Fernández Quesada, ¿crimen de Estado?

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La investigadora Rosa Burgos critica que los diputados que investigaron el caso en 1978 ocultaron pruebas al juzgado de Instrucción. este 12 de diciembre se cumplieron 37 años de la muerte del estudiante.

Como cada 12 de diciembre, volvió a recordarse el homicidio de Javier Fernández Quesada, estudiante de Biología que murió de un tiro por la espalda, supuestamente de un guardia civil, cuando participaba en una protesta estudiantil y laboral en la Universidad de La Laguna en 1977. Treinta y siete años después, su figura y su contexto histórico y social resultan desconocidos para muchos canarios y para la mayoría de los universitarios, que ni pisan el edificio en el que lo mataron, pues acuden a otros campus.

La Asamblea del Movimiento Estudiantil Canario (AMEC) colocó en la noche del jueves los carteles del homenaje al estudiante grancanario. Y, ayer, tuvo que recolocarlos, porque alguien los arrancó en la entrada principal al edificio central de la Universidad. Un portavoz de AMEC, Josafat González, cree que Fernández Quesada es “una figura importante, por cómo falleció, en circunstancias dramáticas, y por haber participado en el movimiento estudiantil lagunero y en la lucha social”.

“No debemos permitir que caiga en el olvido”, apunta Josafat González. Indica que Fernández Quesada pervive en la memoria en algunos círculos universitarios, pero “la historia no se sabe muy bien” entre la mayoría de los estudiantes. Y lamenta que “ha habido muchas sombras” acerca de este episodio histórico.

José Luis Hernández, profesor de Matemáticas y licenciado en Periodismo, fue testigo de los hechos que precedieron al disparo. Cree que Fernández Quesada es una figura de la historia de Canarias que no ha tenido el suficiente reconocimiento y solo es conocida, relativamente, en algunos círculos universitarios por el homenaje anual. Indica que diferentes gobiernos e instituciones han dejado “olvidada” la muerte de Javier, a pesar de algunos gestos.

Opina que “se pasó página en falso”, pues nadie asumió la responsabilidad política y penal. Hernández dice que la Comisión de Investigación que se abrió en el Congreso en 1978 nunca llegó a una conclusión clara y se cerró medio año después.

La investigadora Rosa Burgos, autora de “La bala que cayó del cielo”, dice que fue un “crimen de Estado” y que puede documentar que Mardones, el entonces gobernador civil, celebró la noche antes una Junta de Orden Público, en la que “ordenó actuar con dureza a las fuerzas del orden y estas le obedecieron”. Para Burgos, los diputados que investigaron el asunto no profundizaron y ocultaron pruebas, como balas usadas en el tiroteo, que llegaron hasta el Congreso y no las entregaron al juez de instrucción. Según Burgos, también llegaron al Congreso declaraciones de testigos que supuestamente conocían a los autores de los disparos y no se pusieron ante la autoridad judicial.

Las ráfagas en el campus

El 12 de diciembre de 1977 se llevó a cabo una huelga general convocada por sindicatos obreros, con el apoyo de los estudiantes “más combativos”. El profesor José Luis Hernández se refugió en el campus central, donde hipotéticamente garantizaba la seguridad de los que se hallaban en su interior. Observó las cargas que la Policía realizó desde la gasolinera situada al final de la calle Delgado Barreto. Disparaban pelotas de goma y botes de humo contra los manifestantes situados en el campus. Eran las 14:00 horas. Los “grises” se retiraron. Pero los estudiantes volvieron a gritar consignas y dirigirse hacia el Polideportivo universitario. Diez guardias civiles llegaron y accedieron al campus, varios con subfusiles y uno con pistola. Según Hernández, los jóvenes se agrupaban en las escalinatas del edificio y los guardias empezaron a disparar ráfagas de fuego real. Una bala alcanzó a Javier. El rector, Eduardo Doménech, dijo que ayer fue un día triste para la Universidad por la muerte de un alumno en un acto nada violento y por un suceso condenable.

* El Día.es

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