ALTSASU: LOS FAMILIARES TILDAN LA SENTENCIA DE “BARBARIDAD” Y CONVOCAN UNA MANIFESTACIÓN EL 16 DE JUNIO

Los padres de los condenados recurrirán la sentencia, al considerarla “una vergüenza” y “un absoluto desprecio al principio de justicia”

Padres y madres de los ocho jóvenes condenados a penas de entre 2 y 13 años de cárcel por la agresión a dos guardias civiles en Alsasua han anunciado que sus abogados ya trabajan en los recursos de la sentencia, que tildan de “barbaridad“, pese a que la Audiencia Nacional haya desestimado el delito de terrorismo.

Los familiares de los jóvenes condenados han llegado al local de la calle Mayor de Pamplona, donde han ofrecido una rueda de prensa entre los aplausos de una multitud de personas, que han coreado consignas en la que reclamaban la puesta en libertad de los procesados.

Isabel Pozueta, madre de uno de los condenados, ha señalado posteriormente que esta sentencia es “una venganza“, que tiene “una intencionalidad clara de generar dolor“.

“Estamos muy dolidos, pero vamos a seguir adelante”, ha declarado Pozueta, que ha instado a la sociedad a salir a la calle para decir “basta ya” y en ese sentido ha anunciado una manifestación para el próximo día 16 de junio en Pamplona.

Tras resaltar que “no nos vamos a quedar paralizados por el dolor”, Pozueta ha denunciado “la utilización de nuestros hijos e hijas con una intencionalidad política” y ha considerado que “no es una casualidad” que la sentencia se haya conocido este viernes.

Desde el primer momento, ha recordado, los familiares de los jóvenes han afirmado que los sucesos que tuvieron lugar en el exterior del bar Koxka de Alsasua “no eran terrorismo”.

Sin embargo, ha lamentado, “sabiendo que el caso de terrorismo iba a quedar en humo”, el proceso se trasladó a la Audiencia Nacional, porque en todo caso “las penas iban a ser más duras”.

Esta sentencia “es una venganza política”, pero “no vamos a caer en la provocación”, ha declarado Pozueta, que ha resaltado que no desean la cárcel “ni para nuestros hijos ni para nadie”.

Edurne Goikoetxea, madre de otro de los condenados, ha asegurado que la situación de las familias, ante esta “sinrazón”, es “muy delicada” y “sólo lo compensa la solidaridad de la gente”.

Sus hijos “ni son linchadores ni son agresores“, sino que son “unos buenos chavales”, ha subrayado Goikoetxea, que ha manifestado que “el pueblo de Alsasua no se merece esto” y ha advertido de que van a llegar “hasta donde haga falta” para defender la inocencia de los condenados.

Al respecto, ha hecho un llamamiento a los partidos que “con la ‘coletilla’ de terrorismo no se quisieron acercar a este caso” a que ahora se interesen por el mismo y les escuchen “sin ese prejuicio”.

Otra de las madres de uno de los condenados ha comentado que hoy mismo ha podido hablar con su hijo, que le ha comentado que estaba “contento porque lo de terrorismo ha caído” y le ha tranquilizado, confiando en los recursos que se van a presentar.

Diario de Navarra

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ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO EXIGEN “INHABILITAR” AL PROFESOR QUE DESPRECIÓ A LA VÍCTIMA DE ‘LA MANADA’

Una concentración en el Rectorado de la USC reclama que la institución tome medidas después de que Luciano Méndez haya reiterado en una nueva grabación su defensa de la “inocencia” de los agresores

Concentración para exigir el cese del profesor, este lunes ante el Rectorado de la USC NÓS TV

“Estamos hartas de su discurso, de encontrarnos cara a cara con el patriarcado en todos los ámbitos. Luciano, te queremos fuera de nuestras aulas, de nuestra universidad. Queremos al machismo feura de la USC”. Una concentración estudiantil ha pedido este lunes que el profesor Luciano Méndez deje de dar clase en la Universidad de Santiago por sus declaraciones machistas en relación con la sentencia del juicio de ‘la manada’. La concentración, convocada en la Praza do Obradoiro, ante la sede del Rectorado, se ha desplazado finalmente hacia el interior del edificio, donde ha dejado constancia de su exigencia de que “la USC tome medidas contundentes y proceda a su expulsión, ya que no vamos a tolerar tener en nuestra universidad a un profesor machista”.

