Bronca en Melilla por la escolarización de 160 musulmanes: “Que se vayan a su país”

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Para el hijo de Naima, este curso es el primero que va al colegio. Tiene 12 años, habla perfectamente español, pero todo lo que sabe lo ha aprendido en casa o en la calle. “Hemos estado años intentando que le cojan en el colegio, pero nada”, cuenta su madre por teléfono desde Melilla, donde ha residido toda la vida.

Junto a su amiga Fátima (que prefiere no dar su nombre real) y otra veintena de madres, lleva los últimos dos años con recogidas de firmas y manifestaciones todas las semanas para que el Gobierno de Melilla acepte a sus hijos en los colegios. Hace unos meses, recibieron al entonces ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, con carteles de ‘Queremos estudiar’.

“Mi hijo tiene nueve años y llevo desde que tiene tres intentando que le matriculen. Yo no pude estudiar, y no quiero que le pase como a mí, quiero que pueda encontrar un trabajo”, explica esta mujer nacida en la ciudad autónoma.

Parece que lo ha conseguido. Su hijo es uno de los 160 niños residentes en Melilla pero de ascendencia marroquí que por primera vez irán a clase en un colegio español, aunque no estén empadronados en la ciudad. Una reivindicación histórica de la comunidad afincada en la ciudad, como explica Mustafa Aberchán, presidente del partido Coalición por Melilla: “El problema aquí es que hay una zona oscura urbanísticamente hablando, que es la periferia, formada por viviendas que no están regularizadas, que no tienen cédula de habitabilidad. Por eso las familias que están allí viven con irregularidades administrativas y no tienen padrón, por lo que históricamente el Gobierno del PP les había negado la matriculación”.

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Las madres se han movilizado recogiendo firmas. (Cedida por Prodein)

El PP alerta de “marroquinización”

El cambio de criterio ha venido de la mano de los socialistas del Gobierno central. La educación en Melilla depende directamente del Ministerio de Educación; no está transferida como en el resto de comunidades, por lo que Gobierno regional (del Partido Popular) y la Dirección Provincial de Educación (socialista) llevan varios días de broncas por esta decisión.

El PSOE se acoge a la Ley de Protección a la Infancia, que explica que para que un menor sea escolarizado, los únicos requisitos son tener entre seis y 16 años y vivir en España. Todas las familias aceptadas, explican los socialistas, han presentado pruebas, como la tarjeta sanitaria, facturas, libro de familia o cartilla de vacunación, para acreditar que, efectivamente, Melilla es su residencia habitual y no se trata de trabajadores transfronterizos. Hay que tener en cuenta que muchos de los menores son apátridas, y que otros han heredado la nacionalidad marroquí de sus padres, aunque hayan nacido en territorio español. En España, el nacimiento no otorga la ciudadanía, como sí ocurre en países como EEUU o Canadá. Pero eso no debe ser impedimento: incluso los MENA —menores extranjeros no acompañados— que llegan a España deben ser escolarizados por las instituciones.

Sin embargo, para el Partido Popular, que preside la ciudad, esta decisión puede traer consigo una “marroquinización” de la ciudad debido al “efecto llamada” que cree que podría producir en el país vecino por la “matriculación masiva” de menores. “Es verdad que hay que escolarizarlos a todos, pero a cada uno en su país. No es falta de solidaridad, es sentido común. Hay que ver Melilla con las gafas de aquí, no con las de Cuenca o Madrid, y lo cierto es que aquí ya soportamos una presión migratoria enorme”, afirma Juan José Imbroda, presidente de la ciudad autónoma.

De hecho, el Partido Popular elevó el número de matriculaciones a700, aunque el Partido Socialista y la asociación Pro Derechos de la Infancia (Prodein) aclaran que este número se refiere a todas las nuevas matriculaciones y cambios de centro de la ciudad, no solo a las que están en esta situación. Aun así, el Partido Popular afirma ahora que según sus datos son 300 alumnos los que han entrado al colegio con estas condiciones. “Están montando un escándalo porque no les gusta que los marroquíes vayan al colegio, cuando son niños que no tienen nada que ver con Marruecos, que han nacido aquí, que han crecido aquí. Algunos incluso vienen de familias que lucharon con Franco”, afirma José Palazón, portavoz de Prodein, la asociación que se ha encargado de ayudar a las familias a presentar la documentación.

