres. Y también la juventud que logra acceder a un empleo comprueba como su sueldo anual es un 33% inferior respecto al de 2008.

Estos datos, por si solos, no dicen nada. Se han banalizado. Pero son arte y parte de una estrategia, de una gobernanza y de una política austericida iniciada en 2008 que se activó como consecuencia de una crisis mundial autogenerada con la intención de inaugurar una nueva manera de gobernar y gestionar el mundo.

EL DISCURSO NEOLIBERAL DE LA POBREZA

Ser pobre hoy tiene un alto precio personal que se paga muy caro en el mercado del estigma asignado. Ser precario o precaria, trabajadora pobre o excluido del circuito del consumo y la normalización social, no es solo una situación vivida y padecida, es también una realidad interpretada y etiquetada por el poder que se encarga de diseñar dispositivos ideológicos y argumentales para hacer digerible y amable el discurso en torno a la pobreza y la exclusión.

Y es que no solo la crisis ha cambiado o remodulado el discurso sobre la pobreza, el desempleo, la precariedad o la exclusión social. No solo han cambiado sus ecos y sus resonancias sociales. También el discurso político y económico, que justifica la crisis y la reproduce, ha creado un nuevo sujeto social perfectamente adaptado a esta nueva situación. Un sujeto que, además de padecer una grave crisis de individualidad, ahora se autoinculpa de su situación personal y social. Ahora este sujeto tiene una noción de sí mismo y de su experiencia vital moralmente reprochable. Obsérvese al desempleado o el cliente de los servicios sociales que acude a éstos para solicitar un subsidio o prestación económica. No solo evidencia una situación de precariedad o exclusión social, consecuencia de una estructura social desigual que raramente es observada o identificada por los profesionales que le atienden, incorpora además un juicio moral sobre sí mismo y así es evaluado.

La crisis económica ha agudizado la individualización de las conductas hasta el paroxismo, pero no como un profiláctico ante la misma al estilo del sálvese quien pueda, que también, sino como herramienta del poder. Y esto tiene que ver con el concepto denominado “gobierno de las voluntades” que vendría a ser algo así como las prácticas y los discursos centrados en el control de las conductas y los pensamientos de la gente con el objeto de conseguir que la propia ocupación y la propia manera de estar en el mundo y enfrentar la realidad, por dura que sea, refuerce el control del Estado, exculpe a éste de toda responsabilidad y justifique la inviabilidad natural de alterar el orden de las cosas. Y es que como bien recuerda Mark Fisher, la narrativa terapéutica de la autorresponsabilidad heroica es el ultimo recurso personal en un mundo que en el que las instituciones ya no garantizan seguridad alguna.

POLÍTICAS SOCIALES Y NEOLIBERALISMO: DE LA PROTECCIÓN AL CASTIGO

Dos grandes teóricos europeos nos ayudan a interpretar estas derivas, a encontrarle sentido a esta nueva gobernanza y autogobernanza ante la adversidad. Por un lado, Loïc Wacquant con su obra Castigar a los pobres incide en un nuevo gobierno de inseguridad social encaminado a modificar los desajustes sociales provocados por la desregularización de la crisis económica y la reconversión del bienestar. Por otro lado, Maurizio Lazzarato en su obra La fabrica del hombre endeudado, reclama que “la deuda sirve para disciplinar a las personas, pues no se trata sólo de un problema contable, sino que tiene una dimensión más profunda, en la que convergen elementos morales, políticos y estratégicos”.

Y es que el neoliberalismo no es solo una ideología aséptica o un sistema segregatorio de acumulación del capital; es más. Es una herramienta de dominación y de autodominación personal y social. Porque el actual capitalismo es una picadora de carne que no sería nada sin nuestra activa colaboración. Y para ello se han articulado estrategias que transversalizan todos los sistemas sociales, económicos, culturales o políticos. Nos detendremos en los sistemas de protección social. Y es que desde hace tiempo las políticas públicas patologizan e individualizan aquellas biografías, itinerarios o sucesos que escapan a los procesos de normativización y normalización social. El sistema de salud o el sistema de los servicios sociales victimizan los procesos personales haciendo creer al sujeto que él es el culpable de su situación. Reconversiones, paro de larga intensidad, precariedad laboral, exclusión social, pobreza endémica, divorcios, estrés, ansiedad, se envuelven en nuevas categorías gnoseológicas que explican los nuevos problemas sociales, problemas por otra parte absolutamente despolitizados en su origen, análisis y significado.

