Las tasas de Gallardón, golpe mortal al supuesto Estado de Bienestar y de Derecho

Por Carlos Quintero

Nuevamente el Gobierno despliega el cinismo a la hora de argumentar sus “tasas” judiciales.

Gallardón tiene la desfachatez (o tal vez la fachatez) de decir abiertamente que la imposición de estas tasas es progresista, porque recaen sobre quienes tienen capacidad, pero no sobre quienes no tienen capacidad. O, como se está vendiendo en ciertos medios, la pagarán las “clases medias”, pero no las “clases más pobres”.

Pero con estas tasas se agudizan estrategias de la oligarquía bastante peligrosas y que vienen desarrollando desde hace unos años:

Por un lado, desde el punto de vista de la configuración de la financiación y el uso de los Servicios Públicos, desaparecen tanto los conceptos de “Estado de Bienestar” (Sanidad, Educación, Servicios Sociales, Seguridad Social) como los del supuesto “Estado de Derecho” (mediante el cual supuestamente todos somos iguales ante la ley).

La estrategia es sencilla: Que recaiga sobre las clases trabajadoras que aún disponen de cierto poder adquisitivo (lo que se denomina clase media) una financiación complementaria hacia los Servicios Públicos, acompañada de una desinversión del Estado hacia los mismos. El balance de esto: unos servicios públicos de menor calidad, que pasan de ser un derecho financiado con los fondos generales del Estado a  convertirse en unos centros de servicios públicos, poco eficientes, que apenas solucionan nada, con una prensa nefasta, y que además tienen que soportar económicamente los trabajadores que aún disponían de cierto nivel adquisitivo, para que, de un modo paternalista, puedan tener cierto acceso al bienestar (salud, educación y Servicios Sociales) los trabajadores, más de 12 millones de personas (según Caritas) que ya están en el umbral de la pobreza.

El siguiente paso es sencillo: ofrecer un sistema mixto “voluntario” en el que los 30 millones de españoles a los que aún les quede (por poco tiempo) nivel adquisitivo elijan entre los maltrechos servicios públicos, o bien  unos servicios privados de sanidad, educación, Servicios Sociales y pensiones financiados por ellos y para ellos y donde su dinero no vaya a recaer en esos 12 millones de  españoles en el umbral de la pobreza, que como diría la vieja guardia “neoliberal” son unos “Vagos, estafadores, vividores, subvencionados ( y de paso sindicalistas, que siempre queda bien)” que están viviendo del trabajo de los demás (mire usted por dónde, igual que un burgués).

La consecuencia de este paso no es baladí: Por un lado, 20 millones de españoles sin cobertura social, más allá de un sistema público atrofiado y doblemente desfinanciado (por el Estado y las tasas de los trabajadores que podían pagarla), que vaya usted a saber presa de qué populismo pueden llegar a ser, en su desesperación; y, por otro lado, otros tantos millones de españoles, atrapados por un nuevo medio de ganancia empresarial (para la sanidad privada, la educación privada, los servicios sociales privados y los fondos de pensiones privados), que ahora tienen que pagar directamente lo que antes era un derecho de todos y que por supuesto serán presas de todos los discursos neoliberales antisociales que pululen.

Las tasas judiciales de Gallardón se enmarcan en este contexto: lo que antes era un derecho para todos, pasará a ser un derecho de aquel que pueda pagarlo. “Solo pagarán los que puedan”, dice Gallardón; lo que no dice es que los que “no puedan” estarán excluidos de un acceso, con garantías de éxito, ante la justicia de los que tienen capacidad para sostener largos y costosos juicios.

Pero además, y lo más grave, es que el tiempo en el que llega esta reforma no es casual. El Estado y la oligarquía trabajan de la mano. En plena campaña, de endurecimiento del Código Penal, de bajada salarial y destierro de derechos laborales y los convenios colectivos de  los trabajadores (hecho del que presume públicamente gente como José Luis Feito, miembro del Comité Ejecutivo de la CEOE), llegan estas tasas que en la práctica supondrán un golpe letal al derecho laboral y la indefensión de los trabajadores. Como expone la  Plataforma Ciudadana por una Justicia de Todos, “las tasas suponen una regresión a una ley preconstitucional de 1959?, y ponen un ejemplo: ”si un trabajador quiere recurrir una sentencia por despido siendo la discrepancia de 2.000 euros, la tasa será de 500, que perderá gane o no. Y si pretende recurrir en casación, otros 750 euros.”

Esto pone de manifiesto que, tras dos reformas laborales (la el PSOE y la del PP), en las que se allanaba el camino a la oligarquía para poder pasar a una ofensiva directa sobre el nivel de vida de los trabajadores, ya que esta es la única vía que la oligarquía del Estado español (de tercera categoría) tiene para aumentar sus beneficios, ahora se pretende dar un golpe mortal para producir una indefensión total del trabajador ante cualquier tipo explotación patronal. Primero ensancharon la ley para que la oligarquía pudiera abusar legalmente de los trabajadores; ahora, no contentos con ello, generan con estas tasas la situación necesaria para que la oligarquía pueda incluso dar rienda suelta a la ilegalidad. ¿Qué trabajador, en un mercado laboral donde se gana lo justo para sobrevivir, y con una tasa de paro del 30%, va a permitirse, con unos abogados de oficio, emprender un proceso judicial contra el imperio de ley de la oligarquía, con auténticos ejércitos de abogados, en donde además tiene que pagar de entrada entre 500 y 750 euros para iniciar un trámite, y donde no tiene garantías democráticas de una justicia imparcial?

En definitiva, estamos asistiendo desde hace más de 3 años a un auténtico “Plan de Estado” (más allá de un gobierno del PSOE o del PP), en el que la oligarquía y el Estado están más unidos y acompasados que nunca. Se trata de intensificar el papel del Estado como institución de la oligarquía, se trata de despojarlo del “lastre social” (a través de sus diferentes gobiernos, centrales y autonómicos)  para concentrarlo en su misión de manipulación y represión.

Sin duda, ningún compromiso deben adquirir las clases populares y sus organizaciones con este régimen en ninguno de sus órganos de representación, sino todo lo contrario: utilizar la representación popular en ellos para denunciar ante los trabajadores que este Estado es una “ratonera de trabajadores” y que no hay otro camino de supervivencia y dignidad  para las clases populares que romper con él.

Este 6 de Diciembre, en la manifestación “Contra la Constitución Monárquica y por la III República” que se dará en Madrid, toda la izquierda hemos de avanzar en la unidad  para conformar un Frente o Bloque Popular que rompa con esta situación. El papel de la izquierda no puede limitarse a pedir que la oligarquía utilice el Estado con más tacto. Se trata de que la izquierda debe plantear, desde ya, que tiene otro proyecto de Estado superador del que surgió en 1978. No debemos retrotraernos a los “pactos del pasado”. Sino manifestar que tenemos un proyecto de Estado donde las clases populares estén al frente, donde la democracia deje ser una palabra vacía, luchar por un proyecto de Estado que pasa por la III República y que avance todo lo necesario para garantizar el bienestar del pueblo.

Carlos Quintero

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