“Según Imbroda, parece que hay un autobús que mete a los niños en Melilla por el día y se los lleva a Marruecos por la noche. Eso no es así: esos niños viven aquí”, denuncia Aberchán. “Están alimentando undiscurso xenófobo, con un discurso perfectamente programado, como si fuésemos a vivir una invasión”.

Ni siquiera es la primera vez que se lleva a cabo una medida similar. Palazón recuerda al menos otras dos ocasiones en que se matriculó a menores sin padrón: una con el Gobierno de José María Aznar y otra con el de Rodríguez Zapatero. La decisión también se ha tomado después de que la Fiscalía de Ceuta, con una situación histórica similar, obligase en 2016 a la dirección provincial a dar cobertura educativa y sanitaria a los menores con arraigo.

Desde el Partido Popular están redactando ya una denuncia por prevaricación contra el equipo socialista, al considerar que la matriculación de los menores va en contra de la orden de febrero de 2018 del Ministerio de Educación, según la cual se requiere el empadronamiento para la escolarización.

35 niños por clase… y 10 años sin colegios

La raíz del descontento reside también en la falta de espacio en las aulas, en que se escudan los populares y también algunos padres, que no ven con buenos ojos la llegada de más compañeros para sus hijos. Incluso CCOO, que se ha posicionado a favor de la escolarización, ha reclamado ya más profesores para hacer frente a la presión del alumnado que arrastran desde hace años.

Estos 160 alumnos apenas inclinan la balanza de los cerca de 7.500 que hay en la ciudad entre Primaria e Infantil. El problema es que en Melilla, el ratio de estudiantes ya supera en nueve alumnos la media nacional, con cerca de 31 niños por clase en Infantil, y 35 en Primaria, cuando el reglamento marca que sean 25. Melilla es una de las ciudades con la tasa de natalidad más alta de España, con una población joven que ronda los 35 años, y sin embargo hace una década que no se construyen nuevos centros en la ciudad autónoma.

“Hace 10 años que se construyó el último colegio, y están a reventar. El problema no son esos 160 niños, es que hace 10 años que estamos así”, se queja Palazón, de Prodein. “El PP nunca ha tenido eso en cuenta. Han hecho mil rotondas, pero no colegios, y ahora que entran 160 niños que les molestan, claman al cielo”.

De hecho, no todos los menores que se encuentran en la misma situación han conseguido plaza. Tanto Fátima como Naima tienen a uno de sus hijos sin matricular, a pesar de que han presentado los mismos papeles que para los hermanos que sí han ingresado en el colegio. “El mayor se queda en casa llorando porque quiere ir al colegio como su hermana y no puede”, se lamenta Fátima.

Fátima tiene claro que no va a llevar a su hijo a la Residencia de Estudiantes Musulmanes, la única alternativa educativa para los menores en su situación. Este centro ya fue polémico en 2013, cuando salió a la luz un vídeo de un profesor dando una paliza a un adolescente, hecho por el que no se depuró ninguna responsabilidad.

Este centro, al que acuden cada día 620 estudiantes, no está reconocido como colegio por España, sino que depende de Rabat. Es más bien como una academia, con un sistema educativo diferente, saturado, y con muchas carencias: “Mi hijo solo puede aprender cosas malas allí, no quiero que vaya. No les ve nunca una enfermera, les dan cualquier cosa de comer, no hay vigilantes… El año pasado, me decía que veía a niños fumando o que se encerraban en el baño. Y yo no quiero eso para él”, explica. Además, cuando acaban en este centro, los estudios no son homologables en España, por lo que no pueden seguir realizando estudios superiores.

Según explica el director provincial de Educación, Juan Ángel Berbel, están trabajando contrarreloj para abrir nuevas aulas (ya han habilitado cinco más en tres colegios diferentes) y el Gobierno central ya les ha concedido 16 de los 25 profesores que calculan que necesitan para paliar la situación y poder terminar de aceptar a todos los menores que se encuentran en un “limbo jurídico y educativo”.

https://www.elconfidencial.com/espana/2018-10-01/melilla-colegio-160-menores-guerra_1622388/

 

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“Si se hace pis encima llamamos a los padres” o la angustia de las familias con hijos que empiezan el colegio

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En las reuniones que los colegios suelen organizar antes del verano con los padres y madres con hijos en edad de comenzar el segundo ciclo de educación infantil en septiembre ya se advierte: no pueden entrar a clases con pañales. Para muchas familias se presenta así un verano de angustia con un objetivo que ahora deben comprobar si han conseguido: que los pequeños, que han cumplido o cumplirán tres años durante 2018, sean capaces de controlar sus esfínteres. De no hacerlo, la norma general es que si los alumnos se hacen sus necesidades encima, se llama a los padres para que vayan a cambiarlos.