Por ejemplo, los Servicios Sociales han inventado herramientas de normativización social como la Búsqueda Activa de Empleo, los acuerdos de incorporación, el itinerario de inserción y otras lindezas técnico-burocráticas, descontextualizadas de la realidad social en las que los sujetos patologizados, victimizados y desautorizados se ven obligados a desprenderse de su protagonismo histórico. Ya no interesan las causas que han generado esas biografías de la pobreza, el abandono o la desesperación, como si los sujetos hubiesen elegido su propia miseria. Nada se opina sobre las condiciones y relaciones laborales, sociales, familiares, patriarcales, sexistas o de dominación. Nada sobre la inseguridad, las infraviviendas, los salarios parciales, los talleres ilegales y las múltiples formas de explotación invisible. Nada. Como si solo nos interesara asistencializar a quienes van a la deriva, a quienes no asimilan su naufragio voluntario.

GESTIÓN DE LA POBREZA: LA REDENCIÓN DEL POBRE

Mientras la clase corrupta sale inmune de sus tropelías, los pobres se ven obligados a sentarse a diario ante el tribunal del Santo Estigma. Y no es una exageración. Una especie de culpabilización colectiva les obliga a rendir cuentas por su propia pobreza. A ser investigados por cobrar —los que cobran— por percibir las ayudas que reciben: paro, subsidios de todo tipo y rentas garantizadas o rentas de inserción. A decir donde están, donde viven, con quien, donde están empadronados, si viajan o no, si salen del país o no, si se casan, se juntan o si les toca la lotería. En definitiva, un control de la propia subjetividad que ya anunciara Foucault el siglo pasado. Y es que la pobreza también tiene su propia gestión neoliberal. Una gestión que recorre de forma transversal casi todos los dispositivos de los sistemas de protección social, especialmente los sistemas de Empleo y Servicios Sociales.

Porque es aquí, en la cola del paro, en la ventanilla del desempleo o en las oficinas de los Servicios Sociales y en sus dispositivos de acompañamiento, acogida, orientación y prestación de ayudas económicas donde se han implementado dinámicas neoliberales de atención y control de la ciudadanía. Control que se realiza a través de herramientas educativas, de acompañamiento o enmarcadas en las denominadas políticas de activación y la autogobernanza amparada por el falso mito de la autonomía personal o la ilusoria empleabilidad. Muchos trabajadores pobres, precarios y precarias, subsidiados y desempleadas recorren las oficinas del SEPE y cuando no reciben ayuda aquí —1,2 millones de parados no perciben ninguna prestación— acaban en los Servicios Sociales demandando Renta Garantizada. Y es que uno de los principales dispositivos de lucha contra la exclusión social son los programas de Rentas Mínimas de Inserción cuyos destinatarios son personas con ingresos por debajo del umbral de la pobreza, trabajadores y trabajadoras pobres.

Estos programas contienen dos elementos: un ingreso económico mensual que varía en función de cada comunidad autónoma y un Itinerario Personalizado de Incorporación Social, título rumboso donde los haya para denominar un contrato entre la administración pública y la persona beneficiaria donde se pactan una serie de acciones para favorecer la supuesta inserción social a cambio de la prestación recibida. Y en estas prácticas es donde las tecnologías del yo hacen su aparición en forma de herramientas de control y dinamización neoliberal basadas en la pedagogía del déficit. Y es que ahora ese sujeto intervenido es considerado huérfano de habilidades, actitudes, aptitudes o capacidades socio personales para enfrentarse a la adversidad de su existencia. Y así nos inventamos, al amparo de directrices europeas, una serie de dinámicas que intercambiamos desde los servicios de empleo y servicios sociales con la ciudadanía más precaria. Pero nada de hablar de la estructura económica que ha generado esa desigualdad y esa exclusión del empleo. De lo que se trata es de activar herramientas que autorresponsabilicen al sujeto, que asuma su propio desclasamiento interior y lo reactive a través de tecnologías redentoras.

