La izquierda española vive en una burbuja (sus mejores pensadores ya no lo niegan)

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Es solo un ‘sketch’ humorístico, pero con más enjundia política que muchos ensayos de cuatrocientas páginas. Se titula ‘La burbuja’ y fue emitido en el mítico programa de televisión Saturday Night Live en noviembre de 2016. Trata de cómo la izquierda estadounidense fue incapaz de encajar la victoria de Donald Trump. En vez de pedir perdón o hacer autocrítica, se encerraron en los barrios ‘cool’ de las grandes ciudades, por ejemplo, en Brooklyn, Nueva York. Esta joya del sarcasmo imagina calles libres de republicanos, donde reina la armonía racial, solo se lee prensa ‘progre’ y los billetes de un dólar llevan impresa la cara de Bernie Sanders. ¿El único problema? No han conseguido encontrar policía ni bomberos dispuestos a trabajar allí, quizá porque saben que la izquierda detesta a las fuerzas del orden o porque la gentrificación ha disparado los precios hasta el punto de que una casa de un solo dormitorio cuesta más de un millón de dólares. Divertido, ¿verdad?

Algo muy similar ocurre en nuestro país, como explicó el periodista Esteban Hernández en un brillante artículo, titulado ‘¿Qué hacemos con los nuestros? El gran dilema de la izquierda’. Allí hablaba de la “burbuja de Arganzuela”, feudo madrileño de Podemos y Ahora Madrid, donde viven muchos de sus altos cargos, periodistas y humoristas emblemáticos. “Este barrio de Lavapiés (el distrito de Arganzuela en general) es una buena muestra de lo que ha hecho la izquierda en este tiempo. Se han olvidado de las clases obreras nacionales, se han dedicado a salir en televisión, a hablarnos de hegemonía, de corazones, de reguetón, de los inmigrantes, de las bicicletas por la ciudad, de centros ocupados y de los toros, y los que eran suyos les han abandonado”. Resumiendo: las cuestiones folclóricas se han impuesto a las materiales, desplazando desafíos tan complicados como atajar la crisis del alquiler y conseguir la remunicipalización de los servicios públicos.

‘Poliamor’, ‘posfordismo’ y ‘pollaviejas’

El artículo de Hernández refleja la incapacidad de ‘los partidos del cambio’ para conseguir el apoyo de los votantes más pobres, cuyos intereses teóricamente representan. “En España hoy, casi diez años después del inicio de la crisis económica, casi el 50% de las personas que no tienen ingreso alguno siguen votando al bipartidismo”, revela el demoledor informe que se analiza en el texto. Sin duda, la desconexión cultural con ‘los de abajo’ es un síntoma de la desconexión política. Un habitante de la periferia de Madrid que se desplace a Lavapiés para tomar unas cañas empezará a escuchar palabras tan éxoticas como ‘poliamor’, ‘posfordismo’ y ‘pollavieja’. Esta última alude a los varones blancos de más de cincuenta años que llegaron a posiciones de poder durante la era dorada de la alternancia de PP y PSOE.

l insulto recuerda a los años de la contracultura, cuando los jóvenes estadounidenses de izquierda dividieron simbólicamente a los habitantes de su país entre ‘hips’ (molones) y ‘squares’ (cabezacuadradas). Los primeros oían rock psicodélico, tomaban LSD y practicaban el amor libre. Los segundos tenían familias estables, trabajaban en horario de oficina y disfrutaban la Navidad. Por supuesto, los últimos eran despreciados sin necesidad de explicación, más o menos como ahora que los llamamos “cuñaos” (insulto que ya casi se aplica a cualquiera que no coincida con tus ideas políticas, en este caso las de la burbuja de Arganzuela). Parece que medio siglo no ha sido suficiente para que la izquierda comprenda que no es aceptable mirar por encima del hombro a las clases populares por su supuesta falta de sofisticación intelectual. Además esta actitud, cargada de narcisismo, pasa enorme factura electoral.

El insulto recuerda a los años de la contracultura, cuando los jóvenes estadounidenses de izquierda dividieron simbólicamente a los habitantes de su país entre ‘hips’ (molones) y ‘squares’ (cabezacuadradas). Los primeros oían rock psicodélico, tomaban LSD y practicaban el amor libre. Los segundos tenían familias estables, trabajaban en horario de oficina y disfrutaban la Navidad. Por supuesto, los últimos eran despreciados sin necesidad de explicación, más o menos como ahora que los llamamos “cuñaos” (insulto que ya casi se aplica a cualquiera que no coincida con tus ideas políticas, en este caso las de la burbuja de Arganzuela). Parece que medio siglo no ha sido suficiente para que la izquierda comprenda que no es aceptable mirar por encima del hombro a las clases populares por su supuesta falta de sofisticación intelectual. Además esta actitud, cargada de narcisismo, pasa enorme factura electoral.