Desiré vive en Alicante y recuerda el verano previo a la entrada de su hijo mayor al colegio como “horroroso”. “Es un chico, que normalmente tardan un poco más en madurar; era de finales de año; acababa de nacer su hermana, que siempre afecta para estas cosas; y siempre se situaba al final de las horquillas que te dan para todo. No estaba en absoluto preparado para que le quitáramos el pañal”, explica.

Pese a que durante los meses previos lo intentaron “todo”, el niño llego a la escuela sin ser capaz de controlar los esfínteres y las llamadas para ir a cambiarlo comenzaron a hacerse frecuentes. “Tenía que salir del trabajo e ir para allá en el momento en el que te dijeran. A veces se quedaba sin patio porque estaba manchado y en invierno comenzaron a quedarle las piernas con rojeces e irritaciones”, lamenta. Finalmente, tras negociar con el centro, consiguió que le permitieran acudir con braga pañal, pero en las mismas condiciones que si no la llevara: es decir, debía ir a cambiar al niño.

El problema radica, principalmente, en la falta de medios en las escuelas. “No existe una normativa estatal al respecto y, aunque es cierto que algunos ayuntamientos pueden dedicar una partida a contratar a un auxiliar -un técnico educativo III, que se encarga de cambiar a los pequeños, entre otras muchas funciones de apoyo a la labor docente-, a partir de la crisis la presencia de esta figura disminuyó, pese a que antes tampoco estaba generalizada”, indica el secretario de Educación Pública No Universitaria de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, José María Ruíz. Por eso, desde el sindicato reclaman que “eso esté en plantilla en cada centro”, algo que solicitan también desde la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), cuyo vicepresidente, Antonio Martín pide “medios para que no se den estas situaciones, porque el niño tiene que estar pasándolo mal”.

“Nosotros empezamos a quitarle el pañal en julio y en septiembre no había hecho pis en el orinal ni una vez. Acabó cogiéndole miedo y cuando lo veía nos decía: no, no, no”, relata Cinzia sobre la experiencia con su hijo pequeño. Con unas ratios de 25 alumnos por clase, los propios profesores reconocen que no dan abasto. “Los maestros estamos solos con 25 niños; no tenemos forma física de cambiar a ese niño, porque supone ir al baño, cambiarle… mientras los otros 24 están solos”, explican desde el CEIP Sor Ángela de la Cruz de Sevilla, donde la norma es clara: “Tienen que venir controlando esfínteres y, si no, llamamos a los padres”.

Dificulta crear vínculos con la escuela

La doctora en Psicología de la Educación y profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, Silvia Blanch lamenta que “estas maneras de hacer las cosas se basan más en una necesidad del adulto que del niño”. Además, explica, esta situación envía a los pequeños, que acaban de incorporarse a una clase con personas desconocidas, un mensaje “muy negativo y muy potente: debe venir tu madre porque no podemos cubrir tus necesidades, lo que impide el vínculo con el profesorado y la confianza en la escuela”.

Blanch hace hincapié en el proceso que lleva hasta el control de esfínteres. Un proceso que engloba elementos físicos, psicológicos y afectivos. “Si no conjugas esos tres elementos, le acabas forzando a través de premios y castigos de forma que lo acaba haciendo de manera mecánica” y “tal vez, no sea lo mejor para el niño a nivel psicológico y afectivo”.

En ocasiones, se dan también situaciones que rayan el absurdo. Marta (nombre ficticio) era profesora de educación especial de niños con discapacidad en una escuela pública de Andalucía cuando su hija empezó a clase en otra. “La niña estaba perfectamente preparada para hacer pipi y caca, pero el primer día, por los nervios, se lo hizo encima. Como la niña vio que si se hacía pis mamá iba, siguió haciéndolo todos los días. Al principio no hubo problemas, pero al cabo de una semana el director de mi centro me dijo que no podía ausentarme todos los días. No tenía apoyo familiar cercano y cuando le planteé el problema al director del colegio de la niña me dijo que tenía que ir porque cambiarla no entraba dentro de sus competencias”.

