La Institución Libre de Enseñanza se queda sin calle en Madrid. Cristina Calandre Hoenigsfeld

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De nuevo asistimos a una vuelta al anterior nombre de una calle de Madrid, Hermanos García Noblejas, que el anterior Ayuntamiento, el presidido por Manuela Carmena, cambio en el año 2017, por el de Institución Libre de Enseñanza.

Esto es lo que acaba de decidir el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha desestimado el recurso de apelación del anterior ayuntamiento progresista, contra la sentencia dictada el 21 de mayo del 2018.

El actual alcalde de Madrid, del PP, ha dicho que no van a recurrir, en recurso de casación ante el Tribunal Supremo, pues “tienen cosas mas importantes que hacer”.

Desconozco los entresijos de la familia García Noblejas, pero por lo que he leído, muchos de ellos fueron falangistas y algunos apoyaron a la sublevación militar del 18 de julio de 1936 contra la Republica.

Posteriormente, el mismo Ramón Serrano Suñer, ministro fascista y antisemita, ayudo a traer a uno de los hermanos desde Rusia, donde había ido con la División Azul.

Sabemos que uno de los enemigos de la Institución Libre de Enseñanza, fue la falange, que nada mas finalizar la guerra, entro en su recinto y la saqueo

La Institución Libre de Enseñanza, creada en 1876, por Don Francisco Giner de los Ríos, es poco conocida.

Se perdió una oportunidad de oro, con motivo de su rehabilitación en el año 2008, de mantener y proteger su patrimonio, en el recinto escolar, en Madrid, primero que construyo el arquitecto Bernardo Giner de los Ríos, en el año 1917.

Dicho arquitecto, durante la II Republica, construiría muchos grupos escolares, para llevar a cabo la gran obra pedagógica institucionista.

Esa rehabilitación, no fue tal, sino un derribo en toda regla, con apoyo de instituciones y financiación de Caja Madrid.

Ahora, con el borrado de su nombre en el callejero madrileño, asistimos a otra humillación mas, cuando es tan importante recordar que la Institución, fue la base sobre la que surgieron importantes instituciones, como la Junta Para Ampliación de Estudios, y finalmente se pudo lograr en 1931, la II Republica.

https://nuevatribuna.publico.es/articulo/sociedad/institucionlibreensenanza-calle-madrid-memoriahistorica/20210615174632188712.html

La lentitud de la justicia española juega a favor de Juan Carlos I

Esta semana se ha cumplido un año desde que la Fiscalía del Tribunal Supremo anunciara que asumía la investigación iniciada por Anticorrupción al rey Juan Carlos sobre el presunto pago de comisiones en la construcción del AVE en la Meca cuando todavía era jefe de Estado. Ha pasado un año y las investigaciones no avanzan. La lentitud de la justicia española beneficia al emérito. Entretanto, la situación judicial de Juan Carlos, huido a los Emiratos Árabes, sigue igual: está bajo sospecha, pero no hay ninguna causa abierta formalmente contra él. En paralelo, han fracasado todas las iniciativas planteadas al Congreso a fin de que el rey Felipe VI dé explicaciones a la cámara.

La Fiscalía del Supremo, que inicialmente trabajaba en el caso de las comisiones del AVE de la Meca, se ha encontrado en estos doce meses que debe investigar otras conductas del todo sospechosas y del todo irregulares: una sobre donaciones no declaradas al fisco y otra de posibles fondos en paraísos fiscales. En paralelo, también investiga las dos regularizaciones tributarias hechas por el rey emérito.

El cierto es que en este último año no ha habido avances significativos en las investigaciones y nada hace pensar que la tarea que lleva a cabo el equipo de fiscales encabezado por Juan Ignacio Campos tenga fecha de finalización. Estos son los escándalos que investiga la fiscalía y que llevaron Juan Carlos I a abandonar precipitadamente España el 3 de agosto del 2020 y fijar su residencia en la Unión de los Emirates Árabes.

Las comisiones del AVE de la Meca

La primera investigación abierta por la Fiscalía fue referida a las comisiones del AVE en Meca. A finales de 2018, la Fiscalía Anticorrupción empezó a investigar las posibles comisiones pagadas en la adjudicación del AVE de la meca a un consorcio de empresas españolas en 2012, la más importante conseguida por España, por unos 6.500 millones de euros.

En una conversación grabada el año 2015 al excomisario José Manuel Villarejo y el examante del rey, Corinna Larsen, se hablaba del presunto cobro de 65 millones de euros procedente del país árabe, que el emérito ingresó en una cuenta en Suiza en nombre de la Fundación Lucum, de la cual era beneficiario.

El caso inicialmente lo investigó la Audiencia Nacional, que decidió archivarlo. La Fiscalía Anticorrupción lo reactivó y finalmente la asumió la Fiscalía del Supremo cuando Juan Carlos I pasó a ser aforado después de su abdicación y dejó de ser inviolable.

El rey emérito transfirió el año 2012 buena parte del dinero que eran a Lucum a una cuenta de Corinna Larsen en las Bahamas como regalo por la relación íntima que habían mantenido entre 2004 y 2009. Después de saberse que Felipe VI era el segundo beneficiario de Lucum, el rey marcó distancias con su padre. Renunció a su herencia y retiró al emérito la asignación del Estado.

El caso de las comisiones también está siendo investigado por la Fiscalía de Ginebra, que centra sus indagaciones en los testaferros de Juan Carlos I, entre los cuales se encuentra el primo a Álvaro d’Orleans, Dante Canónica i Artura Fasana, además de Corinna Larsen.

El caso inicialmente lo investigó la Audiencia Nacional, que decidió archivarlo. La Fiscalía Anticorrupción lo reactivó y finalmente la asumió la Fiscalía del Supremo cuando Juan Carlos I pasó a ser aforado después de su abdicación y dejó de ser inviolable.

El rey emérito transfirió el año 2012 buena parte del dinero que eran a Lucum a una cuenta de Corinna Larsen en las Bahamas como regalo por la relación íntima que habían mantenido entre 2004 y 2009. Después de saberse que Felipe VI era el segundo beneficiario de Lucum, el rey marcó distancias con su padre. Renunció a su herencia y retiró al emérito la asignación del Estado.

El caso de las comisiones también está siendo investigado por la Fiscalía de Ginebra, que centra sus indagaciones en los testaferros de Juan Carlos I, entre los cuales se encuentra el primo a Álvaro d’Orleans, Dante Canónica i Artura Fasana, además de Corinna Larsen.

Investigación tributaria

En paralelo, la Fiscalía investiga dos regularizaciones fiscales realizadas por Juan Carlos, vinculadas a los escándalos de las tarjetas opacas y de gastos no declarados. En el primer caso abonó 678.000 euros en diciembre del 2020. Dos meses después, el 26 de febrero, hizo una segunda regularización por valor de 4,3 millones de euros por el dinero de la Fundación Zagatka, fundada en 2003 por De Orleáns-Borbó, para el pago de vuelos privados y gastos personales a espaldas del fisco entre 2014 y 2018.