El elitismo de Podemos

Intelectuales de referencia en la izquierda como Santiago Alba Rico hace tiempo que vieron claro este problema. Lo expuso en el artículo ‘El lío de Podemos y los tres elitismos’, publicado en 2014. Entre otras cuestiones, Alba Rico denunció el riesgo de ‘elitismo democrático’, una expresión que parece contradictoria, pero que no lo es en absoluto. Denunciaba que el funcionamiento del partido morado “acaba por dejar fuera a esa mayoría social —votante virtual de Podemos— sin la cual no se puede ganar y que ni lee ni revisa los documentos en Plaza Podemos, no asiste a las asambleas de los círculos, trabaja o busca trabajo sin parar, tiene muy poco tiempo para militar y ve además mucha televisión, lo que no le impide tener una noción bastante clara de lo que es la justicia y aspirar a un cambio real en favor de mayor igualdad, transparencia y democracia”. Dicho de otro modo: la supuesta democracia radical de los ‘partidos del cambio’ se traduce muchas veces en protagonismo desmesurado de militantes de clase media procedentes de la universidad. Esto implica la exclusión de quien tiene personas a su cargo o es absorbido por su trabajo en la empresa privada, caso de la mayoría de los españoles.

Por si fuera poco, existe otra inercia kamikaze de nuestra izquierda, relativa a su famosa ‘superioridad moral’. Cuando los activistas no están cómodos con algo —religión, familia tradicional, ejército…— le cuelgan la etiqueta de ‘facha’ en vez de intentar ofrecer una alternativa que sintonice con las necesidades y aspiraciones de ‘los de abajo’ (léase los españoles más vulnerables). El sociólogo César Rendueles, autor de varios ensayos de éxito, denunciaba estos días la distancia entre los ‘partidos del cambio’ y los problemas cotidianos de sus votantes potenciales. “En un estudio del CIS el 86% de los encuestados —mujeres y hombres— decían estar de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación ‘ver crecer a los hijos es el mayor placer de la vida’. Llamadme loco, pero lo mismo no es mala idea incorporar la familia al discurso de izquierdas”, apuntaba. Para la mayoría de activistas de barrio ‘cool’ la familia es una entidad anticuada, asfixiante y tirando a casposa, a pesar de que esta institución fuese el mayor factor de solidaridad interpersonal para hacer frente a la crisis económica. Por ejemplo, según un reportaje de la BBC, el 22,1% de los abuelos tuvieron que ayudar a mantenerse a sus hijos o nietos.

Alergia obrera

¿Qué salidas cabe plantear? La más práctica sobre la mesa es la llamada ‘cuota obrera’, que consiste en fomentar activamente la presencia de miembros de las capas bajas de la sociedad entre los cargos de los ‘partidos del cambio’ (por ejemplo, con listas cremallera similares a las que se usan para garantizar la igualdad de género). La propuesta proviene de la politóloga Arantxa Tirado y el rapero Nega, autores del ensayo ‘La clase obrera no va al paraíso’ (2016). A pesar del éxito del libro, que anda por la quinta edición, la izquierda ‘cool’ se ha negado a entrar en el debate, confirmando las sospechas de elitismo y desconfianza hacia las clases populares.

Romano y Nega analizan la composición social de Podemos (Pablo Bustinduy, Ramón Espinar, Jorge Lago…) y llegan a la siguiente conclusión: “Un partido capitaneado en su mayoría por personas no ya de la clase media liberal, sino de la alta burguesía depredadora y del alto funcionariado estrechamente ligado al ‘establishment’ no resulta idóneo para defender los intereses de la clase trabajadora”, señalan. También aportan una elocuente anécdota cultural: cuando Podemos se decidió a publicar una revista, le pusieron un precio de nueve euros, algo fuera del alcance de la mayoría de los precarios (la idea inicial era ponerla a trece, pero recularon). Hasta que no se sitúen en el centro las cuestiones materiales, tanto las grandes como las pequeñas, la izquierda española seguirá viviendo en una burbuja.

https://www.elconfidencial.com/cultura/2018-01-21/izquierda-espanola-burbuja-pensamiento_1508355/

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Un año de Rajoy: las reformas económicas que no ha cumplido mientras discutíamos sobre Catalunya

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El 31 de octubre se cumple un año de la toma de posesión de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. El aniversario es muy triste en el contexto político pero aparentemente dulce en lo económico. Los buenos datos de creación de empleo,  expansión económica y saneamiento de las finanzas públicas deberían haber sido el caldo de cultivo ideal para cumplir con la agenda de reformas económicas pendiente.