Dadas las circunstancias, Marta habló con inspección educativa pero pese a que le comunicaron que “no podía abandonar su puesto de trabajo” y que “el centro no podía entregar sucia a la niña”, no le plantearon ninguna solución. “Yo pedía una normativa que dijera que eso era así, pero nadie me pudo facilitar nada”. Vacío legal.

Los colegios que cuentan con la figura del auxiliar son aquellos que tienen alumnos con un informe de necesidades educativas especiales del orientador o el psicólogo. Pero, en la teoría, estos solo pueden atender a esos niños. “A un niño que no tenga ese informe, no le puedes ayudar”, indica la auxiliar del CEIP José Zorrilla, de Asturias, María José Gutiérrez. En la práctica este centro es más permisivo. “Si se hacen pis y sabes que los padres están lejos o trabajando, les pides permiso y los ayudas, pero lo haces más que nada por el crío”, indica. Isabel Viejo es profesora en ese mismo colegio y explica que “si un niño viene con pañal, entra. No le voy a decir a una familia que lo deje en casa por eso”. Pero reconoce, eso sí, que depende de la dirección de cada centro y que en otros “los tenías esperando, aunque no comulgues con eso”.

Respetar la evolución

En otros casos son los propios padres los que contratan a una persona que se encargue de cambiar la ropa a los niños que empiezan al colegio sin el control total de esfínteres. Por ejemplo, en Madrid, los CEIP. Pi i Margall y Emilia Parado Bazán utilizan una fórmula que consiste en contratar a una persona a través de la empresa del comedor escolar. Así, son los propios padres los que pagan a esta persona a través de las cuotas de comida. También, indican desde estos colegios, para los niños que no se quedan a comer.

Aunque no son la mayoría, existen también las escuelas que trabajan con proyectos de educación alternativa. Dos de estos centros están en Barcelona, son la Escola Congrés Indians y la Escola dels Encants. La secretaria del equipo directivo y maestra de esta última, Miriam Fernández, explica que parten “de una educación donde el niño es el pilar principal y su desarrollo emocional y físico es fundamental”. Por eso, “de la misma manera que educamos en otros hábitos y acompañamos en otros procesos, este es uno más de ellos”.

Sol es madre de alumnos de este centro y recuerda que cuando llegó a este centro con su hijo mediano, que cumple años el 25 de diciembre, la profesora la tranquilizo: “El niño llevaba pañal, chupete… pero la profesora nos dijo que respetaban la evolución fisiológica y que ella mismo le cambiaba si pasaba algo”. De hecho, en este colegio “no es que les dejemos o no traer pañales, es que ni se plantea”, matiza la maestra. Precisamente, porque que un niño no tenga controlados los esfínteres “no es porque los padres no quieran, sino que se debe a otros factores. Hay muchas cosas que un niño de tres años se supone que debe hacer, pero se supone”.

En ese centro son las maestras las que hacen el cambio de muda y cuentan, incluso, “con un banco de ropa por si hay que cambiarles más de una vez o no tienen muda”. No obstante, aquí si tienen “la figura de la técnica, que hace soporte a toda la comunidad, pero está considerada como una maestra más”.

https://www.eldiario.es/nidos/llamamos-angustia-familias-empiezan-colegio_0_811569249.html

La derecha contra maestros y maestras

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El señalamiento a la educación en general y a varios centros educativos en particular arrancó con el nacimiento mismo de Ciutadans/Ciudadanos. En su eje de presentación constaba la discriminación hacia el alumnado catalán que quisiera cursar sus estudios no universitarios en castellano, algo que en un primer momento no pasó de una docena de casos. Sin embargo, con el arranque del llamadoProcés independentista, dicha acusación no solo medró, sino que vio cómo el Partido Popular se sumaba en bloque a la denuncia. Así, en octubre de 2017, el líder popular catalán, Xavier García Albiol, llegó a declarar en El Nacional que en Catalunya “se educa a los niños para odiar a España”.

Al mismo tiempo, y a raíz de la participación de colegios catalanes en las votaciones del 1 de octubre, severamente reprimidas por las Fuerzas de Seguridad, empezó a circular una información según la cual varios profesores habrían “humillado” en colegios catalanes a alumnos hijos de agentes de la Guardia Civil. Varios medios de comunicación y periodistas ligados a la opinión política empezaron a usar, con relativo éxito, dicha idea como arma contra el Procés.