Al saldar las dos deudas sin requerimiento previo de Hacienda y sin denuncia de la Fiscalía, el emérito evitaba ser acusado el delito tributario, pero la Fiscalía entendió que había que investigar los pagos y el origen del dinero con el cual saldó la deuda, al provenir de empresarios amigos del rey emérito.

https://www.elnacional.cat/es/politica/lentitud-justicia-espanola-juega-favor-juan-carlos-i_619217_102.html

Una filtración en EE.UU. muestra que los ultrarricos apenas pagan impuestos. Luna Izquierdo

Una filtración en EE.UU. muestra que los ultrarricos apenas pagan impuestos

Las autoridades fiscales de Estados Unidos han iniciado una investigación sobre una filtración de registros privados de multimillonarios, incluyendo Warren Buffett, Jeff Bezos, Mike Bloomberg y Elon Musk, que reveló que muchos de ellos han pagado pocos impuestos incluso cuando su riqueza se disparó.

La organización ProPublica, dedicada la periodismo de investigación, ha tenido acceso a declaraciones de impuestos de los estadounidenses más ricos, que abarcan un periodo de más de 15 años, y en su informe concluyó que pagan menos impuestos (un promedio del 15,8% del ingreso bruto ajustado) que la mayoría de los trabajadores estadounidenses.

En su web, ProPublica afirmó este martes que, por ejemplo, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, no pagó ningún impuesto federal entre 2007 y 2011, mientras el creador de Tesla, Elon Musk, no pagó nada en 2018. Los empresarios Michael Bloomberg, Carl Icahn y George Soros, según ProPublica, también lograron no pagar impuestos durante varios años.

«Nos sorprendió bastante que puedas bajar (los impuestos) a cero si eres multimillonario. En realidad, que alguien pueda no pagar nada de impuestos realmente nos dejó perplejos. La gente rica puede eludir el sistema de una manera totalmente legal», le dijo Jesse Eisinger, reportero y editor de ProPublica, al programa Today de la BBC. «Tienen una enorme capacidad para encontrar deducciones, encontrar créditos y explotar las lagunas del sistema», añadió.

Asimismo, Eisinger señaló que las acciones que poseen de sus propias empresas, que no dejan de subir en bolsa haciendo que el valor de su riqueza crezca enormemente, eso no se registra como ingreso. También tienen grandes deducciones fiscales, a menudo porque han pedido prestado para financiar su estilo de vida.

Tal y como explicó, los multimillonarios estadounidenses compran un activo, construyen uno o heredan una fortuna y luego piden prestado dinero en efectivo poniendo como garantía su vasta riqueza que, no es una cantidad en el banco ni son ingresos, es el producto de un préstamo y esta es la parte legal de la estrategia. Debido a que no obtienen ganancias ni venden acciones, no reciben ningún ingreso, que es lo que podría estar sujeto a impuestos.

Al igual que muchos ciudadanos comunes, los ricos pueden reducir sus impuestos sobre la renta a través de donaciones caritativas y obtener dinero de ingresos por inversiones en lugar de ingresos por tener un salario.

Utilizando datos recopilados por la revista Forbes, el medio digital dijo que la riqueza en conjunto de los 25 estadounidenses más ricos aumentó en 401.000 millones de dólares de 2014 a 2018, sin embargo, solo pagaron 13.600 millones de dólares en impuestos sobre la renta durante esos años.

ProPublica afirma que «utilizando estrategias fiscales perfectamente legales, muchos de los superricos pueden reducir sus facturas de impuestos federales a nada o casi», aunque su riqueza haya crecido enormemente en los últimos años.

Y aunque el presidente estadounidense Joe Biden ha prometido aumentar los impuestos a los estadounidenses más ricos como parte de su objetivo hacia la igualdad y recaudar fondos para su programa de inversión masiva en infraestructuras, el análisis de ProPublica señala que «aunque algunos estadounidenses adinerados, como los administradores de fondos de cobertura, pagarían más impuestos bajo las propuestas actuales de la administración de Biden, la gran mayoría de los 25 principales vería pocos cambios».

Aunque la BBC no ha podido confirmar estas afirmaciones, la supuesta filtración se produce en un momento de creciente debate sobre la cantidad de impuestos que pagan los ricos y la amplia desigualdad con respecto al resto.

Alemania recuerda a los “españoles rojos” y su trabajo esclavo durante el nazismo. Carmela Negrete

Vista de la exposición itinerante “Rotspanier” 1

La historia de Celestino Alfonso Matos no es muy conocida, y eso que asesinó a Julius Ritter, el responsable para el Servicio de Trabajo Obligatorio de las temidas Schutzstaffel (SS) alemanas en toda Francia. Pierrot, que era el apodo de Matos, era carpintero y había sido Comisario político de la segunda Brigada Internacional. Tras la guerra civil española, se había refugiado en Francia, donde fue internado en un campo en Saint-Cyprien y más tarde deportado a Berlín. Consiguió huir pero para acabar siendo fusilado en Francia.

La historia de este comunista y la de otros 140.000 refugiados republicanos es recogida por una exposición bajo el título de “Rotspanier”, que es el nombre que los Nazis dieron a los republicanos y significa “españoles rojos”. La muestra está abierta en Berlín desde el jueves 3 de junio en el Centro de Documentación para el Trabajo Forzado durante el Nacionalsocialismo.

Junto con la asociación francesa Ay Carmela, fundada por un antiguo trabajador forzado y otros familiares de víctimas en Burdeos, los historiadores Peter Gaida y Antonio Muñoz Sánchez han querido contar la historia de los huidos tras la guerra. Personas que padecieron, en especial en Francia y en Alemania, así como en las colonias francesas del norte de África, el internamiento en campos de trabajo forzado. “Con el argumento de no abrir viejas heridas en la sociedad española, la democracia restaurada después de 1975 no acomete una revisión crítica de la guerra civil”, asegura el texto de una de las columnas iluminadas que componen la exhibición.

“Tenemos una ley de memoria histórica desde 2007”, decía el embajador español Ricardo Martínez Vázquez en la apertura de la exposición el jueves… y poco más. Porque sabe que los trabajos forzados durante el franquismo ni han sido investigados en profundidad ni sus víctimas han sido compensadas. Martínez Vázquez aseguró, sin embargo, que la exposición berlinesa “para un español es muy importante”, recordó que “Franco no tuvo ningún interés” en la memoria de estas personas y que ello fue “uno de los motivos” por los que cayeron en el olvido.

Martínez escogió muy bien las palabras, evitando hablar de la guerra civil, término discutido en Alemania, donde hay historiadores que la llaman “Guerra Española”, por la evidente intromisión extranjera. También omitió el decisivo papel de Alemania, que sí se menciona en la exposición. El régimen nazi fue responsable directo de la victoria de Franco y, por tanto, de la propia existencia de los refugiados, a los que la Legión Cóndor incluso llegó a bombardear. Hoy aún hay una avenida dedicada a la Legión Cóndor en la capital alemana, el Spanische Allee.

El embajador está acostumbrado a esos malabares diplomáticos. En septiembre participó en el homenaje anual a las Brigadas Internacionales.

Los republicanos huyeron de la muerte y la cárcel, también del trabajo forzado durante la dictadura de Franco. Decenas de miles pasarían por el sistema de campos de trabajo alemanes y franceses. Esto fue objeto de discusión en Berlín el pasado mes de marzo en el Instituto Cervantes en un programa hecho en cooperación con el Museo que ahora expone la muestra. Con una charla en la que participó el historiador Nicolás Sánchez Albornoz, que estuvo preso y tuvo que participar en la construcción del Valle de los Caídos, dieron un repaso a la impunidad de los crímenes franquistas en ese terreno.