La formación se configura, así como un mito, un estadio al que llegar. Sin formación no hay paraíso, aunque el paraíso ya no exista. Y es que en los distintos programas de activación para el empleo destinados a la población desempleada y a la población que está protocolizada y monitorizada por los Servicios Sociales, la formación actúa como motor de cambio. Y esto es lo que se vende a los pobres y desempleados como productos de salvación: cursos de formación pre laboral, de formación profesional, cursos para elaborar un currículum o cómo abordar una entrevista de trabajo, aunque sea precario, o la búsqueda activa de empleo, como si los sujetos estuvieran infantilizados para tal fin, o de habilidades sociales, personales y actitudinales. O incluso para mejorar la autoestima, cuando la autoestima no se mejora si no es con un empleo digno y una resocialización igualitaria, o de habilidades sociales, como si una no las hubiera demostrado antes para soportar esa pobreza o precariedad que padece. Y el colmo es la oferta de los cursos de inteligencia emocional entendidos como recurso reparador y redentor de nuestra situación, como si los culpables del desempleo fueran fuerzas internas que haya que gestionar emocionalmente pero no políticamente.

SOBREDOSIS DE SOLIDARIDAD SOCIAL QUE NO REPARA EL DÉFICIT DE IGUALDAD

Y es que frente al descalabro de los sistemas públicos de protección social, frente a la saña de los recortes en los principales seguros vitales que nos han proporcionado más o menos seguridad ante la adversidad, frente al acoso y derribo de lo público como estructura de protección; no pocos colectivos civiles y religiosos, oenegés, entidades privadas de solidaridad con y sin ánimo de lucro y grupos ciudadanos de variada tipología, han izado la bandera de la desigualdad y la pobreza como formas de solidaridad redencionista. Numerosas iniciativas sociales y de apoyo mutuo tratan de salvar a la gente de los desahucios, de la pobreza, del frío, del hambre, de los cortes de agua y luz, de la precariedad y de carencia de las necesidades más básicas. Prácticas todas ellas loables, de reconocida solvencia solidaria, de gran reconocimiento social, pero que sigilosamente se formalizan como desplazamientos de las formas de distribución garantistas procedentes de los sistemas públicos. Como si los sistemas públicos, invisibilizados y descapitalizados por no decir despolitizados, fueran incapaces de abordar este socavón social creado por la crisis. Y esto tiene efectos secundarios de obligada lectura.

Los medios de comunicación al servicio de la ideología neoliberal dominante están fabricando un discurso tras el cual ese tercer sector de carácter benéfico es presentado como el único actor posible para responder a las situaciones de emergencia, pobreza y precariedad generalizada. Y eso provoca, no ya una desconfianza en los sistemas públicos, ultrajados como ineficaces por la ideología ultra neoliberal, sino algo mucho peor: su retirada simbólica del imaginario colectivo como sistemas correctores de las desigualdades. De ahí a aceptar la caridad bien entendida y la beneficencia intensiva como únicas posibilidades para salir de la ciénaga vital, va solamente un paso: la aceptación merecida de la perdida de ciudadanía reconvertida ahora en un sucedáneo de ciudadanía premiada con prestaciones graciables.

Pero la cuestión de fondo es cómo esa ingente sobredosis e inflación de solidaridad horizontal entre iguales, se está convirtiendo, por acción u omisión de los sistemas públicos de protección ultrajados y descapitalizados, en la estrategia dirigida e invisibilizada de la nueva gestión neoliberal de la pobreza. Porque esta instauración de la caridad privada, la que nos sale del alma, con vocación social y aceptada como un valor innato de la gente a pie de obra y voluntarios de todo tipo y condición, está contribuyendo al apuntalamiento discursivo del final del estado social y democrático de derecho. Porque esa caridad bien entendida rompe, a sabiendas o no, con el principio de igualdad vital en democracia social. Cuesta decirlo, pero en esto también, como dice Marta Sanz, los que sin creer que forman parte del discurso dominante, cada día lo apuntalan más.

https://www.elsaltodiario.com/pobreza/la-gestion-neoliberal-de-la-pobreza

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Crece la pobreza severa: Ya son más de 3,5 millones los ciudadanos que viven con menos de 350 euros al mes

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La pobreza severa sigue aumentando en España y ya afecta a más de 3.500.000 de personas, el 7,6% de la población. El 41,6% no puede irse de vacaciones una semana y el 38% no puede afrontar un gasto inesperado de 650 euros.