Luciano Méndez, docente de Matemáticas en la Facultad de Económicas, regresó al centro de la polémica la pasada semana, cuando en un video publicado en su cuenta de Facebook pidió la absolución de los cinco culpables de la violación, señalando que la víctima “se dejó hacer” y “disfrutó”, acusándola además de haber presentado una “denuncia falsa”.

Este sábado, Méndez difundió un nuevo video en el que se reafirmó en sus declaraciones, señalando que “yo defiendo la inocencia de esos chicos ante quien haga falta con un invencible aliado, que es la razón” y pidiendo una rebaja de la pena, excusando a los atacantes en que “estaban en un contexto nocturno y habría drogas y otras sustancias…”. Además, el docente respondió a las críticas recibidas en los últimos días, afirmando que “la turba que comenta mis vídeos es muy peligrosa pero yo no le tengo miedo a nadie, estoy blindado contra imbéciles” o “los que me comentan sois una panda de energúmenos a los que había que colgar por las pelotas”.

La Universidad de Santiago, por su parte,  ha abierto ya un expediente informativo para valorar si existe algo punible en las declaraciones efectuadas por Méndez y estudia denunciarlo ante la Fiscalía por un delito de odio contra la víctima del ataque sexual. La pasada semana, en un comunicado difundido públicamente, la USC “condenó” las declaraciones, señalando que no podía “tolerar actitudes o actuaciones que menoscaben la dignidad de la personas y los derechos fundamentales, nombradamente lo de la igualdad entre hombres y mujeres”.

Luciano Méndez ya había sido denunciado hace dos años por los comentarios machistas realizados en una clase a una de sus alumnas. En ese momento la Universidad fue criticada por no responder con la suficiente dureza, a juicio de las estudiantes.

El Diario

JUICIO DE ALTSASU Y REPRESIÓN COMITÉS DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA. ¿DEMOCRACIA DÓNDE? ¿TERRORISTA QUIÉN?

Por Angel Malatesta. Es que dos casos muy reconocidos socialmente están sentando un precedente que ya viene desgraciadamente encaminado desde hace bastante tiempo.

Estas semanas nuevamente se está hablando mucho de represión política, y es que dos casos muy reconocidos socialmente están sentando un precedente que ya viene desgraciadamente encaminado desde hace bastante tiempo. Se está aplicando penalmente la extensión del concepto de terrorismo a cualquier acción de lucha obrera o situaciones sociales cotidianas que impliquen a personas con conciencia política discordante a la norma moral impuesta desde las instituciones del Estado español. Los dos casos represivos a los que nos referimos son los del juicio a Altsasu y la criminalización a los Comités de Defensa de la República en Catalunya.

Juicio en la Audiencia Nacional a los jóvenes de Altsasu:

Esta semana se inició el proceso judicial a ocho jóvenes del municipio navarro de Altsasu, acusados por delitos de lesiones y amenazas terroristas por los cuales les solicitan 62 años y medio de prisión a uno de ellos, 50 años de prisión a otros seis, y a una octava 12 años y medio. Estos delitos se refieren a una trifulca en un bar de Altsasu en las fiestas locales en octubre de 2016 donde estuvieron implicados dos guardias civiles, por lo que la Fiscalía ha aplicado la ley antiterrorista actuando en nombre de la Guardia Civil y la Coordinadora de Víctimas del Terrorismo (COVITE), solicitando las máximas penas para todos los acusados. Tres de ellos, además, llevan en prisión un año y cinco meses incomunicados en régimen FIES1.