Republicanos españoles en las colonias francesas

“Abandonamos a los refugiados españoles frente al fascismo italiano, portugués y alemán”, explicaba el presidente de la asociación Ay Carmela Emmanuel Dorronsoro en la presentación de esta exposición en Burdeos. Y eso, a pesar de que “muchos españoles fueron actores y no solo víctimas”, ya que participarían más tarde en la liberación de Francia del fascismo, como explica Gaida.

Pero se conoce poco que el régimen colaboracionista de Vichy empleó a los refugiados republicanos para construir grandes proyectos arquitectónicos, no solo en Francia, sino también en Túnez, Marruecos o Argelia. “Deseamos que nuestra exposición contribuya a que el gobierno francés reconozca a los españoles que fueron utilizados mediante el trabajo esclavo”, explica.

Ya en 1939, Francia decidió que los refugiados tenían que contribuir a defender el país o aceptar un servicio de trabajo obligatorio. 90.000 republicanos fueron destinados a diferentes destinos para la economía de guerra, de los cuales 50.000 trabajaron en las Compañías de Trabajo Extranjero (CTE), unidades de trabajo militarizadas.

Los enviaron a reforzar la línea de combate construyendo fortificaciones. Cuando la Wehrmacht ocupó Francia, se produjeron las primeras deportaciones y miles de españoles terminaron en Alemania en trabajos forzados o en campos de exterminio como el de Mauthausen.

Pero se conoce poco que el régimen colaboracionista de Vichy empleó a los refugiados republicanos para construir grandes proyectos arquitectónicos, no solo en Francia, sino también en Túnez, Marruecos o Argelia. “Deseamos que nuestra exposición contribuya a que el gobierno francés reconozca a los españoles que fueron utilizados mediante el trabajo esclavo”, explica.

Ya en 1939, Francia decidió que los refugiados tenían que contribuir a defender el país o aceptar un servicio de trabajo obligatorio. 90.000 republicanos fueron destinados a diferentes destinos para la economía de guerra, de los cuales 50.000 trabajaron en las Compañías de Trabajo Extranjero (CTE), unidades de trabajo militarizadas.

Los enviaron a reforzar la línea de combate construyendo fortificaciones. Cuando la Wehrmacht ocupó Francia, se produjeron las primeras deportaciones y miles de españoles terminaron en Alemania en trabajos forzados o en campos de exterminio como el de Mauthausen.

Gaida es el experto por excelencia de los campos de trabajos forzados en la Francia de Vichy y tiene una cercanía a las asociaciones de familiares de las víctimas que le ha permitido conocer historias personales que han enriquecido esta y otras exposiciones, así como sus libros monográficos sobre el trabajo forzado en las colonias francesas o sobre el Muro del Atlántico, el gigantesco proyecto con el que Adolf Hitler trató de evitar la invasión marítima en las costas francesas.

Muñoz Sánchez ha investigado la historia de las indemnizaciones a los republicanos en Alemania y el trabajo forzado de portugueses en el régimen nazi. Su trabajo conjunto en la exposición “Rotspanier” muestra el recorrido penoso del exilio republicano en el Tercer Reich y en Francia.

Una exposición con vocación educativa muy exigente

Uno de los dos historiadores que han elaborado la exposición, el doctor Peter Gaida, explica a El Salto que la intención de la exposición es dar a conocer la historia de los miles de republicanos que no eran destacados comunistas y que acabaron como trabajadores forzados no solo en Alemania, sino también en Francia. Y que, además, este último país nunca les ha reconocido oficialmente ni compensado, algo que sus familiares reclaman desde hace décadas.

Lo cierto es que la vocación inequívocamente educativa de la exposición, que cuenta con una página web en tres idiomas en la que hay también actividades escolares para trabajar la materia en clase, vídeos y fotografías, es muy exigente con el visitante. Se presuponen conocimientos, como en el caso de Mauthausen, en el que el historiador no ha querido hacer hincapié por ser algo más conocido y estudiado y, por ello, asegura, habría sido redundante. No se menciona a Francesc Boix, que aunque es muy conocido en España, no lo es tanto en Alemania y ello a pesar de que sus fotos fueron usadas en el juicio de Núremberg para poder condenar a algunos de los responsables.

Además, hoy día da la impresión de que las cuatro décadas de existencia de la República Democrática Alemana (RDA) han desaparecido de la historia. A veces los historiadores no se molestan en nombrar lo que ocurrió durante este periodo en la mitad de Alemania, ni siquiera para criticarlo, como podría haber sido el caso en esta exposición. Tan solo se menciona que “en el este de Alemania se recuerda la memoria de las Brigadas Internacionales”.

En el caso de la RDA, las Brigadas Internacionales fueron uno de sus mitos fundacionales, y el país, autodeclarado como antifascista, a diferencia de la República Federal, no se consideraba a nivel legal como sucesora del tercer reich, por lo que en un primer momento se negó a pagar reparaciones de guerra. Los participantes en las Brigadas eran considerados héroes nacionales y algunos de ellos compartieron destino con los republicanos en los campos franceses y alemanes y después recibieron pensiones por ser víctimas del nazismo. Hubo algunos españoles que consiguieron asilo político en la RDA por haber combatido contra el fascismo, pero la admisión de solicitudes estaba condicionada, eso sí, al parecer, por su filiación política y el visto bueno del Partido Comunista de España.

La exposición itinerante, que ya había sido mostrada en Francia, ha sido financiada por un organismo público alemán, la Fundación “Recuerdo, responsabilidad y futuro”, que se fundó en 2000 para compensar a los trabajadores forzados del Nacionalsocialismo alemán y para “promover proyectos de reconciliación”. Después de que las víctimas de trabajos forzados del nazismo se pasasen décadas reclamando una compensación y de que el estado alemán rechazase sus peticiones una y otra vez, éstas fueron reconocidas cuando buena parte de los afectados ya había fallecido. Ahora Alemania da lecciones de memoria a Francia con esta exposición.

La investigación puede visitarse hasta el 31 de noviembre en el Centro de Documentación para el Trabajo Forzado durante el Nacionalsocialismo (Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit), en el barrio de Treptow-Köpenick en la calle Britzer Straße número 5. La entrada es gratuita y el museo está adaptado para personas con diversidad funcional.

El museo es el único campo de trabajo forzado que se conserva en Berlín y dispone de dos exposiciones permanentes muy recomendables en las que se puede conocer las historias de los italianos encarcelados allí como presos de guerra, así como sobre el fenómeno del trabajo forzado durante el nazismo. Después de su paso por Berlín se espera que, si la pandemia lo permite, dicha exposición vuelva a Francia para ser expuesta después en Barcelona y, con suerte, en otras ciudades españolas.

https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/alemania-da-lecciones-de-memoria-a-francia

La trinchera del Zoco Chico. Javier Valenzuela

Portada de El frente de Tánger, de Bernabé López García.
El profesor Bernabé López García, gran especialista de las relaciones hispano-marroquíes contemporáneas, acaba de llenar con solvencia un hueco de nuestra historiografía: la crónica de cómo se vivió la Guerra Civil española en Tánger, entonces una ciudad internacional administrada por un puñado de potencias europeas. El resultado de su trabajo, El frente de Tánger (Marcial Pons) es tan contundente —López García aporta una numerosa y hasta ahora inédita documentación— como doloroso. Resulta que los españoles leales a la República —la mayoría de los 12.000 miembros de nuestra colonia en la capital del Estrecho— vivieron aquellos tres años manifiestamente discriminados respecto a la minoría franquista, y ello tanto por la agresividad con la que actuaban los insurrectos y sus aliados en Roma y Berlín como por la hipocresía y la cobardía de los representantes de Londres y París en la ciudad. Como en tantos otros frentes políticos, militares y económicos de aquella contienda, la política de no intervención de Londres y París favoreció a los golpistas y maniató a los defensores de la legalidad democrática.