El pasado 29 de abril el periodista Javier Negre publicó en el diario El Mundo un artículo titulado “Los nueve maestros de la infamia”. En él se detallaba la identidad y numerosos datos, así como fotos, de los maestros del IES El Palau de Sant Andreu de La Barca. Una semana antes, la Fiscalía de Delitos de Odio de Barcelona había denunciado a los nueve docentes por sus declaraciones en clase, que consideraba ofensivas para los hijos de agentes españoles destinados en el lugar.

Aquel mismo día de la publicación de Negre, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se hizo eco en Twitter del reportaje, publicando además las fotos de los maestros y maestras señalados. Así reza su escrito: “Los maestros separatistas que señalaron públicamente a hijos de @guardiacivil en Cataluña. La fiscalía les investiga por delitos de odio, pero el Gobierno de España dice que no les abrirá expediente. Con cobardía nunca se vence al nacionalismo”.

La acción de Rivera provocó un gran número de respuestas en las redes sociales y entre los partidos políticos. El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, acusó al líder de C’s de “comportarse como un matón” y en numerosos medios catalanes se empezó a hablar de “caza de brujas”. Sin embargo, lejos de amedrentar a los miembros del conservador partido naranja, estos han decidido dar un paso más en el cuestionamiento de la profesionalidad de los maestros. Este mismo martes 8 de mayo han presentado ante el Congreso una proposición no de ley para forzar al Gobierno del PP a poner en marcha en el menor tiempo posible el llamado “MIR educativo”. Dicha reforma busca en teoría exigir a los docentes un curso de un año y otros tres de prácticas antes de ejercer su profesión. En la práctica, se acusa a Ciudadanos de volver a impugnar la solvencia y la responsabilidad de los maestros y maestras.

Denuncia anónima

Todo hace pensar en una batalla entre los dos partidos de la derecha española, PP y C’s, por ver quién va más lejos en la culpabilización del profesorado. Más cuando, este mismo mes de mayo, los populares de la Comunitat Valenciana han puesto en marcha un formulario virtual de denuncia titulado “No al adoctrinamiento”. Este es el texto que acompaña al dispositivo:

El gobierno de Ximo Puig y Mónica Oltra pretende adoctrinar desde la educación a los jóvenes valencianos, una batalla en la que desde el Partido Popular de la Comunitat Valenciana no vamos a dejar de alzar la voz para frenar sus sectarias intenciones. Si sufres algún tipo de adoctrinamiento o quieres exponer alguna queja sobre la educación que vives en tu localidad, rellena este formulario y nos pondremos en contacto contigo para dar una pronta solución. En la denuncia no estás solo. En la denuncia no estás sola”.

Con ello amplían la denuncia que germinó en Cataluña a una nueva comunidad autónoma. Y, además, doblan la apuesta de Ciudadanos, desligándola del Procés independentista o el nacionalismo y dejándola en cueros: ahora ya se puede denunciar el “adoctrinamiento” en abstracto.

Queda un año para la celebración de elecciones en España. Todo hace pensar que las andanadas contra la comunidad educativa no han hecho más que empezar. Por lo pronto, este 8 de mayo la marea verde ha vuelto a echarse a la calle en más de treinta manifestaciones en defensa de la educación pública.

https://www.lamarea.com/2018/05/08/la-derecha-contra-los-maestros/

 

Sobre el premio Magister y la MEP

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No puedo evitar poner en vuestro conocimiento que la Asociación “Mejora tu Escuela Pública” (MEP), que ha tenido a bien conceder el premio “Magister 2018” a nuestro Centro, es una extensión, bien financiada y mejor asesorada, de Junior Achievement (Aprender a emprender), una de las fundaciones estadounidenses más opacas, que compiten y co-laboran por el control del negocio de la educación en todo el mundo junto a Ashoka, Gems Education, Everys, SEK-Global Education Forum, Fundación A3media…, y un montón más que sería muy prolijo enumerar.