Ha subido la tasa de trabajadores pobres, que ha ido ascendiendo del 11,7% del total de la población activa en 2013, al 14,2% en 2014 y al 14,8% el pasado año, debido a la mala calidad del empleo, ha recalcado el presidente de la Red Europea Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) en España, Carlos Susías.

La desigualdad también aumentó en España, donde el 10% de los más ricos obtienen una cuarta parte de los ingresos de toda la población, con lo que se coloca en el tercer país europeo, detrás de Rumanía y Serbia, con las diferencias más notables. El Índice se elabora a partir de tres factores: el umbral de pobreza, situado en ingresos de 8.010 euros al año o 667 euros al mes; la privación material severa, que agrupa a personas que no pueden permitirse al menos cuatro de nueve conceptos de consumo básico, y la baja intensidad de trabajo por hogar.

Un 2,2% de los españoles, algo más de un millón de personas, se encuentran en la peor situación económica y social posible al padecer los tres factores del indicador. Respecto al primero de ellos, 10,4 millones viven bajo el umbral de la pobreza, una cifra solo una décima menor que la de 2014, cuando la tasa fue del 22,2%. Sin embargo, se acrecentó un 0,7% los que la sufren de forma severa con ingresos menores a los 4.000 euros al año, y ya suponen el 7,6% de la población, 3,5 millones de personas.

Los más castigados fueron los jóvenes de entre 16 y 29 años, cuya tasa pasó del 36,4% al 38,2%; aunque en los menores bajó dos puntos, hasta situarse en el 33,4%, el riesgo de pobreza y exclusión social sigue afectando a tres de cada diez niños, mientras que los mayores de 65 años son el colectivo con el indicador más bajo (13,7%).

La mitad de las familias monoparentales con uno o más hijos a su cargo está en riesgo de pobreza y exclusión, mientras que en los hogares con dos adultos esa cifra desciende al 28,5%. Atendiendo a su procedencia, la población extracomunitaria en esta tesitura se disparó del 55,4% al 63,9%, seguidos de los inmigrantes de la UE (40,2%) y los españoles (25,5%).

Mientras, la tasa de privación material afectó a casi 3 millones de personas: los dos conceptos con mayor incidencia fueron el no poder irse de vacaciones una semana (41,6%) e incapacidad de afrontar un imprevisto de 650 euros (39,8%), mientras que el 11% tiene retrasos en los pagos de facturas relacionadas con el hogar y un 10,6% no puede poner la calefacción.

Respecto al último de los factores, casi 5,5 millones (el 15,4% de la población) vivió en un hogar con una baja intensidad de empleo, es decir, sus miembros trabajaron menos de dos horas diarias.

http://kaosenlared.net/crece-la-pobreza-severa-ya-son-mas-de-35-millones-los-ciudadanos-que-viven-con-menos-de-350-euros-al-mes/

 

Otras nueve temporeras de la fresa de Huelva denuncian nuevos abusos sexuales

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Nueve temporeras inmigrantes han denunciando ante la Guardia Civil en las últimas horas presuntos abusos laborales y sexuales en una finca de la provincia de Huelva donde han acudido a trabajar con contrato en origen para la recolección de los frutos rojos.

Estas inmigrantes marroquíes han comparecido este lunes ante los medios de comunicación a las puertas de la Inspección de Trabajo de Huelva junto al diputado nacional de Podemos Diego Cañamero, quien ha explicado que las denuncias se interpusieron ayer ante la Guardia Civil, en El Rocío (Huelva).

Ha precisado que cuatro de ellas han relatado presuntos abusos sexuales, llegando incluso a identificar a una persona, y el resto explotación laboral al no cumplirse las condiciones de trabajo.

Cañamero ha indicado que todas ellas han denunciado “con mucho miedo y las hemos tenido que sacar de la finca, las hemos trasladado a un pueblo para pasar la noche y ahora intentaremos que se las proteja para que las denuncias sigan su curso y lleguen a buen puerto”.

El objetivo, ha precisado, es que “la Junta de Andalucía las proteja en un sitio decente donde puedan tener un control de las denuncias, puedan ratificarlas ante el juez y seguir adelante con el procedimiento”.