Este pasado fin de semana tuvo lugar en Iruñea la manifestación más multitudinaria que se recuerda en la ciudad, con una asistencia de más de 50 mil personas apoyando a las familias de los altsasuarras que han comenzado a ser juzgados en la Audiencia Nacional. Los medios de comunicación, semanas después de la detención de los jóvenes y antes de que el Juzgado de Navarra fuera inhabilitado para juzgar este caso, pasándose a la Audiencia Nacional, iniciaron una campaña de criminalización contra todo el pueblo de Altsasu. Estos medios encontraron fuertes relaciones entre la actividad ya finalizada por ETA, y el Ospa Eguna, una celebración antirrepresiva de carácter festivo y reivindicativo que tiene lugar en Altsasu, que protesta contra la ilegítima ocupación por parte de fuerzas represivas de la Guardia Civil el territorio navarro, con una historia muy sangrienta en toda Euskal Herria. Altsasu ha recibido la solidaridad de otros pueblos de la Península e incluso internacionalmente, y sobre todo los familiares de los jóvenes acusados han sido apoyados activamente en todo momento manteniendo una gran movilización para dar a conocer este caso judicial.

Estaremos atentos/as al desarrollo y conclusión del juicio, aunque se albergan pocas esperanzas de un satisfactorio resultado para los jóvenes acusados, que no sería otro que la absolución total o la rebaja de las penas al nivel de faltas y no como delitos penales por vía antiterrorista. Sin embargo, la investigación y decisiones tomadas hasta ahora por la Audiencia Nacional no apuntan a una buena resolución. Ya hace pocos meses este tribunal se negó a retirar del caso a la jueza Espejel a petición de la defensa, nombrada como magistrada para la vista oral de este juicio, y casada con un coronel de la Guardia Civil.

Criminalización de los Comités de Defensa de la República (CDRs):

La semana pasada en una operación de la Guardia Civil ordenada por la Audiencia Nacional, eran detenidas un total de ocho personas en el territorio catalán pertenecientes a los Comités de Defensa de la República. El caso investigaba los cortes de carreteras y peajes que durante la Semana Santa fueron llevados a cabo por los CDRs como protesta por la libertad de los presos y presas políticas de Catalunya, a raíz de las agresiones llevadas a cabo por el Estado español desde septiembre del año pasado. Las personas detenidas eran acusadas en un principio de delitos de rebelión y terrorismo, en concreto, una integrante del CDR de Viladecans, fue trasladada a Madrid para declarar en la Audiencia Nacional, donde finalmente se le rebajaron los cargos a desórdenes públicos.

Estos CDRs no tienen personalidad jurídica porque no son entidades legalizadas, de hecho en el marco actual de represión española no podrían serlo en ningún caso. Sus integrantes son militantes y activistas sociales que luchan por la autodeterminación catalana, defendiendo la legitimidad de la independencia y contra la represión del Estado español. Nuevamente los medios de comunicación han favorecido mucho con sus campañas la persecución a los CDRs, ya apuntada en algunos periódicos la semana anterior. La criminalización que está sufriendo Catalunya por defender su derecho a la autodeterminación roza la psicopatía, pues principalmente a raíz del referéndum del 1 de octubre del 2017, toda la maquinaria propagandística del Estado español se ha puesto al servicio de la creación del retrato de un enemigo con el que generar un malestar y una enfermedad en la comunidad social. Este hecho trata de esconder las herramientas históricas, antropológicas y sociológicas con las que se podría debatir sobre la temática coyuntural de independencia y emancipación social, para provocar una represión y un enfrentamiento generalizado contra el pueblo de Catalunya.