Pero la parálisis ejecutiva, que lleva desde principios de julio absorbida por el conflicto catalán, mantiene en vilo gran parte de los proyectos pendientes en materia económica. La prórroga presupuestaria no abre la vía a ninguna de sus promesas más inmediatas, como la bajada de impuestos o la creación de empleo público. Pero, además, un importante número de reformas prometidas en el arranque de la legislatura siguen en stand-by, durmiendo en el limbo de la minoría parlamentaria y de las fuertes inercias y resistencias que se dan en los sectores económicos más tradicionales.

Estas son algunas de las reformas que deberían estar operando ya pero que esperan tiempos menos revueltos para ver la luz. Mención aparte merecen la elevada tasa de paro o la desigualdad que sigue estancada, dos problemas pilares del crecimiento que se está fomentado el país pero para los cuales no se han prometido reformas concretas.

La reforma hipotecaria

“La reforma hipotecaria está ya lista para enviarla al Congreso de los Diputados para su tramitación como proyecto de ley”,  dijo hace unos días la secretaría de Estado de Comercio y pymes en un foro organizado por Cinco Días. Y en ese trámite se ha quedado estancada en medio de la crisis catalana. El Ejecutivo se enfrenta a una posible sanción después de que Bruselas presentara un recurso contra España (y otros países como Croacia, Chipre y Portugal) ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europa por el retraso en adaptar una directiva que tenía como fecha límite el 21 de marzo de 2016.

La reforma hipotecaria pretende, además de trasponer la norma, adaptar esta norma tras los últimos varapalos sufridos por la justicia  como el de las cláusulas suelo o el fallo de que los gastos hipotecarios no pueden ser asumidos solo por el consumidor. Entre las novedades que incluirá la reforma está que el banco tenga que darle al cliente una ficha con los datos básicos del préstamos y sus escenarios más preocupantes. Además, se deberá advertir de las condiciones y explicar los distintos gastos hipotecarios y quién los asume.

Otra de los  puntos que se incluirá es el de controlar las “operaciones vinculadas” en las firmas de hipotecas, es decir, los seguros o las condiciones que obliga a contratar el banco para dar la hipoteca. La nueva ley hipotecaria busca también acabar con el vencimiento anticipado, que permite a los bancos iniciar los trámites de desahucio a partir del tercer mes de impago. La nueva normativa establecerá un umbral de impago que se traspase cuando el cliente en la primera mitad del préstamos deje de pagar un 2% y en la segunda mitad, un 4%.

División del organismo supervisor de la Competencia

En 2013, el Gobierno puso patas arriba el modelo de regulación sectorial y de la competencia con la creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), organismo cuyo troceo ha exigido Ciudadanos. Su separación en dos entidades independientes (una para la regulación sectorial y otra para la competencia) figuraba en el acuerdo de investidura que la formación naranja y el PP suscribieron en agosto de 2016. En enero, tras sumar también el apoyo del PSOE, Luis de Guindos confirmó en el Congreso su intención de llevar adelante la separación y en marzo el Ministerio de Economía lanzó una consulta pública sobre la racionalización y ordenación de los organismos supervisores de los mercados y para la mejora de su gobernanza. Pero a día de hoy, la separación de la CNMC, que acaba de cumplir cuatro años con un bagaje muy cuestionado, es uno de los muchos incumplimientos de esos “150 compromisos para mejorar España” pactados con Ciudadanos y uno de los que se presentan como más verdes dentro de los proyectos pendientes.

Mercado del gas

En enero pasado, en plena crisis de precios de la luz, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, anunció la creación de la figura de un “creador obligatorio” en el mercado del gas natural para obligar a los operadores dominantes (Gas Natural y Endesa) a ofrecer esa materia prima a terceros e intentar evitar subidas de precios como las que se vivieron esos días, en plena ola de frío y con las centrales de ciclo combinado (gas natural) sosteniendo la cobertura de la demanda. “Esto requiere previamente la fijación de una metodología por parte de la CNMC que ya el viernes pasado fue pedida”; “en cuanto la tengamos, ya daremos cuenta de los siguientes pasos a dar sobre esta medida”, dijo el ministro el 26 de enero pasado en el Congreso. La CNMC realizó su propuesta en marzo, pero la prometida reforma urgente no se ha aprobado a día de hoy en la antesala del frío y con avisos ya de récord de subidas del precio de la luz.