En primer lugar, el finisterre norteafricano de Tánger estaba cercado por tierra, mar y aire por las tropas de Franco, dueñas desde el primer momento del territorio del Protectorado español en el Norte de Marruecos. Desde Tetuán, los golpistas amenazaban con acciones bélicas a las autoridades internacionales de Tánger si estas no les favorecían frente a los partidarios de la República. En segundo lugar, la sublevación contaba con varias quintas columnas en Tánger. Una eran las minorías derechistas y falangistas de la colonia española, particularmente notables entre las familias más ricas. Otra, los recursos de la Iglesia católica en la ciudad, al servicio incondicional de los sublevados. Una tercera, los funcionarios policiales y judiciales del enclave —españoles o de otras nacionalidades—, proclives por naturaleza a simpatizar con aquellos que proponían disciplina y tradición. Una cuarta, los cónsules italiano y portugués, activos padrinos del franquismo. Por último, la benevolencia, por simpatía conservadora o miedo a enfadar a Hitler y Mussolini, de los representantes de Londres.

Bernabé López García desgrana en su extenso estudio las muchas tropelías padecidas durante aquel trienio por las legítimas autoridades consulares españolas, las republicanas, y por esa mayoría de sus vecinos que las apoyaban. Las más evidentes eran las agresiones verbales y físicas que sufrían por parte de matones falangistas, que llegaron a los extremos del secuestro y el asesinato. Las más sutiles, las condenas de cárcel que el Tribunal Mixto —los muy derechistas magistrados internacionales de la ciudad— iba imponiendo a los periodistas republicanos de El Porvenir y Democracia, y a los activistas políticos y sindicales de izquierdas de la colonia española.

Mientras el cónsul republicano en Tánger, José Prieto del Río, instaba a los suyos a no caer en las provocaciones de sus compatriotas golpistas, el Comité de Control —el organismo internacional que dirigía la ciudad— hacía la vista gorda sobre esas provocaciones, so pretexto de neutralidad. De modo que los republicanos preferían celebrar sus actos políticos y culturales en sitios cerrados como el Teatro Cervantes, mientras los franquistas desfilaban uniformados por las calles dando vivas a Franco y al Duce. Y difundiendo propaganda antimasónica y antisemita en una ciudad abierta y cosmopolita que era refugio de logias y hogar de millares de sefarditas.

“La sensación en los medios republicanos”, escribe el autor, “era que, mientras los facciosos actuaban tranquilos, sabiéndose cubiertos por una policía que dejaba hacer y un Tribunal Mixto parcial, los españoles leales se sentían amenazados, vigilados, con temores de expulsión”. El Zoco Chico, esa plazuela tangerina tan diminuta físicamente como extraordinaria en su radiación literaria, se convirtió en el epicentro de las querellas españolas. Parapetados en el Café Central, los envalentonados franquistas intercambiaban insultos y bofetadas con los asustados republicanos, instalados en el Café Fuentes. López García reconstruye con precisión cómo marineros de buques de guerra italianos anclados en el puerto llegaron a reforzar con sus puños a los franquistas del Zoco Chico y hasta osaron asaltar el periódico republicano local Democracia. Con total impunidad, cabe añadir.

Pese a todo, la República en guerra hizo cosas hermosas en Tánger, cuenta el autor. Por ejemplo, la Universidad Popular Española de Tánger, creada en el verano de 1937 para enseñar un montón de cosas —idiomas, mecanografía, contabilidad, taquigrafía, música, dibujo, literatura…— a un millar de adultos españoles y marroquíes, en su mayoría trabajadores manuales. Pero, a comienzos de marzo de 1939, cuando París y Londres reconocieron al Gobierno de Franco, tuvo que ceder a los sublevados el consulado y las demás instituciones españolas de la ciudad. Lo hizo con elegancia.

Los franquistas, por su parte, celebraron su victoria con una manifestación en el Zoco Chico en la que abundaban las banderas rojigualdas y los saludos fascistas. El 4 de marzo de 1939, el recién nacido diario España, impulsado por el coronel Beigbeder, dio cuenta de esa manifestación con este significativo titular: “El Zoco Chico de Tánger ha dejado de ser rojo”. Vendrían enseguida las expulsiones de decenas de republicanos tangerinos, avaladas por los administradores internacionales de la ciudad. Y el 14 de junio de 1940, el día en que las tropas de Hitler entraban en París, con Francia derrotada e Inglaterra al borde del colapso, llegó la orden de Franco para que sus tropas de Tetuán ocuparan Tánger y la anexionaran a su España Una, Grande y Libre.

https://www.infolibre.es/noticias/los_diablos_azules/2021/06/04/la_trinchera_del_zoco_chico_121288_1821.html

El problema no es el indulto, es la sentencia. José Antonio Martín Pallín

Una sentencia no es palabra de Dios. El famoso juez Holmes, del Tribunal Supremo norteamericano, siempre recordaba que una sentencia vale lo que valen sus razonamientos, por lo que nunca se puede descartar la posibilidad de modificarla en la búsqueda del valor de la justicia y la equidad. Nuestro sistema constitucional y procesal rechaza la infalibilidad de las sentencias, las somete a la revisión de los tribunales superiores, y permite, excepcionalmente, su anulación por circunstancias sobrevenidas y por supuesto consagra, constitucionalmente, la existencia de un posible error judicial (art. 121 CE). Precisamente, una de las formas de corregir los errores o desajustes derivados de la apreciación por los juzgadores de las circunstancias de cada caso obliga a los propios tribunales sentenciadores a ponderar la posibilidad de ajustar la sanción punitiva, solicitando un indulto cuando, de la rigurosa aplicación de la ley, la pena resulte notablemente excesiva, atendiendo al mal causado o a las circunstancias personales del autor (art. 4.3 del Código Penal). También los jueces de Vigilancia Penitenciaria podrán solicitar el indulto cuando concurran las circunstancias que señala la legislación penitenciaria.

En estos momentos se están tramitando los indultos solicitados por terceras personas para los condenados por los hechos sucedidos en Cataluña durante el año 2017, que culminaron con una declaración de independencia, en el seno de un Parlamento, suspendida de inmediato para abrir un diálogo con el Gobierno de la nación. Su tramitación, con arreglo a la Ley de Indulto de 1870, retocada levemente en el año 1988, ha suscitado una reacción inusitada en la mayor parte de los medios de comunicación, en algunos partidos políticos y en personalidades de la vida pública que se han pronunciado tajantemente en contra de la concesión de cualquier forma de indulto, por considerar que están en juego la supervivencia de la nación y los cimientos de la democracia. Esta desmesurada reacción ha provocado el asombro de algunos medios de comunicación extranjeros y, por supuesto, no ha recibido el apoyo de ningún organismo internacional y mucho menos de los órganos institucionales del Consejo de Europa y de la Unión Europea.