Terrorismo es todo, menos la violencia del Estado:

El concepto de terrorismo nace en la Revolución francesa para identificar el periodo político conocido como ‘El Terror’ de la Convención, entre otoño de 1793 y la primavera de 1794, y su significado definía las actuaciones de violencia autoritaria y terror por parte del Estado. Sin embargo, este a lo largo del siglo XIX se ha apropiado del concepto para ponerlo al servicio de sus intereses de clase y su discurso socio-cultural, el concepto de terrorismo se ha resignificado desde el poder para definir bajo esa categoría cualquier respuesta de disidencia activa contra la violencia del Estado, e invisibilizando la violencia que ejerce este mismo. Existe, por lo tanto, una negación directa entre terrorismo de estado y terrorismo disidente, que llevan a la conclusión de la inexistencia del terrorismo como concepto, y que realmente este término encubre un conflicto abierto social y político que se proyecta en el tiempo, y anclado en la lucha de clases sociales. Los casos mencionados de Altsasu y los CDRs son el ejemplo de esta estrategia estatal de llevar el concepto de terrorismo a actuaciones de disidencia y lucha de las clases populares en cualquier situación cotidiana, además, sin que intermedie una violencia como la que han categorizado e incluido en los códigos penales que debería estar implícita en ese nuevo significado de terrorismo (asesinatos, bombas, secuestros etc…)

La ampliación efectiva, tanto moral, a través de los medios de comunicación, como penal, a través de los tribunales judiciales, del concepto terrorismo a toda actuación cotidiana por parte del movimiento obrero organizado, es una perversión represiva que más tarde o más temprano, nos acabará afectando a toda la comunidad social. La expresión de esta realidad se evidencia en la indefensión absoluta de la clase trabajadora ante la maquinaria represiva del Estado español, que aísla, encarcela, y ejerce su venganza sobre los familiares y el entorno de apoyo, y además sitúa a las víctimas de estas injusticias como la parte violenta de esta lucha. La Audiencia Nacional es el órgano judicial heredado del Tribunal de Orden Público franquista y que juzga los casos sobre cuestiones políticas actualmente. Si bien antes se hablaba abiertamente de dictadura durante el Franquismo, el régimen político actual directamente inspirado en el mismo, no es menos represor en lo ideológico, y continúa utilizando la misma estrategia de presentar a los vencidos como enemigos que quieren acabar con la paz social lograda en 1939, y refundada en 1978 con la Monarquía como principal valedora.

Esto nos lleva a plantearnos la pregunta del título de este artículo de opinión: ¿democracia dónde? ¿terrorista quién? La mejor respuesta sería conseguir abrir una brecha social y que estas cuestiones sean un debate central sobre el que hablar honestamente, marginando toda propaganda que pretenda desvirtuar la discusión llevándola al extremo de la banalidad.

1Ficheros Internos de Especial Seguimiento; una situación carcelaria de intervención de las comunicaciones y aislamiento. Como se define coloquialmente a veces, la cárcel dentro de la cárcel.

Kaos en la Red

La Policía detiene al activista tinerfeño Roberto Mesa por escribir en Facebook “los Borbones a los tiburones”

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La Policía Nacional ha detenido en la mañana de este jueves al activista tinerfeño Roberto Mesa por supuestas injurias a la Corona difundidas en uno de sus perfiles en las redes sociales. Tal y como dijeron fuentes vinculadas al joven , la detención se pudo producir por la difusión en Facebook de un mensaje contra la Corona que decía: “Los borbones, a los tiburones”, y en aplicación de algún precepto legal de la tan polémica y conocida como Ley Mordaza.

La intervención policial se produjo esta mañana en su actual domicilio, en Barrio Nuevo, ciudad de La Laguna (isla de Tenerife), donde entonces se hallaba el ahora arrestado. Mesa fue esposado y conducido a las dependencias de la Policía Nacional en la avenida de Tres de Mayo, en la capital tinerfeña, donde está retenido a la espera de pasar a disposición judicial. Según fuentes presenciales, la actuación de la Policía estuvo apoyada por más de seis vehículos.