Algunas de las afectadas han narrado ante los medios que el jefe de la finca en la que trabajan las trata mal, que en la casa que se les ha ofrecido “viven seis personas y faltan muchas cosas” y que “tienen que pagar por tres horas al día de agua y luz que muchas veces no se respetan, hasta el punto de que a veces han llegado del trabajo y no se han podido duchar”.

Han indicado que “algunas han sido víctimas de abusos por parte de uno de los encargados que las amenazaba para ir con él y mantener sexo”.

Esta denuncia se suma a la interpuesta por otra temporera el pasado viernes también por explotación laboral y a la detención de un encargado de una finca de Moguer por presuntos abusos sexuales y coacción a al menos cuatro trabajadoras.

http://www.publico.es/sociedad/otras-nueve-temporeras-fresa-huelva-denuncian-nuevos-abusos-sexuales.html

CCOO y UGT darán cobertura legal a la huelga de mujeres del 8 de marzo

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En la agenda que los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT van a desarrollar este año ocupa un lugar destacado todo tipo de medidas para acabar con la discriminación entre mujeres y hombres. Este asunto atravesará los foros y mesas de negociación de las centrales con las organizaciones empresariales y el Gobierno al considerar impropio que en el siglo XXI las mujeres aún sean las más perjudicadas en materia de salarios, jornada laboral o ayudas a la maternidad y la conciliación.

La estrategia sindical tiene varios frentes y uno de ellos es sumarse al paro internacional de mujeres convocado en todo el mudno por diversas organizaciones del movimiento feminista para el próximo 8 de marzo. Aunque la idea surgió en el 2016 como respuesta a la “violencia social, legal, política, moral y verbal” contra las mujeres,  es el primer año en que las centrales españolas van a dar no solo su respaldo, sino cobertura legal a quienes quieran secundar el paro. Se trata de que la huelga la convoquen también los sindicatos, sensibilicen e informen de ella en los centros de trabajo y respondan por las mujeres y los hombres en caso de represalias de las empresas.

ste lunes, las responsables de las secretarias de la Mujer Elena Blanco, (CCOO) y Cristina Antoñanzas (UGT), anunciarán la duración de dicho paro (unas horas o una jornada) y otras movilizaciones y  propuestas que tomarán tras coordinarse con las organizaciones feministas. Los líderes Unai Sordo y Josep Maria Álvarez asistirán a la rueda de prensa para respaldar la campaña de las sindicalistas.

Juntos y por separado los dos sindicatos van a desplegar acciones de sensibilización. Con la incorporación masiva de las mujeres al trabajo en las últimas décadas, han aflorado las brechas  que inclinan la balanza de la desigualdad hacia ellas: los salarios, el empleo y los derechos como trabajadoras.

En la reunión que la semana pasada celebró el consejo confederal de CCOO, Sordo ya anunció la celebración de paros laborales el 8 de marzo para denunciar “la violencia machista, la brecha salarial, la precarización del empleo, la  segregación ocupacional y la desigualdad económica y social”.

Trabajar gratis

UGT por su parte ha vuelto a lanzar la su campaña de sensibilización contra el tiempo de más (aproximadamente dos meses al año) que las mujeres europeas trabajamos gratis en vista de la brecha salarial, que en España roza el 15%, lo que tendrá repercusiones en las futuras pensiones.

Puedes seguir leyendo el resto de la entrada en la siguiente dirección:

http://www.elperiodico.com/es/economia/20180128/ccoo-y-ugt-daran-cobertura-legal-a-la-huelga-de-mujeres-del-8-de-marzo-6581191

4 de cada 10 trabajadoras y trabajadores son precarios a nivel mundial

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La Organización Internacional del Trabajo publicó su informe anual sobre las perspectivas mundiales del empleo. Según el informe la economía mundial mantiene su repunte, que “se prevé que permanezca estable, pero bajo “, situándose “por debajo del 4 por ciento, pues en la mayoría de las principales economías la actividad económica se normaliza sin estímulos significativos y la inversión fija permanece en un nivel relativamente moderado”. Una situación muy parecida a la del Estado español [http://www.izquierdadiario.es/La-paradoja-de-la-economia-espanola?id_rubrique=2653] tal y como analizábamos en otros artículos de Izquierda Diario.