A lo largo de mi vida profesional he intervenido en la tramitación de numerosos indultos y nunca me he encontrado con un informe del Tribunal Sentenciador tan cargado de consideraciones políticas, notoriamente extrajurídicas, como el que ha emitido recientemente la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el caso de los condenados por el procés. Como era previsible e incluso, en cierto modo, coherente con el contenido de la sentencia, no se podía esperar otra cosa que un informe desfavorable, en el que bastaba con remitirse a las numerosas resoluciones adoptadas durante el proceso y después de la condena, para llegar a la conclusión de que no encontraba motivos de justicia, equidad o utilidad pública para la concesión de un indulto.

La lectura del escrito causa asombro y una profunda preocupación porque ataca directamente a los pilares de la separación de poderes, base de la existencia de un sistema político parlamentario e incurre en tan notables excesos que pudieran bordear las previsiones de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Artículo 418.3), que considera como una falta disciplinaria grave dirigir felicitaciones o censuras a otros poderes del Estado.

Destaco alguno de los argumentos que me parecen inaceptables desde el punto de vista constitucional y del principio de la separación de poderes. El escrito justifica su rechazo al indulto, basándose en unas declaraciones de Jordi Cuixart en las que manifiesta su intención de volver a realizar un llamamiento a la movilización ciudadana pacífica, democrática y permanente; en suma una conducta plenamente democrática. Sostiene el dictamen que la amnistía es una institución que se utiliza en los casos de tránsito de un sistema dictatorial a un sistema democrático. Tal afirmación, supone un desconocimiento de la historia en general y la española en particular. Les recomiendo la lectura de la tesis doctoral de Enrique Linde Paniagua: Amnistía e Indulto en España. Podrán comprobar que ha habido 18 amnistías en nuestro país con el fin de conseguir la “tranquilidad pública”. Además, una muy relacionada con la cuestión catalana, la concedida a Lluis Companys, por un cambio de gobierno derivado de unas elecciones democráticas.

Pero la culminación de la confrontación política con el Poder Ejecutivo se encuentra en el pasaje en el que se acusa al Gobierno de conceder el indulto para conseguir su permanencia en el poder “comprando” el voto de los independentistas catalanes. Además de ser una imputación gravísima, inaceptable en un órgano jurisdiccional que se supone imparcial y equilibrado, revela un total desconocimiento de la aritmética parlamentaria.

Una muestra no relevante a los efectos de la concesión del derecho de gracia, pero que denota su posicionamiento sobre el respeto a la legalidad, la encontramos en el párrafo que dedica al sistema penitenciario catalán, al que acusa de haber actuado con un visible distanciamiento de los criterios legales. Esta afirmación no es cierta y muestra, además, un notorio desprecio por los especialistas de las Juntas de Tratamiento Penitenciario (médicos, psicólogos, educadores y otros funcionarios), a los que considera, con una expresión ciertamente eufemística, como prevaricadores.

Todos los gobiernos desarrollan sus políticas a través de leyes aprobadas por el Parlamento y, en casos excepcionales, por medio de decretos leyes. Nadie discute que al Tribunal Constitucional le corresponde fiscalizar la constitucionalidad de las leyes, mientras que la adecuación de los decretos leyes al Ordenamiento Jurídico compete a los Tribunales del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo. Pero no se puede olvidar la excepcionalidad de los decretos leyes que conceden indultos, ya que su ejercicio, según el artículo 62 i) CE, corresponde al rey, como jefe del Estado. La remisión a la Sala Tercera del Tribunal Supremo (Contencioso-administrativa) de la misión de velar por el cumplimiento de las formalidades legales en el expediente administrativo que tramita un indulto es una novedad que se ha introducido después de más de un siglo de vigencia de la Ley de Indulto y tras 35 años de vigencia de nuestra Constitución. En las escasas ocasiones en que ha intervenido, se puede observar una reticencia de la mayoría de los magistrados a la asunción de estas competencias y atribuciones.

A partir de ese momento se han revisado unas pocas concesiones de indulto, siempre por razones puramente formales, debidas al incumplimiento de los trámites legales exigidos para la tramitación del expediente. Existen pronunciamientos de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en los que, con toda claridad, establece que cualquier anulación de los motivos o razones por los que se concede el indulto constituiría un exceso de jurisdicción, es decir, una invasión de la exclusiva potestad del Poder Ejecutivo para ejercitar el derecho o la prerrogativa de gracia que, por razones históricas, y así se mantiene en nuestra Constitución, corresponde al rey como jefe del Estado.

La presión sobre el Ejecutivo para denegar los indultos no solo procede de la Sala Segunda del Supremo. Tres partidos políticos –PP, Vox y Ciudadanos– ya han anunciado un recurso ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, sea cual sea su contenido, sin conocer todavía los argumentos que utilice, para justificar, con arreglo a la ley, la concesión del indulto. Pretenden ejercitar una acción popular en el ámbito de la jurisdicción contencioso administrativa. Quizá ignoran que el artículo 19 de la ley reguladora solamente contempla el ejercicio de la acción popular en los casos expresamente previstos por las leyes, circunstancia que no concurre en la ley de indulto. En mi opinión esta pretensión debe rechazarse de plano por falta de legitimación. En caso contrario se abriría una brecha de consecuencias imprevisibles. La acción popular no sería exclusiva de los partidos políticos y la podrían ejercitar cualquier asociación, grupos organizados o ciudadanos que quieran mostrar su disconformidad o conformidad con el indulto. Nos podríamos encontrar con miles de recursos. Los partidos políticos deben reservar sus energías para el debate parlamentario.

Mientras llega el momento del indulto, la plataforma denominada Unión 78 ha convocado una manifestación en el centro emblemático de la derecha española: la plaza de Colón. En ella se han celebrado concentraciones y manifestaciones de la más diversa índole y todas ellas de contenido reaccionario, como la oposición al aborto, eutanasia, o el matrimonio entre personas del mismo sexo y en muchas ocasiones ha participado la Conferencia Episcopal. El 13 de junio, festividad de San Antonio de Padua, santo con poderes taumatúrgicos para encontrar las cosas perdidas, es la fecha escogida por los organizadores. De momento no se ha perdido Cataluña ni corre peligro la unidad de la patria común e indivisible de todos los españoles. Los oradores no necesitan elaborar un texto o manifiesto para dirigirse a los fervorosos asistentes, les basta con la lectura del dictamen de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Todos los actos multitudinarios están abocados a un final. Cuando terminen los discursos, los cánticos y el despliegue de banderas, los asistentes tendrán que regresar a sus casas. Siempre queda la sensación de haber asistido a una especie de sesión de fuegos artificiales o como dicen los franceses, les feux follets, es decir, los fuegos fatuos. Permanecerán los problemas reales que vienen del pasado, desafortunadamente la pandemia que estamos viviendo y los retos del presente y del futuro. Muchos de los asistentes están sufriendo las consecuencias de un sistema económico que fomenta las desigualdades y la insolidaridad, la precariedad laboral; aspiran a salarios mínimos suficientes e incluso a las rentas de supervivencia, la articulación de un sistema tributario progresivo y justo, la inversión en sanidad y educación pública, la erradicación de los problemas dramáticos que se han vivido en las residencias geriátricas por falta de medios asistenciales y de todas las cuestiones que plantea la vida diaria; no les queda más remedio que volver a la realidad. La fiesta ha terminado, la vida sigue y los problemas permanecen. La cuestión catalana que viene de lejos, y que la derecha no quiere abordar con medidas democráticas, resulta algo marginal que no va a condicionar el voto de los ciudadanos cuando, en su momento, sean llamados a las urnas en unas elecciones generales.