Ese mensaje parece que fue subido en su cuenta de Facebook y ello se hizo coincidir con  la reciente visita del rey Felipe VI a la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Esta se produjo el pasado 7 de marzo en la que el monarca presidió un acto socio-educativo celebrado en el Auditorio de Tenerife.

La Policía Nacional, tal y como ha señalado una hermana del detenido en la radio local, se ha llevado el ordenador y el móvil del arrestado.

En estos momentos, hay convocada una protesta contra esa detención enfrente de la Comisaría de la Policía Nacional de la avenida Tres de Mayo, un acto “de solidaridad con el arrestado”, se cita en los mensajes en redes sociales, que está siendo difundido de forma masiva en plataformas de internet.

Está previsto que el arrestado pase a disposición judicial en la mañana de este viernes, indicó la abogada, que tampoco pudo confirmar si ello se producirá en los juzgados de Santa Cruz o de La Laguna, municipio este último en que fue detenido y donde Roberto Mesa, de unos 28 años, reside en la actualidad.

https://www.eldiario.es/tenerifeahora/sociedad/Policia-Nacional-Roberto-Mesa-Corona_0_762574057.html

 

LOS PUNTOS NEGROS DEL CASO ALTSASU: ASÍ SE CONVIERTE UNA PELEA DE BAR EN “TERRORISMO”

Pruebas inadmitidas, una jueza vinculada familiarmente a la Guardia Civil, informes contradictorios, etcétera. Este lunes empieza el juicio contra ocho jóvenes de la localidad navarra, acusados de graves delitos. El fiscal pide para ellos hasta 375 años de cárcel.

El momento ha llegado. Después de 18 largos meses, los ocho jóvenes acusados de delitos terroristas por una reyerta nocturna en Altsasu (Navarra) con dos guardias civiles sin uniforme se sentarán en el banquillo de la Audiencia Nacional. El juicio estará a cargo de un tribunal conformado, entre otros magistrados, por la jueza Concepción Espejel, casada con un alto cargo de la Guardia Civil y condecorada por el ministerio del Interior con la Orden del Mérito de la Benemérita. A los abogados de los alsasuarras les huele mal. Por eso mismo recusaron su presencia, pero otro tribunal (en el que también estaba Espejel) lo rechazó.

Lo que usted acaba de leer es sólo uno de los puntos negros del caso Altsasu. Hay más. Muchos más. Tantos, que abogados y familiares sienten a veces que la sentencia ya podría estar escrita. “Miedo, mucho miedo”, repetían a lo largo de las últimas jornadas en los hogares de los imputados cuando se les preguntaba por sus sensaciones. Motivos no les faltan. Expedientes judiciales que lo avalen, tampoco.

El tema pinta mal desde un inicio. “El fantasma de la Kale Borroka resucita en Alsasua”, fue uno de los primeros titulares creados en Madrid para referirse a la pelea de la madrugada del 15 de octubre de 2016 en el bar Koxka de la localidad navarra. A raíz de la trifulca, uno de los dos guardias civiles sin uniforme tuvo que ser operado por un tobillo roto. Las primeras versiones que circularon en la prensa hablaban de una turba formada por medio centenar de abertzales violentos que querían comerse vivos a los agentes. En siguientes relatos se redujo considerablemente la cifra de participantes, pero no así las acusaciones. La operación, y no precisamente de tobillo, ya estaba en marcha.

Un mes más tarde, varios jóvenes de Altsasu fueron detenidos y trasladados a Madrid, donde les esperaba la jueza Carmen Lamela. Esta magistrada —la misma que posteriormente encarcelaría a Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras y Joaquim Forn— no dudó en dar por buena la versión lanzada por COVITE (Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco) sobre el carácter “terrorista” de la pelea de bar. No en vano, la plataforma presidida por Consuelo Ordoñez se personó como acusación popular en la causa, algo que resultó clave para que el expediente se transformase en “terrorismo”.