Para un análisis de la economía mundial recomendamos leer: http://www.izquierdadiario.es/Un-diagnostico-para-la-economia-mundial-y-la-inversa-del-reformismo

Pero este bajo crecimiento de la economía se traduce, según la estimación del informe, en un bajo crecimiento del empleo siendo insuficiente “para absorber el aumento de la fuerza de trabajo en los países emergentes y en desarrollo”.

Persiste el drama del desempleo

A nivel mundial el desempleo se sitúa en más de 190 millones de personas desempleadas. Según la estimación la tasa de desempleo mundial experimentaría un bajísimo descenso del 5,6% al 5,5% (respecto al 2017). Las previsiones muestran que 2018 seguiremos con más de 192 millones de desempleo, y para 2019 aumentará en 1,3 millones.

Entre 2014 y 2017 el desempleo en los llamados países emergentes aumentó a causa de la desaceleración de la economía, como consecuencia de la caída del precio de los productos básicos como en Brasil o Rusia. En el mismo periodo los países centrales como EEUU, China o por otro lado la Unión Europea aminoraban la caída de la economía con un leve repunte de la economía -que como parte de los ataques draconianos al pueblo trabajador- aumentó el empleo, pero precario.

Además, las dificultades para encontrar trabajo para determinados sectores significativos de la población, como la mujer, aumentan. “En promedio, las mujeres tienen menos probabilidades de participar en el mercado de trabajo”. A ello le debemos sumar que el escaso aumento del empleo de la fuerza de trabajo no está compensando el aumento del número de jubilados, por lo que en países importante está en peligro la jubilación de millones de trabajadores, abocados a seguir en situación vulnerable y en la pobreza durante su jubilación. En los países centrales donde el envejecimiento de la población es considerablemente más veloz, se estima que para 2030 habrá cerca de cinco personas de 65 años o más por cada diez personas en la fuerza de trabajo, un aumento con respecto a las 3,5 de 2017.

La precariedad y la desigualdad avanzan a nivel mundial

A nivel mundial en 2017 alrededor del 42,5% de los trabajadores y trabajadoras tenían “empleos vulnerables” (precarios), lo que significa 4 de cada 10 trabajadores y trabajadores, es decir cerca de 1400 millones de personas. Estas alarmantes cifras, las estimación muestran que en 2018 ascenderá al 42,6% y en 2019 al 42,7% ( unos 17 millones de personas cada año).

El informe detalla además que en los países llamados en desarrollo y emergentes, la precariedad superaría el 76% y el 46%, respectivamente. En los países “considerados ‘desarrollados’, la tasa está en el 10%”.

Se pone de relieve que el repunte de las condiciones precarias se da en el sector servicios. Un sector que ha visto crecer sus ingresos e inversión desde 2014, en detrimento de otros sectores. Este giro a estos sectores se debe a que la rentabilidad del capital invertido es muy baja en sectores como los manufactureros, tecnología o construcción, “desviándose” a otros que requieren poca inversión de capital fijo (maquinaria, infraestructuras…) pero con rentabilidad considerable a corto plazo.

Esta situación en las economías ha provocado la proliferación de contratos de trabaja a tiempo parcial. El informe cita que para la UE la jornada laboral a tiempo parcial pasó a representar el 21,6% del total del empleo en 2016, respecto al 18,7% que suponía en 2008. Estos contratos, confirma la OIT, suponen en general sueldos más bajos y menores perspectivas de promocionar en la carrera laboral de los afectados. Además “más del 30% de los trabajadores a tiempo parcial en la Zona Euro preferiría estar empleado a jornada completa. El estudio destaca en este punto el caso de España, Italia y Grecia, donde el porcentaje se eleva por encima del 60%”.

En el caso del Estado español, tal y como hemos analizada en otros artículos, la pobreza y la precariedad aumentan entre las mujeres y la juventud. Un 13,1% de sus trabajadores viven en hogares que se encuentran en el umbral de la pobreza. Es decir, son hogares que no alcanzan el 60% de los ingresos medios. Para hacernos una idea de la relevancia de este dato como indicativo de profunda pobreza hay que señaar que en la UE solo están en peor situación Grecia y Rumanía, con un 14,1% y un 18,9%, respectivamente. Es decir, no estamos muy lejos de Grecia, solo a un punto, de un país que ha sufrido una caída del PIB durante la crisis económica superior al 20% y con tres rescates financieros europeos a sus espaldas, una especie de tsunami económico.