Pero, ¿quién mueve y financia estas fundaciones y consultorías, que se presentan ante las administraciones públicas y se ofrecen al profesorado como supuestas asociaciones sin ánimo de lucro y adalides de la innovación educativa? La respuesta es muy sencilla: todas ellas forman parte de una intrincada red de intereses y relaciones en cuyos nodos principales se encuentran grandes corporaciones y entidades financieras bien conocidas como el Banco de Santander, Movistar-Telefónica, BBVA, la Caixa, el grupo Inditex, J.P.Morgan-Betterlsmann…, etc., etc. Hace tiempo que a este fenómeno de apropiación, privatización y creación de nichos de negocio en el sector público merced al implacable despliegue del sector privado (con la excusa de que este gestiona con mucha mayor eficiencia y eficacia que aquel y bajo el subterfugio del mantra de la responsabilidad social de las corporaciones¬), alguien lo bautizó, no sé si por hacer una gracia o por describir el asunto con algo de ironía, “filantrocapitalismo”. Lo que está claro es que en ese contexto el altruismo no existe y la defensa de la escuela pública, entendida como proyecto colectivo, comunitario, democrático y por tanto laico, es, como mínimo, muy cuestionable.

Todos los programas, actividades, supuestas políticas de becas, premios, cursos y asesoramiento a la formación del profesorado, que aceptamos desarrollar en nuestros Institutos, en ocasiones de forma bienintencionada, se traducen en pequeñas (o grandes) contribuciones que, quizá sin pretenderlo, realizamos a ese proceso de apropiación privada de nuestros sistemas nacionales y públicos de educación. Existen ya relevantes investigaciones académicas que han estudiado con detalle estos procesos dentro y fuera de nuestras fronteras y que están a disposición de quien quiera conocerlos —los trabajos de Stephen Ball y Antonio Olmedo del Instituto de Educación de la Universidad de Londres, o de Geo Saura de la UAB, son concluyentes para el caso español—.

“Mejora tu escuela pública” es una asociación absolutamente privada e implicada en la privatización, aunque utilice y exhiba el logo del Ministerio como entidad colaboradora. Su presidente es Juan José Nieto Romero, relevante miembro del Opus Dei que ha sido Director General del Gobierno Cifuentes en la Comunidad de Madrid en los años más duros de la crisis. La misión y razón de ser de la MEP es potenciar la lógica empresarial y neoliberal en los sistemas educativos y, de manera sustantiva, facilitar la privatización de la escuela pública (exactamente todo lo contrario de lo que su casta denominación anuncia). Los premios que anualmente reparte, lo siento, ni salen gratis, ni son inocuos. Pensemos… De las muchas cosas que hacemos bien ¿cuál nos han premiado? ¿Alguien sabe en virtud de qué supuesto “valor añadido” han concedido el premio al Ramón y Cajal y no al Pirámide, al Lucas Mallada o al Colegio Pío XII?, ¿tan excelentes e innovadores somos?, ¿y el resto de la escuela pública de nuestra ciudad?, ¿qué sentido tiene y qué lectura se va a dar en la ciudad a este acontecimiento? Más allá del alborozo inicial, comprensible, creo que toca reflexionar un poco sobre el significado de estos premios. Es lo único que pretendo con este texto. Por eso debo decir que la aceptación de este premio no hace sino contribuir a conceder mayor legitimidad al actual estado de las cosas y, por tanto, a la deriva privatizadora en la que se encuentra nuestra ya bastante maltrecha escuela pública.

Por último. Cualquiera puede comprobar las afirmaciones que se hacen en este escrito, una por una; y no hace falta acudir a ninguna revista de la cáscara amarga o de la izquierda radical, ni siquiera padecer la lectura de sesudos textos académicos…, basta con entrar a husmear en las propias páginas o sitios web de tales entidades, leer, pensar y sacar conclusiones: está al alcance de cualquiera porque el pensamiento neoconservador y ultraliberal campa sin ambages y se expresa cada vez con mayor claridad e impunidad; posiblemente porque está naturalizado, es como el aire que respiramos y forma ya parte de esa forma de pensamiento que llamamos “sentido común”.

* Compañero de enseñanza del Instituto Ramón Y Cajal de Huesca

http://loquesomos.org/sobre-el-premio-magister-y-la-mep/

¡Matricula a tus hijos e hijas en la escuela pública!

A la hora de escolarizar no pongas ningún centro confesional en la selección de centros y evitarás que se le derive a un centro religioso.