En estos momentos, el Gobierno dispone de varias posibilidades para conceder los indultos. Los recientes votos particulares disidentes de un magistrado y una magistrada del Tribunal Constitucional, formulados en las sentencias que resuelven los recursos de amparo de los señores Rull y Turull, evidencian, con un razonamiento impecable y sólidamente construido, que en atención a los hechos y solamente a los hechos probados que se recogen en la sentencia, las penas son absolutamente desproporcionadas porque lo sucedido solo merecería la calificación de desórdenes públicos. Por tanto, estaría justificada la invocación de razones de justicia y equidad para conceder el indulto. Sin embargo, a pesar de esta magnífica oportunidad, el Gobierno no debería entrar en el debate sobre la existencia de motivos de justicia y equidad. Me parece más adecuado, teniendo en cuenta la incuestionable naturaleza política de todo lo sucedido en Cataluña durante el año 2017, e incluso con anterioridad, destacar las razones de conveniencia y utilidad pública que, en cualquier sociedad democrática no tan polarizada como la nuestra, supone sentar las bases para la iniciación de una mesa de diálogo cuyos resultados se irán viendo conforme avancen las conversaciones.

Cuando parece que el Gobierno no alberga dudas sobre la necesidad de la concesión de los indultos, aparecen algunas informaciones basadas en fuentes que proceden directamente de La Moncloa, que me preocupan y me suscitan ciertas perplejidades. El diario El País del pasado día 30 de mayo titulaba a cinco columnas con tipo de letra de gran tamaño que “Los indultos serán rápidos, limitados y reversibles”. El tema de la rapidez puede ser discutible, aunque en mi opinión pudieran haberse tramitado con mayor celeridad. La limitación de su contenido, si se refiere exclusivamente a las penas privativas de libertad y de multa y deja fuera las inhabilitaciones especiales para cargo público, rompe con la jurisprudencia establecida en algún caso notorio, por lo que no debería limitarse el alcance del indulto en función de la naturaleza de los hechos delictivos y la personalidad y la relevancia política y representativa de la mayoría de los condenados. La cuestión de la reversibilidad suscita una serie de problemas graves que deben ser matizados teniendo en cuenta no solo la ley reguladora de la concesión del derecho de gracia, sino también los principios rectores de la Constitución. La libertad de expresión e ideológica y, en su caso, el derecho de acceso a cargos públicos electivos que constituyen uno de los pilares fundamentales de nuestra Carta Magna y de cualquier sistema democrático.

El art. 18 de la ley reguladora de 1870 establece rotundamente que la concesión de indulto es por su naturaleza irrevocable con arreglo a las cláusulas con que hubiere sido otorgado. Es decir, se debe cumplir con arreglo a los plazos y condiciones que afectan a las penas privativas de libertad, inhabilitaciones y multas. Todos los aspectos que contempla el artículo 25 de la ley de indulto, incluido el arrepentimiento, son circunstancias que debe valorar el Tribunal Sentenciador pero que, en ningún caso, vinculan al órgano ministerial (Ministerio de Justicia) que propone al Consejo de Ministros la firma del decreto de indulto. Cualquier otra limitación de actividades, que supongan el cercenamiento del ejercicio de derechos fundamentales, ejercitados a través de los medios de comunicación, convocatorias de reuniones o manifestaciones como, por ejemplo, el llamamiento para acudir a La Diada, si esta llega a celebrarse, sería inequívocamente inconstitucional.

Queda por resolver una última cuestión que puede reforzar la justicia y utilidad pública del indulto o echar por tierra todos sus beneficiosos efectos políticos. Me imagino que los expertos habrán tomado en consideración estas posibilidades. Lo más sensato sería extender el derecho de gracia a la totalidad de la condena que queda por cumplir para evitar que se produzcan situaciones que pueden desembocar en continuos conflictos jurídicos entre los Jueces de Vigilancia Penitenciaria y el Tribunal Supremo, cuyo resultado final ya conocemos por anticipado. Pongamos un ejemplo: si se reduce parcialmente la pena, se puede establecer una duración de dos años de prisión. Esta medida se considera como una nueva pena y no una variante o modificación de la anteriormente impuesta. Según el Código Penal (artículo 80) se puede suspender la ejecución de las penas no superiores a dos años, es decir, no habría que cumplirla en prisión sino en libertad. Ahora bien, es una facultad potestativa del Tribunal Sentenciador que la puede denegar si considera que existe el peligro de la comisión futura por el penado de nuevos delitos. No creo que haga falta hacer un ejercicio de adivinación para saber cuál sería la postura del Tribunal Sentenciador sobre este punto. Por tanto permanecería dos años más en prisión con una oposición irreductible a la aplicación de beneficios penitenciarios.

En todo caso, durante el período de suspensión pendería sobre los beneficiados la espada de Damocles, que caería sobre ellos cuando, en el ejercicio de sus derechos constitucionales, se dedicasen a continuar promoviendo la independencia de Cataluña por medios pacíficos. En estos momentos ERC ha renunciado a la vía unilateral y busca un consenso con el Gobierno para encontrar algún resquicio que permita la celebración de un referendo de autodeterminación, cuyas condiciones y efectos saldrían de estas conversaciones e incluso de su aprobación por el Congreso de los Diputados.

Me mantengo en la tesis de que el coste político del indulto para el Gobierno va a resultar irrelevante. Otra cosa son las tendencias electorales que se han manifestado en el presente y su proyección sobre el devenir futuro. En otro artículo trataré de exponer las consecuencias que se pueden derivar de la futura anulación de la sentencia por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

https://ctxt.es/es/20210601/Firmas/36268/indultos-sentencia-proces-independentistas-cuixart-supremo-jose-antonio-martin-pallin.htm

La serpiente de Mohamed VI. David Bollero

La Plaza Jemaa El Fna de Marrakech siempre trae a la mente dos poderosas imágenes: la muchedumbre caminando de un lado a otro entre los puestos de naranjas y los curanderos y encantadores de serpientes. Lo que no acostumbra a contarse es cuántos de estos encantadores mueren al año por mordeduras de sus reptiles. Hace unos cuatro años, los seis minutos de agonía de un encantador después del beso mortal de su serpiente dieron la vuelta al mundo por las redes sociales. Mohamed VI parece en ocasiones encantador, pero en realidad es serpiente. Tras la nueva vuelta de tuerca al chantaje de Marruecos de ayer, queda saber si España y la Unión Europea se dejarán dar el beso de la muerte.

Mohamed VI es sanguinario, mezquino, ruin. Un monarca que sume a su pueblo en la pobreza mientras él nada en riqueza, que no duda en pisotear los Derechos Humanos (DDHH) a su capricho, se desenvuelve en la mentira con soltura. No es que no lo hubiera hecho ya -aunque, por las palabras de Pedro Sánchez, éste pareciera que se hubiera enterado ayer mismo-, pero el reconocimiento de que Mohamed VI puso en peligro a 10.000 personas en la frontera con Ceuta para presionar a España con el Sáhara Occidental retrata cuán venenosa es la serpiente alauita.