La dramática situación de millones de asalariados y asalariadas abocados a soportar condiciones laborales y de vida cada vez más precarias se produce como consecuencia de que un sector minoritario de la población se enrique a costa de nuestro esfuerzo y nuestras vidas. Según un informe del Laboratorio de la Desigualdad Global el 1% de la población con más ingresos gana el doble que el 50% más pobre en el mundo.

En Oriente Medio el 10% de personas con más ingresos goza del 61% de la renta nacional. En África subsahariana, del 54%, mientras que, en Estados Unidos y Canadá, del 47%. En Europa, la menos desigual, ese 10% que más gana representa el 37% de los ingresos totales.

Según este mismo informe en el Estado español el 10% de los más ricos (con 813.000 euros de media por adulto) acaparan el 57% de la riqueza del país; mientras que el 50% más pobre posee el 7% (con 18.900 euros cada individuo).

Frente a esta situación dramática generada por el capitalismo del siglo XXI es necesario luchar por la perspectiva de trabajar todos para trabajar menos, sin caída del salario. Para ello las y los trabajadores se deben organizar alrededor de un programa de lucha contra los despidos, contra el trabajo precario y contra el paro, que señale claramente que nuestras vidas valen más que sus ganancias. Una perspectiva imposible sin una transformación radical de la sociedad, cuestionando las ganancias capitalistas.

http://www.laizquierdadiario.es/4-de-cada-10-trabajadoras-y-trabajadores-son-precarios-a-nivel-mundial?id_rubrique=2653

Hay menos empleo absoluto que en 2011: Se trabajan 8,2 millones de horas menos en cinco años pese a la creación de empleo

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Los datos de la EPA del tercer trimestre muestran que, frente a lo que afirma el gobierno, no es cierto que se cree empleo absoluto en el Estado Español, puesto que se trabajan menos horas en 2017 que en 2011, aunque haya más ocupados. La explicación es simple: crece el trabajo más precario, el contrato a tiempo parcial, a costa del de jornada completa.

En realidad más de la mitad de las horas extras no se pagan: es decir, buena parte de los contratos a tiempo parcial lo son realmente a jornada completa pero sin la retribución que correspondería. Un fraude de ley a gran escala (que afecta también a la recaudación de la seguridad social) tolerado por el gobierno que, además de aprobar una legislación laboral que favorece el fraude, apenas si invierte en medios para investigarlo (inspección de trabajo…).

Y es que la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al tercer trimestre del año (de julio a septiembre), publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), refleja que se crearon 226.500 empleos y hubo 253.900 parados menos. Pero, a falta de la EPA del cuarto trimestre, arrojaba datos que evidencian que los empleos que se crean son más precarios que cuando Mariano Rajoy llegó a La Moncloa.

Los resultados de la EPA al detalle reflejan que en el tercer trimestre de este año se trabajaron en total 559,2 millones de horas, una cifra inferior a las 567,4 millones de horas de trabajo del tercer trimestre de 2011, cuando Rajoy llegó al gobierno. Es decir, que ahora se trabajan 8,2 millones de horas menos que hace cinco años.

 

http://kaosenlared.net/hay-menos-empleo-absoluto-que-en-2011-se-trabajan-82-millones-de-horas-menos-en-cinco-anos-pese-a-la-creacion-de-empleo/

 

Un millón de jóvenes son parados de larga duración

 

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Un millón de jóvenes son parados de larga duración y además a un 61% les falta la cualificación. Por eso desde el sindicato consideran que estos déficit deben ser un prioridad para el Gobierno.

El pasado viernes la secretaria de Empleo y Cualificación Profesional de CCOO, Lola Santillana, presentó el informe sobre la situación del empleo entre los jóvenes españoles.

Lola Santillana destacó del informe que más de un millón de jóvenes buscan empleo (un tercio son parados de larga duración). Si nos fijamos en el tipo de formación de las personas paradas, el 61% de todas ellas carece de formación de tipo profesional. Es decir, no ha estudiado o no tiene reconocidas competencias profesionales que le habiliten para trabajar en determinadas ocupaciones.