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A partir de marzo se inicia, en la mayoría de las comunidades, el periodo para solicitar la escolarización y matriculación en los centros educativos.

Europa Laica defiende el respeto a la libertad de conciencia en todos los ámbitos, pero con mayor celo cuando se trata de menores en formación, y exige, en consecuencia, la eliminación del adoctrinamiento religioso y dogmático en todos los centros que imparten enseñanza oficial. Una demanda democrática que a día de hoy no se respeta en nuestro sistema educativo.

No obstante, y dado el carácter y consecuencias de la actual fragmentación del sistema educativo en diferentes redes de centros, donde la mayoría de los centros privados, concertados o no, invocan su “carácter propio” o ideario para imponer en ellos una enseñanza religiosa confesional, no cabe la indiferencia. Europa Laica apuesta sin vacilación por la Escuela Pública, como instrumento que debe ser garantizado por las Administraciones Públicas, en tanto obligadas a velar por el interés general, para dar satisfacción a un derecho universal y en condiciones de igualdad, como es el derecho de niños y jóvenes a una educación común y laica. Defensa del espacio público, interés general y derecho universal a los que, por su propia naturaleza, no se ven obligadas instituciones y empresas de carácter particular, punto de apoyo hacia la creación de un “mercado educativo”, con distintos sesgos ideológicos, promoviendo mayor segregación y desigualdad social.

Europa Laica propone a las madres y padres que matriculen a sus hijas e hijos en edad escolar en colegios e institutos públicos; pues considera que la Escuela Pública es la que está directamente comprometida para que la etapa de escolarización obligatoria sea una etapa de convivencia entre escolares, con los iguales y con los distintos, una etapa que contribuye con esa convivencia a la mejor formación de las niñas, niños y jóvenes, y también al mejor desarrollo democrático de una sociedad cada día más diversa y plural.

A la Escuela Pública se le puede exigir que imparta una educación de calidad, contar con un profesorado bien preparado y seleccionado con criterios de igualdad, mérito y capacidad y, por tanto, un profesorado plural y democrático, que enseñe y eduque en libertad para formar ciudadanos competentes y críticos, sin verse sujeto a ningún ideario ni mandato que le obligue a adoctrinar al alumnado.

La Escuela Pública, “de todos y para todos”, está al servicio de la sociedad, de cada familia y de sus hijos e hijas, para que se utilice gratuitamente, pues nadie debe hacer negocio ni con la enseñanza ni con ningún otro servicio público. Siendo un servicio público mejorable, es necesario revertir los recortes de los últimos años y proveerla de los medios humanos y materiales necesarios, contando con la participación democrática de todas y todos en las escuelas e institutos, como derecho exigible en la escuela pública que se encuentra limitado en la privada

Consideramos que en las escuelas no debe impartirse la religión como asignatura, pues la enseñanza debe ser laica y los hechos y manifestaciones de índole religiosa deben estudiarse integrados en el currículum de otras asignaturas y no como catequesis y dogmas de fe. Sin embargo, los actuales Acuerdos del Estado con el Vaticano lo impiden, obligando la presencia de la religión confesional en todos los centros educativos; una situación contraria a principios democráticos que, mientras persista, incluso ha llevado a iniciativas de exigir en las distintas comunidades que el horario de religión sea el mínimo que permite la ley actual.

De ahí, el impulso de Europa Laica, junto con otras organizaciones sociales, de sucesivas campañas “Por una Escuela Pública y Laica: Religión fuera de la Escuela”, que incluyen la derogación de dichos Acuerdos y los suscritos con otras confesiones religiosas. La reciente decisión mayoritaria lograda en la Comisión de Educación del Congreso en ese sentido, nos anima a continuar en la exigencia de que el gobierno proceda a cumplir ese mandato parlamentario. (Puedes firmas esa campaña entrando en este enlace: Por una escuela pública y laica. Derogación de los Acuerdos)

En este empeño, la postura consciente de padres y madres en defensa de la Escuela Pública, matriculando en ella a su hijos e hijas, es la mejor garantía de poder tener una enseñanza de calidad, igualitaria, gratuita, sin discriminación y democrática.