Tratar de poner en jaque a España con la cuestión saharaui comparándola con la catalana sólo puede darse en una mente enferma y fanática como la de Mohamed VI. Las diferencias entre ambas son absolutas, comenzando porque el hecho de que Catalunya forma parte de España pero el Sáhara Occidental no de Marruecos. Fue el reino alauita el que invadió ilegalmente el Sáhara Occidental, el que ha hecho caso omiso de sentencias del Tribunal de La Haya que niegan su soberanía sobre este territorio, el que con su danza sibilina ha embaucado a Europa durante más de cuatro décadas y ahora a ésta le explota en la cara.

Como apuntaba hace unos días, el reto de España y Europa es ahora mayúsculo y va mucho más allá de un par de frases elevando el tono. En unas semanas es posible que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentencie que la UE ha vulnerado la legalidad al incluir en sus acuerdos comerciales con Marruecos productos procedentes del  Sáhara Occidental. Dado que este territorio no forma parte de Marruecos, se estarían esquilmando ilegalmente recursos naturales saharauis.

La sentencia debería ir en esa dirección, como de hecho ya lo hizo hace años una sentencia referida sobre los acuerdos de pesca que, posteriormente, se confeccionó a medida de Marruecos, incluyendo la condicionalidad de que parte de los beneficios que obtiene el reino alauita debía ser revertida en la población saharaui. No sólo no ha sido así, sino que la represión y la vulneración de la población saharaui se ha incrementando, habiendo roto el alto fuego el pasado 13 de noviembre.

El Gobierno de España y la UE no deberían volver a dejarse besar por la serpiente de Mohamed VI, porque su ponzoña es mortal. Deberían mirar más a la sociedad civil y cómo mientras Marruecos patrocina una inaudita querella contra el líder saharaui Brahim Ghali, tratando de desacreditar su imagen, en el hospital de Logroño no dan abasto para almacenar ramos de flores de apoyo llegados de toda España.

https://blogs.publico.es/david-bollero/2021/06/01/mohamedvi-serpiente/

Ultraderecha, fascismo, libertad. Julián Casanova

Barcelona no autorizará pantallas o tarimas en marchas de ultraderecha |  Cataluña | EL PAÍS

La Primera Guerra Mundial no acabó en 1918. El fin oficial de las hostilidades, tras más de cuatro años de guerra, firmado por los representantes aliados y alemanes el 11 de noviembre de 1918 en un vagón de tren cerca de Compiégue, no inauguró una posguerra pacífica. El mundo contempló varias revoluciones, guerras civiles, guerras de independencia, conflictos étnicos y levantamientos anticoloniales en un escenario marcado por dos cambios decisivos: la revolución bolchevique en Rusia y la lucha por el legado de los imperios que se desintegraron en 1917-18, acompañados de la creación de nuevos estados-naciones, disputas territoriales y desplazamientos masivos de población. El paramilitarismo y las milicias armadas alimentaron un nuevo cultivo de la violencia política, con desastrosas consecuencias.

Formaciones paramilitares habían surgido antes de 1914 en Rusia, en el Ulster, para preservar la Unión de Irlanda con Gran Bretaña, en la guerra de los Balcanes y en Hungría, donde el ideólogo antisemita Miklós Szemere había propugnado introducir batallones universitarios como el primer paso para la creación de un ejército nacional independiente. Pero como fenómeno establecido como fuerzas irregulares frente a las formaciones militares convencionales, el paramilitarismo necesitó, para expandirse y consolidarse, el vacío de poder dejado por la quiebra de los Estados imperiales durante y después de la Primera Guerra Mundial.

Con los ejércitos regulares en desbandada, algunos oficiales comenzaron a reclutar voluntarios organizados en unidades que llevaban el nombre de su lugar de origen, del comandante que la dirigía o de figuras carismáticas que habían destacado en los combates. Junto a ex combatientes aparecían jóvenes que no habían tenido la oportunidad de luchar y a quienes las formaciones paramilitares les ofrecían una oportunidad de demostrar su odio al bolchevismo, pero también de robar, violar, extorsionar, bajo la retórica común de la creación de un “nuevo orden”.

La inmensa mayoría de los cientos de miles de activistas paramilitares en Europa central tenía entre 20 y 30 años y algunos menos de 18. Eran jóvenes radicales que no habían estado en el frente, los “retoños adolescentes” de la generación de la guerra. Los jóvenes que entraron en masa en las SA, formadas en 1920 como grupos de defensa en los mítines nazis frente a sus oponentes izquierdistas y que copiaban a las unidades paramilitares de los Freikorps, habían nacido después de 1920.

Políticamente eran ultraderechistas que odiaban a las nuevas repúblicas, a los socialistas y comunistas traidores y a la burguesía cobarde que no se había rebelado contra la derrota y la revolución.

Las formaciones paramilitares salidas de la guerra y de la “cultura de la derrota” compartían el odio al bolchevismo, a los judíos y a las mujeres “politizadas”. Era una amenaza que había nacido en Rusia con la revolución de octubre de 1917 y que se había propagado a otros países en noviembre del año siguiente con la proclamación de repúblicas democráticas en Alemania, Austria y Hungría. La revolución había destruido, o amenazaba con destruir, las jerarquías sociales, los valores de orden, las autoridades e instituciones tradicionales. La contrarrevolución significaba precisamente impedir que esa pesadilla se hiciera realidad, reparar los daños de la derrota y de la humillación nacional. Una venganza violenta contra los responsables de subvertir las normas incuestionables hasta ese momento, la tríada “eslavo-judía-bolchevique”.

Ese combate contra el feminismo, compartido por muchos de los oficiales que habían combatido en los ejércitos alemán y austrohúngaro, era la mejor forma de mostrar su hombría y de restablecer el orden y la autoridad. El desprecio del socialismo y de la participación de las mujeres en política se oponía al elogio de la virilidad, de la camaradería, del sacrificio, del respeto por las jerarquías y del amor a la patria. Era también el contraste entre el mundo ordenado del soldado disciplinado y el caótico de las turbas politizadas y afeminadas.

Reconocidos historiadores especialistas en el fascismo han subrayado que la violencia fue tan intrínseca a la práctica del movimiento y a su ideología que no puede ser tratada meramente como un aspecto de su historia. Fascismo y violencia fueron unidos desde el principioSquadristi y fascistas en general vieron la violencia no simplemente como un instrumento en la lucha política, sino como un “eje”, el “elemento unificador” de su misma existencia.

El movimiento contrarrevolucionario, antiliberal y antisocialista se manifestó muy pronto en Italia, durante la profunda crisis posbélica que sacudió a ese país entre 1919 y 1922, se consolidó a través de dictaduras derechistas y militares en varios países europeos y culminó con la subida al poder de Hitler en Alemania en 1933. Una buena parte de esa reacción se organizó en torno al catolicismo, la defensa del orden nacional y de la propiedad.

Tras la Primera Guerra Mundial, la caída de las monarquías, el espectro de la revolución y la extensión de los derechos políticos a las masas hicieron que un sector importante de las clases propietarias percibiera la democracia como la puerta de entrada al gobierno del proletariado y de las clases pobres. Temerosos del comunismo, se inclinaron hacia soluciones autoritarias. La crítica a los parlamentos y a la democracia ganó terreno. La cultura del enfrentamiento se abrió paso en medio de una falta de apoyo popular a la democracia.