La financiación autonómica

La raíz de muchos de los problemas de Catalunya, la queja por la forma en la que contribuyen a la financiación autonómica, está también in albis. La intención era acabar con los agravios comparativos entre regiones en aspectos como el impuesto de sucesiones y con los problemas de infrafinanciación para unas administraciones que deben lidiar con las competencias de educación, sanidad o dependencia. El ambicioso calendario, que de ningún modo se va a cumplir, suponía su aprobación este mismo año para su entrada en vigor en 2018. A la conferencia de presidentes no acudió el catalán Carles Puigdemont, y Catalunya tampoco participó posteriormente en el comité de sabios que hizo una primera propuesta para la reforma.

Ahora, en plena aplicación (si se cumple lo que parece inevitable) del artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomía catalana por el proceso secesionista, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado que se relanzan los trabajos. Está por ver cuándo se conforma el siguiente comité de expertos, esta vez más político, que deberá continuar con las discusiones. Las de los expertos técnicos se saldaron con un fuerte grado de desacuerdo y un 40% de su informe lo conformaron los votos particulares.

Los colegios profesionales

Unas de las reformas interruptus por excelencia del Gobierno de Rajoy. La liberalización de los colegios profesionales en España, reclamada por Bruselas en el cénit de la crisis económica, se ha visto pospuesta y relegada una y otra vez desde que el Ejecutivo anunciara su puesta en marcha en 2012. Llegó a anunciarse el día en que se aprobaría el anteproyecto, se celebraron briefing explicativos para periodistas en el Ministerio de Economía sobre su alcance… pero acabó guardada en un cajón a pesar de que el PP contaba con mayoría absoluta en su primera legislatura. Y la historia se repitió casi un año después con una versión “light” de la reforma de lberalización.

Ahora que necesitan el apoyo de otros grupos para sacar adelante las reformas, De Guindos se excusó el pasado marzo delante de Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, asegurando que si “mañana mismo” el PSOE, Ciudadanos y PNV apoyasen una propuesta legislativa, el Gobierno daría respaldo a la reforma de la liberalización de los colegios y servicios profesionales.

Las sicavs

Todos los partidos han prometido en mayor o menor medida modificar el beneficioso régimen de las sicav. Incluso el PP aceptó hacer unas mejoras en su pacto de investidura con Ciudadanos que a día de hoy no se han concretado en nada. Ciudadanos reclama que su control pase de la CNMV a la Agencia Tributaria y que pasen de tributar del 1% al tipo general del Impuesto de Sociedades. Además, sólo se computarían a efectos del número mínimo de 100 accionistas, los que tengan una participación superior al 0,55%. De este modo se evitaría la figura del llamado “mariachi”.

La trampa de las sicav está en que suelen pertenecer a una sola persona o familia que aglutina la mayoría del capital y toma las decisiones de inversión, mientras que el resto de partícipes son socios de paja.

http://www.eldiario.es/economia/Mariano-Rajoy-reformas-economica-compromisos_0_701680218.html

Los peores mitos de la dictadura de Franco y de la Transición. Escrito por Gonzalo Herrera.

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Sólo hay algo que de más asco que el franquismo y la Transición y es la gente que se sigue creyendo sus mitos.

A todo el mundo le gusta llenarse la boca hablando de Franco y dentro de unos días, cuando se cumplan cuarenta años de su muerte, internet va a estar a petar de artículos de mierda en los que se repetirán los mitos de siempre sobre la dictadura y sobre la Transición. Es nuestra Ley de Godwin particular cuyo enunciado en este caso vendría a ser algo así como “a medida que una comida familiar se alarga, la posibilidad de que aparezca Franco o la Guerra Civil tiende a uno”. Llevamos ochenta años – cuarenta de dictadura y cuarenta de democracia – dándole vueltas a quienes eran los buenos, quienes eran los malos, si Rusia era o no culpable, si la República funcionaba o si aquello no iba bien y sobre todo, si con Franco se vivía o no mejor.