Ahí viene otro punto negro. El primer informe enviado por la Guardia Civil al juzgado de Pamplona —encargado en un primer momento de tomar cartas en el asunto— no hablaba en ningún momento de “terrorismo”, sino de un posible delito de odio. La Benemérita rechazaba también la teoría del “linchamiento” y descartaba que en la trifulca hubiesen participado cuarenta o cincuenta personas, tal como habían divulgado inicialmente varios medios de comunicación.

Sin embargo, esta versión cambió cuando la jueza Lamela pidió un nuevo informe a la Guardia Civil. “En cuanto entró en escena el juzgado de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional —a cargo de Lamela—, la Guardia Civil borró el delito de odio, y los siguientes atestados ya hablaban de terrorismo”, afirmó a Público el abogado Jaime Montero, a cargo de la defensa de uno de los acusados.

En efecto, el informe contradictorio de la Guardia Civil ha sido clave para sustentar las acusaciones contra los ocho jóvenes imputados, quienes enfrentan unas peticiones de condena que suman 375 años de cárcel. Tres de ellos siguen a día de hoy en prisión. Acumulan ya más de 500 días encerrados.

Principalmente, la Benemérita y la Audiencia Nacional sostienen que no fue una pelea, sino un acto orquestado dentro de la campaña “Alde Hemendik” (“Fuera de aquí”) que tanto los agentes como los jueces atribuyen a ETA. De esta manera, la reyerta se acabó convirtiendo en una parte más del concepto “Todo es ETA”, ampliado hasta límites insospechables durante la última década. “Esa posición absolutamente contraria y burda fue aceptada por el juzgado, y es la base fundamental para acusar a estos jóvenes de delitos terroristas”, indicó a Público la abogada Amaia Izko, una de las encargadas de la defensa.

En ese contexto, los representantes legales de los acusados quisieron presentar ante el tribunal que los juzgará un informe pericial histórico y sociológico sobre el origen del “Alde Hemendik” o “Que se vayan”, básicamente para demostrar que ni nació, ni creció ni se consolidó bajo la dirección de ningún grupo terrorista, sino que se trata de una reivindicación que nació a finales de los setenta de la mano de Euskadiko Ezkerra (movimiento que luego se coaligó al PSE). El término se popularizó como lema para reclamar la desmilitarización de Euskadi, una de las zonas de Europa con más policías por habitante.

Grabaciones rechazadas

Sin embargo, el tribunal rechazó el pedido de la defensa, impidiendo así que se analice, de una manera imparcial, los antecedentes de esa campaña. No fue la única prueba inadmitida por los jueces. Tampoco aceptaron “desde testigos presenciales de los hechos hasta grabaciones de momentos posteriores e inmediatos de ocurrir los hechos, allí en el lugar, en el que aparecen acusados y denunciantes y que dese luego ilustrarían perfectamente cuál fue realmente la entidad de lo que allí pasó”, afirmó Izko.

La abogada señaló además que también fueron rechazadas “fotografías que podrían ilustrar a la Sala cómo es el bar Koxka, si hay o no un pasillo y cuánta gente cabe en ese sitio”. “Con todas esas pruebas se pretendía dibujar un contexto alternativo al que nos pintan las acusaciones, pero se nos ha impedido”, subrayó. A raíz de esa situación, los abogados de los acusados ya advirtieron sobre la “indefensión” en la que se encuentran sus defendidos.

Dos semanas de juicio

En esa situación llegan al juicio que empieza este lunes y se prolongará durante casi dos semanas. Durante la primera jornada declararán los acusados. El martes será el turno de los dos guardias civiles y sus parejas —quienes les acompañaban en la noche de la agresión—, mientras que el miércoles y jueves declararán los testigos de la acusación. También el jueves empezarán a prestar testimonio los testigos propuestos por la defensa, quienes también lo harán el viernes. La semana siguiente estará destinada a la presentación de pruebas periciales e informes. Luego vendrá la espera de la sentencia.