La ultraderecha forma parte del fragmento más negro de esa historia de Europa hasta 1945 y de España hasta 1978. En la actualidad no necesita rechazar la democracia parlamentaria ni cerrar o destruir parlamentos. Tampoco está en su agenda ofrecer soluciones radicales de eliminación sistemática de sus oponentes. Le sirve socavar la democracia desde dentro, hacerla más frágil, quebrar sus perspectivas ético-políticas. Hacer todo eso además en nombre de la libertad. En los años treinta del siglo pasado mucha gente se lo creyó y aceptó estar organizada conforme a estrictas normas autoritarias, pasando por encima de quienes resistieron. La historia rima.

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Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza

https://www.infolibre.es/noticias/ideas_propias/2021/05/29/ultraderecha_fascismo_libertad_121095_2034.html

INOCENTES. Teresa Santos Bernardos



Como todos los días se levanta temprano. Ha quedado con sus amigos y no le gusta llegar tarde. Nunca lo hace. Tiene bien merecida su fama de chico puntual. Mira su móvil, un poco anticuado, sí ¡ya le gustaría a él tener un “iphone” de última generación! Eso y la moto, que con dieciséis ya se puede sacar el carné. Ambas cosas llegarán, no le queda ninguna duda. Se mira al espejo. Está verdaderamente guapo con ese corte de pelo, rapado alrededor y un poco más largo en la parte de arriba. Hoy toca la camiseta del Barça con Messi a la espalda. Le queda algo pequeña porque está dando el estirón como dice su madre, que le riñe por andar encorvado. ¡Algún día los brazos te van a llegar al suelo! le dice mientras le da unos golpecitos cariñosos en la espalda. Aunque ya casi mide uno ochenta, es el pequeño de la casa y para sus padres siempre lo será Desayuna y coge su mochila. Sus amigos se le han adelantado, cosa rara, y ya le esperan en la calle. ¡Adiós, mamá, que tengas un buen día! La besa y abraza, pero hoy el abrazo parece algo más largo que de costumbre.
Hasta aquí podría ser el principio de un día como tantos otros en la vida de cualquier adolescente del mundo que sale de su casa para ir al instituto. La diferencia está en que Mohamed y sus amigos no llevan libros en la mochila sino trajes de neopreno que no van a utilizar para ir a clases de natación sino para, cuando llegue la noche, cruzar a nado esa distancia azul, fría y salada que separa la pobreza y falta de futuro del deseo de una vida mejor.
Tengo dos hijos que, como Mohamed, también tuvieron dieciséis años, ganas de tener una moto y un móvil más moderno. Llevan su mismo corte de pelo y la camiseta de Messi aún descansa en algún cajón de su cuarto no lejos, quizás, del traje de neopreno cuyo fin sí fue una piscina.
Solo espero que, si algún día uno de ellos llega sediento y exhausto al final de su camino, haya un ser humano al otro lado que sea capaz de calmar su sed mientras le consuela con un abrazo.
A todas esas personas inocentes que están pagando muy cara la sinrazón de los culpables.

Teresa Santos Bernardos – Colectivo Republicano Antonio Machado

Cuando el necio levanta el dedo. Javier Gallego

Dice el dicho que cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo. Últimamente el asunto es más grave. Unos necios apuntan con el dedo y nosotros somos tan necios de mirar su dedo y adonde apuntan con él. Ceuta ha sido un buen ejemplo. Tenemos ante nuestros ojos la tragedia de la migración y del Sáhara, el drama de la pobreza y el hambre, la corrupción de Marruecos, la militarización de las fronteras, la hipocresía y vileza de Europa y de Mohamed VI, una dictadura violenta que recibe dinero europeo para que nos haga el trabajo sucio pero utiliza a la gente como arma y escudo, la muerte de un hombre intentando llegar a nado, el miedo de miles de adolescentes sin padres ni papeles, Ceuta convertida en la Ciudad de los Niños Perdidos, España deportando ilegalmente. 

Tenemos el problema delante de las narices pero mirábamos el dedo acusador de Abascal llamando delincuentes e invasores a los migrantes y a Casado levantando el dedo a lo Capitán A Posteriori diciendo que él ya sabía lo que iba a pasar y el dedo de una agitadora ultra vomitando bilis por el abrazo de una voluntaria a un africano y el dedo de un presentador de tele echándole la culpa al ex Coletas (cómo no) y el dedo de los patriotas pidiendo tanques y el dedo de los tertulianos hablando de avalancha, de oleada, de marea como si los que emigran no fueran personas sino elementos o desastres naturales. 

Incluso el presidente Sánchez fue a Ceuta a levantar el dedo para defender la soberanía nacional que nunca ha estado en peligro, pero no para defender los derechos humanos y la vida que sí lo están. No fue a preocuparse por los ceutíes, atajar la xenofobia y hacer frente a la ultraderecha. Tampoco levantó el dedo por la soberanía del Sáhara. Ni ha movido un dedo para afrontar el problema de la migración que arroja cadáveres a puñados en nuestras costas y los hunde en el fondo del mar. Tenemos un gobierno que se dice de izquierdas pero sigue la dirección del dedo que marcan los necios de siempre. Los de enfrente. Los que dicen que la política se resuelve con más policía, que la migración se resuelve con militarización, los que apuntan al pobre para no apuntar a los ricos que hacen negocio millonario con la seguridad de las fronteras. 

Ya sólo hablamos de Ceuta por Abascal que sigue intentando agitar el avispero. Ya sólo hablamos de Ceuta porque Casado ahora dice que tiene un máster en relaciones internacionales, especialidad en el régimen alauí. Los necios mediáticos y políticos están marcando el rumbo de la conversación con su dedo y lo estamos siguiendo. Están consiguiendo que hablemos de lo que ellos quieren, no de lo que debemos hablar. Han logrado que lo irrelevante y lo miserable nos desvíe de lo humano y de lo importante. Si continuamos por esta senda, vamos a un abismo. Si el abrazo de una voluntaria a un superviviente y el rescate de un bebé en el agua se han convertido en materia de debate es porque hemos dejado que la ultraderecha entre en el debate.

Pero sabemos mirar hacia donde procede. Lo hemos hecho cuando atacaban a Luna, la chica del abrazo, no sólo por racismo hacia el chico, también por machismo hacia ella. Lo hemos hecho cuando aplaudimos a los submarinistas que salvaron a la madre y su bebé. Lo han hecho los periodistas que han buscado a Abdou, el joven senegalés al que Luna abrazó, para contar quién es, que malvive en Marruecos, que es huérfano, que era albañil pero intenta buscar algo mejor en Europa. Menos mal que hay muy buenos periodistas señalando hacia los lugares donde los necios no quieren que miremos. Menos mal que hay buena gente en Ceuta, Canarias, en todas partes, haciendo frente a los necios que levantan el dedo. Somos más, pero se nos oye menos. No hay que gritar como ellos pero no hay que dejar que nos callen.

Cuando los necios levantan el dedo no lo hacen para señalar un problema, mucho menos una solución, tampoco para señalar la luna ni un buen camino, lo levantan para acusar y condenar, para apuntar y disparar, para agitarlo frente a tu cara, para blandirlo, para que mires para otro lado, para lanzar a unos contra otros, para metértelo en el ojo. Cuando el necio apunta con el dedo, el sabio mira para el lado contrario.

https://www.eldiario.es/carnecruda/lo-llevamos-crudo/necio-levanta-dedo_132_7966823.html