Más información, consultas,… dirigirse a: escuelalaica@europalaica.org

Plan de zonificación escolar para Vigo: un nuevo ataque a la escuela pública

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No hay dinero para la escuela pública, sí lo hay para la privada

En Galiza, la escuela pública no sólo vive la misma realidad de deterioro y ataques constantes que en el resto del Estado, tales como la vigencia de la LOMCE, recortes presupuestarios, 3+2 en la universidad, etc., sino que además enfrenta toda una política consciente, por parte de la Xunta de Galiza en manos del Partido Popular, destinada a asegurar las ganancias del capital que hace negocio con la escuela privada-concertada, pauperizando y ahogando a la pública, es decir, atacando a decenas de miles de familias obreras.

La enseñanza galega ha vivido un verano caracterizado por el cierre de colegios situados en el rural, como en el caso de los municipios de Pontes y Outes, así como la eliminación de unidades de ESO en Ribadavia o Porriño, que suponen un golpe para varias decenas de estudiantes, que tendrán ahora que desplazarse hasta los centros de estudio más cercanos, a kilómetros de sus casas. Los argumentos esgrimidos por la Xunta, aluden a una supuesta “realidad sociológica educativa” y la “necesidad de optimizar recursos”. O sea, a su hipócrita intención de seguir atacando un derecho básico como es la educación.

Estos cierres de colegios están siendo contestados por un reguero de luchas a escala local, tales como la que está protagonizando la valiente comunidad educativa del colegio de As Pontes de García Rodríguez, el C.P.I. Monte Caxado, que viene de participar en una numerosa manifestación ante la sede central de la Xunta, de protestar en la delegación coruñesa del gobierno galego e, incluso, trasladar sus reivindicaciones físicamente a los actos del PP, como ha sido el caso del homenaje al franquista Manuel Fraga organizado en Vilalba o la ceremonia de entrega de las Medallas de Galicia, en la Cidade da Cultura compostelana,ambas el pasado año.

Mientras tanto, esa misma Xunta que niega recursos y cierra colegios públicos, sigue blindando la financiación de los conciertos educativos con centros privados, que abarcan ya más de dos centenares (muchos de ellos con nexos con organizaciones ultra católicas tales como el Opus Dei), entre los que se incluyen cinco que segregan por cuestiones de sexo a su alumnado, tres de ellos en la comarca de Vigo (Las Acacias, Montecastelo y Aloya).

Un nuevo ataque: Plan de zonificación escolar en Vigo

Este pasado diciembre, la Inspección Educativa de la Xunta de Galiza remitió la Propuesta de zonificación para el Concello de Vigo, que pretende reducir de diez a cuatro la configuración de las áreas escolares viguesas. Ésta ha sido entendida, de forma muy correcta, por FOANPAS (que agrupa a asociaciones de padres y madres de alumnos de Vigo y comarca), como un ataque “discriminatorio hacia los centros públicos”.

Para entenderlo es necesario conocer la idiosincrasia de Vigo, donde buena parte de los colegios públicos están situados en la periferia, lejos del núcleo urbano central, en el cual, en cambio, predominan los centros concertados. Por otra parte, mientras que éstos últimos centros ofertan todos los niveles educativos, desde Infantil a Bachillerato, los públicos no lo hacen, de tal forma que hay centros de Infantil y Primaria, por un lado, y otros centros sólo de Secundaria, obligando a los alumnos a cambiar de centro al pasar a la ESO.

Este nuevo mapa escolar dividiría a la ciudad en cuatro zonas (la 1 es la mayor y está en el centro), y sólo garantizará servicios (como el transporte escolar), para los alumnos que eligen un centro público de su zona.

De esta manera, una familia del centro de Vigo (zona 1), donde permanentemente existe un déficit de plazas públicas, particularmente en los tramos educativos superiores, podría verse en la situación de no poder afrontar económicamente ir al centro privado que le resultaría más cómodo y accesible, obligándola a matricular a su hijo en un centro público de la periferia (zona 2 o 3), con el hándicap añadido de no tener transporte escolar y tener que realizar un esfuerzo económico extra para llevarlo a clase todos los días. Esfuerzo que se añadiría a la carrera de obstáculos que ya de por sí supone, para cualquier familia viguesa, financiar libros de texto, manutención, etc., especialmente en un contexto de desempleo acuciante y bajos salarios en la comarca.

Puedes seguir leyendo el resto de la entrada en la siguiente dirección:

http://www.izquierdadiario.es/Plan-de-zonificacion-escolar-para-Vigo-un-nuevo-ataque-a-la-escuela-publica?id_rubrique=2653