Público

MÓSTOLES: COMUNICADO UNITARIO “EN DEFENSA DE NUESTRA UNIVERSIDAD PÚBLICA”

Estos días estamos siendo testigos de un nuevo ataque hacia la universidad pública a través del lamentable caso del Máster de Cristina Cifuentes, que no es más que otra muestra de cómo las élites usan a su favor instituciones públicas, a priori, al servicio del pueblo. Vemos como gracias a la afiliación política y/o poder adquisitivo se puede conseguir un máster sin asistir a clase o, ni si quiera presentarte a exámenes, mientras miles de hijos e hijas de la clase obrera han tenido que abandonar sus estudios superiores debido a la desregulación neoliberal que vivimos; subiendo abusivamente las tasas, implantando, o intentando implantar, nuevos modelos educativos (Bolonia, LEMES, 3+2…) que imposibilitan la conciliación de la vida laboral con los estudios,

desprestigian los grados universitarios en beneficio de los másteres, incrementando aún más los costes de la educación superior, creando una universidad elitista y mercantilizando la educación pública.
Lamentablemente, estos casos de tráfico de influencias no se han quedado sólo aquí. Recientemente han salido a luz otros incidentes: la cantidad de familiares y amigos de cargos del PP que están colocados dentro del sistema universitario, especialmente en la URJC; el postgrado en Harvard, que ha resultado ser un cursillo de cuatro días en Aravaca, del vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Casado, o la titulación exprés en criminología por la URJC que cientos de Policías Nacionales obtuvieron para poder optar a mejores cargos dentro del cuerpo; por poner algún ejemplo de la sangrante intromisión de partidos políticos y elites financieras en los órganos independientes, o que deberían serlo, de la universidad.

Todos estos casos dejan entrever que no se tratan de casos aislados, sino que la universidad pública está dirigida por una serie de órganos antidemocráticos, que no son votados de manera directa por la totalidad de la comunidad universitaria (como pueden ser el consejo social o el consejo de gobierno) que ha quedado patente que son la puerta de entrada de esta instrumentalización que vive la universidad pública, de los intereses que diferentes empresas privadas tienen dentro de las universidades y de las políticas neoliberales que quieren dinamitar nuestro sistema universitario público.

Ante esta situación nos vemos en la obligación de mostrar nuestro apoyo a la universidad pública al servicio del pueblo. Reclamamos una universidad pública gratuita en la que no haya alumnos de primera y de segunda categoría, en la que las hijas y los hijos de los trabajadores no tengan que abandonar sus estudios por no poder hacer frente al pago de las tasas o no poder conciliar los estudios con la vida laboral. Una universidad pública donde los intereses de los diferentes partidos políticos y las empresas privadas no tengan cabida y esté realmente supeditada a las necesidades y deseos de las estudiantes y los trabajadores que la forman.

Por último, apoyamos las reclamaciones de la comunidad estudiantil universitaria que exigen la dimisión de Dª Cristina Cifuentes, Presidenta de la Comunidad de Madrid, ante los evidentes indicios de que usó sus influencias para traficar con un título público, así como por falsedad documental, de D. Javier Ramos, actual Rector de la URJC, por intentar encubrir con mentiras toda esta situación y permitir por acción u omisión todo el tráfico de influencias que existe hoy dentro de esta universidad, y de todos los funcionarios que han formado parte del fraudulento máster de Cristina Cifuentes.

Creemos que esta vergonzosa situación, que nunca debería haberse producido, debe servir para emprender un proceso de limpieza y depuración en profundidad de nuestras universidades públicas; que garantice su independencia, su calidad y la universalidad de su servicio hasta devolverles el prestigio que este y otros casos han socavado en la opinión general.

Comisión de Comunicación de Socialismo Mostoleño (SOMOS)
16 de abril de 2018

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Móstoles: comunicado unitario “En defensa de nuestra Universidad Pública”