 

En casi cualquier país que haya sufrido una dictadura esto ni se plantearía, no porque no haya gente que se lo pregunte sino porque acabaron todos tan mal – guerras, limpiezas étnicas, golpes de estado…- que durante mucho tiempo nadie quería ni acordarse. En España aunque la cosa no acabó precisamente bien – terrorismo, represión, un intento de golpe de estado…- la verdad es que hay mucha gente que cree que con Franco se vivía mejor y que gracias a él España creció económicamente, se puso al ritmo de Europa y – como no – consiguió por fin una democracia sólida.

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El franquismo y sus herederos se convirtieron en expertos en construir un relato que contenía todos estos elementos y muchos más para justificar la dictadura como un modelo de éxito y a la democracia como el resultado lógico de la misma. Pero por suerte los mitos suelen estar en las antípodas de la realidad y estos no son una excepción.

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http://www.unidadcivicaporlarepublica.es/index.php/nuestra-memoria/franquismo-y-represion/17353-los-peores-mitos-de-la-dictadura-de-franco-y-de-la-transicion

La trampa del pacto “antiterrorista”. Josefina Martínez, historiadora

PACTO

Sobran los motivos para no apoyar el pacto antiterrorista
Este lunes todos los partidos parlamentarios -a excepción de Bildu- participaron de la reunión del pacto antiyihadista. El acuerdo se gestó en 2015, después de los atentados de París, frente a la amenaza de nuevos ataques del Estado islámico en ciudades europeas. En aquel momento, el pacto fue acordado a puertas cerradas por el PP y el PSOE, sumando después a Ciudadanos y otros grupos. Podemos participó de la reunión de 2015 en calidad de observador. Esta semana, Unidos Podemos, PNV, PDECat y ERC concurrieron como observadores.
El gobierno intenta aprovechar la conmoción provocada por los atentados de Cataluña para consolidar un clima de “unidad nacional” que integre al resto de fuerzas políticas detrás del fortalecimiento del aparato represivo y las fuerzas del orden. Este clima de “consenso” se apoya en un “sentido común” donde la “lealtad institucional” implicaría “dejar para después las diferencias”, porque “ahora es el momento de la unidad contra el terrorismo”. El problema de esta lógica, auspiciada desde el gobierno y replicada por la mayoría de las fuerzas parlamentarias, es que por esta vía lo que se impone como “incuestionables” son las políticas de aquellos sectores más conservadores que buscan aumentar el poder securitario del Estado.
Ya lo hemos visto en Francia, después de los atentados de París: la idea de un “frente de unidad nacional” contra el enemigo externo es funcional al recorte de las libertades democráticas, promueve una mayor presencia de las fuerzas policiales en la vida pública y legitima el espionaje masivo de sectores de la población considerados “sospechosos” mientras se operan cambios legislativos que permiten nuevas formas de control y represión. En el caso español, esto no es una especulación sobre el futuro, sino un recuento de lo que ya incorpora el pacto antiyihadista, que en 2015 incluyó medidas en este sentido. Por eso sobran los motivos para no apoyarlo.
Las modificaciones del código penal y legislación “antiterrorista”
En 2015 se acordaron modificaciones al código penal que permiten desplegar una ofensiva de detenciones y acoso a la comunidad árabe y musulmana, en primer lugar, y a la población en general. La incorporación de la figura de “radicalización por internet”, legitima la inteligencia policial en las redes sociales “bajo sospecha”.
Como denuncia el periodista David Bollero en Publico.es, el pacto penaliza “el uso de las redes de comunicación y tecnologías de la información” con fines de “captación y adiestramiento de terroristas, incluido el adiestramiento pasivo”. Una figura que deja abierta la posibilidad de penalizar a cualquier persona que circule por redes sociales consideradas “peligrosas”. Y recordemos el caso de los titiriteros de Madrid para dar cuenta de la amplitud con que los jueces y la audiencia Nacional pueden interpretar libremente esos términos.
Recordemos, también, que la modificación de la legislación “antiterrorista” ya ha sido utilizada de forma perversa y escandalosamente represiva contra los jóvenes de Alsasua, a los que se les quiere imponer más de 350 años de cárcel por una trifulca de bar donde un guardia civil terminó con un tobillo lesionado.
La persecución a los tuiteros, la aplicación de la Ley mordaza contra periodistas y activistas, las detenciones arbitrarias, el espionaje de colectivos sociales, la introducción de la figura de la “prisión permanente revisable” y otras medidas se legitiman hoy con esta reedición del pacto antiyihadistas. El gobierno sale ganando, ya que todos los partidos presentes se cuidaron de no denunciar estas cuestiones, en aras del “consenso” y la necesidad de “dejar para después las diferencias”.