Estos datos para la secretaria de Empleo y Cualificación Profesional de CCOO, significa que “precisan de una formación para el empleo que les facilite y certifique esas competencias”, ha señalado Santillana.

Los trabajadores y trabajadoras jóvenes han sufrido con especial intensidad la crisis. La mitad de los que tenían empleo hace diez años lo han perdido, y solo uno de cada diez percibe una prestación por desempleo. El resto no lo tiene tampoco fácil, la precariedad y los contratos temporales es lo habitual.

Lola Santillana denuncia que el gobierno al principio de la crisis, la única puerta que se abría a nuestros jóvenes para encontrar empleo era una invitación a marcharse. Muchos han se han visto forzados a hacerlo.

Hay casi dos millones de personas menos de entre 16 y 29 años

CCOO ofrece datos estremecedores del abandono del país. Entre el tercer trimestre de 2008 y el de 2017 hay casi dos millones de personas menos de entre 16 y 29 años: los 8.083.342 jóvenes de 2008 se han reducido a 6.183.811 en 2017. La natalidad y la emigración han provocado un descenso de la población joven del 23,5% de los jóvenes, uno de cada cuatro. De estos 1,9 millones de personas, un millón corresponden al período 2011 – 2017.

Desde el inicio de la crisis, más de 2,1 millones de jóvenes han perdido su trabajo, la mitad de los que tenían empleo.

El sindicato CCOO denuncia que cuando el gobierno afirma que “ha bajado el paro un 35%”, deja en la opinión pública una impresión de que se ha conseguido algo “bueno”, que es falsa. Cuando se produce una pérdida de empleo, y más si esta es muy importante y baja el paro, lo que ocurre es una pérdida de actividad y, según crezcan el número de personas inactivas, de población.

Este es un fenómeno que se produce con cierta frecuencia, cuando se analizan los datos mensuales de paro registrado y de afiliación. Hay una pérdida de población del 14% que es lo que permite la disminución del paro, porque no se crea empleo. “Cuando disminuye el paro sin que aumente el empleo, necesariamente o hay pérdida de población o aumento de personas inactivas” denuncia CCOO.

Hay más de un millón de jóvenes que buscan empleo

En la actualidad hay más de un millón de jóvenes que buscan empleo (un tercio son parados de larga duración), el 61% de todas ellas carece de formación de tipo profesional. Es decir, no ha estudiado o no tiene reconocidas competencias profesionales que le habiliten para trabajar en determinadas ocupaciones. Lola Santillana denuncia que estos jóvenes “precisan de una formación para el empleo que les facilite y certifique esas competencias”.

Solo una de cada diez personas jóvenes – 248.167 personas- percibe una prestación por desempleo. Para CCOO, es preciso analizar qué políticas activas se están implementando y qué fondos se destinan a ellas cuando una de cada cuatro personas jóvenes paradas lleva más de un año en paro y carecen de formación de tipo profesional.

Para el sindicato, deberían estar incluidas en los objetivos prioritarios en materia de formación, las 209.690 personas jóvenes que carecen de formación de base y precisan acreditar competencias clave para acceder a certificados de profesionalidad de segundo nivel.

La pérdida de más de dos millones de empleos desde el inicio de la crisis. Una parte es imputable al conjunto del empleo, pero otra al hecho de ser joven. Así lo reflejan las cifras de horas trabajadas por las personas entre 16 y 29 años, que perdieron el 47,6%, casi 80 millones de horas. Si ese grupo de edad representaba el 21,8% de todas las horas trabajadas, parece obvio que ha perdido muchas más de las que le correspondería por su representación.

Para CCOO es una prioridad que la proporción de jóvenes en la actividad económica no sea inferior al diez por ciento o al 11,1%, que es la mitad del peso de los jóvenes en el conjunto de las edades.

Este objetivo debería traducirse en una norma jurídica que permita establecer discriminaciones positivas cuando no se de dicha proporción Asimismo, es preciso establecer procedimientos jurídicos que permitan trasponer estos objetivos en la administración pública, dado que las personas menores de 30 años han pasado de suponer el 10,8% en 2008 al 5,9% en 2017.

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