Una resolución central del pacto antiyihadista es aumentar los recursos de las fuerzas de seguridad nacional, es decir destinar más dinero, más efectivos, más armas, más tecnología para inteligencia. Pareciera que esta es una medida “incuestionable” en estos días, ya que el sentido común indicaría que de esta forma el Estado será más “eficiente” contra futuros ataques del Estado Islámico.
La realidad es muy distinta: el ejemplo de Francia, después de los primeros atentados de Paris, de Bruselas, Reino Unido, y también del Estado español desde 2015, demuestran que el aumento de los presupuestos de seguridad no genera un Estado más “eficiente” para terminar con los atentados. Los atentados no han cesado, porque sus causas son más profundas.
Al mismo tiempo, el reforzamiento de las medidas represivas contra los barrios pobres, las comunidades árabes y musulmanas, solo incrementa el descontento social y el resentimiento de sectores marginalizados, caldo de cultivo para la propaganda yihadista.
Del mismo modo, las políticas guerreristas a nivel internacional, que Estados Unidos y los países europeos han reforzado con la llamada “guerra contra el terrorismo”, han profundizado el “odio contra occidente” entre grandes sectores, lo que es aprovechado de forma reaccionaria por los reclutadores del Estado Islámico. El reforzamiento de las fuerzas policiales y represivas, por último, preparan un Estado más represivo contra los jóvenes, los migrantes, las movilizaciones obreras y cualquier manifestación social que cuestione el orden establecido.
La unidad nacional y la defensa de los valores “democráticos”
El acuerdo de “mínimos” al que se llegó este lunes entre todos los grupos parlamentarios, incluye la condena a los atentados, el reforzamiento de las fuerzas de seguridad y una defensa en general de los “valores democráticos”. Una fórmula que satisface especialmente a la corona y al gobierno, que por esta vía buscan legitimarse como portadores de esos valores frente al conjunto de la población.
Podemos ha dicho que por ahora no firma el pacto, pero que participará de todas las reuniones. En la rueda de prensa posterior, su portavoz expresó la idea de que “hoy no toca hablar de diferencias” y que es necesario el “consenso” entre todos.
Aunque Pablo Iglesias ha escrito en redes sociales que “el endurecimiento de la legislación penal no sólo se ha revelado ineficaz en la lucha contra el terrorismo, sino que pone en riesgo lo mas valioso de los sistemas democráticos”, con su participación en la mesa del pacto antiyihadista, Podemos cae en la trampa de la “unidad nacional contra el terrorismo”. Por esta vía, terminan legitimando las políticas más conservadoras del gobierno y el régimen, mientras saludan el accionar de las fuerzas represivas.
Para evitar que el dolor de las víctimas y sus allegados sea instrumentalizado por el gobierno que busca reforzar los mecanismos represivos, es más importante que nunca mantener una posición crítica con las políticas securitarias, al mismo tiempo que se defiende una política independiente del Estado, denunciando la islamofobia y el racismo, las políticas de recortes sociales y el guerrerismo, que son el caldo de cultivo que prepara la posibilidad de nuevos atentados. Por eso sobran los motivos para no apoyar este pacto antiyidahista, ni caer en la trampa del “consenso nacional” con el gobierno y el régimen.
Fuente: Socialismo 21

Trump, Rajoy y el cambio climático. Por Víctor Arrogante.

¿Recuerdan ustedes al primo de Rajoy?, el científico. Rajoy restó importancia al cambio climático aludiendo a su primo científico: «Si nadie garantiza ni qué tiempo hará mañana en Sevilla ¿Cómo van a decir lo que va a pasar dentro de 300 años?»; asegurando que no se puede convertir este asunto –del que ustedes me hablan– «en un problema mundial». Pues diez años después, Donald Trump, lo ha convertido en un problema mundial, con su retirada del Acuerdo de París contra el cambio climático, para frenar el calentamiento global y sus consecuencias, con argumentos parecidos.

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http://www.ecorepublicano.es/2017/06/trump-rajoy-y-el-cambio-climatico.html

Los ayuntamientos del cambio tropiezan en la promesa de remunicipalización

Tanto por acción como por omisión, las alcaldías han visto frustradas sus promesas electorales en estos dos años. El Ejecutivo de Rajoy y los empresarios paralizan los procesos en Valladolid y Zaragoza, mientras que en Madrid y Barcelona la propia actuación política diluye la recuperación de la gestión directa.

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